El gobierno de Javier Milei salió a deslizar versiones periodísticas sobre una propuesta que preparan a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para resolver el conflicto con las casas de estudios superiores, tras seis meses en los que el Poder Ejecutivo incumple la ley de financiamiento universitario, negando la transferencia de fondos correspondientes a salarios de docentes y nodocentes, becas y presupuesto.
Desde el CIN, sin embargo, confirmaron a este medio que no existe contacto alguno desde el gobierno nacional, e insisten en que el gobierno cumpla la ley vigente, aprobada por el Congreso en 2025 e incumplida a pesar de haber sido promulgada por el propio Javier Milei.
Atajos, para no resolver nada
Las versiones apuntan a que el gobierno les propondría a las universidades “un acuerdo de financiamiento para cerrar la pelea judicial”, lo que en rigor sería lo establecido en el proyecto de ley de financiamiento libertario.
La ley aprobada en noviembre de 2025 obliga al Gobierno a recomponer salarios, y fondos para becas y gastos de funcionamiento de las universidades, teniendo en cuenta lo perdido en 2024 (cuando la inflación fue del 118%) y 2025 (cuando la inflación fue del 35%). Sin embargo el proyecto del oficialismo desconoce lo perdido en 2024 y sólo recompondría el 12,5% de lo perdido en 2025.
Desde el CIN, negaron contactos con el Ministerio de Capital Humano y apuntaron que esperan la decisión de la Corte Suprema de Justicia que debe definir si obliga, o no, a que el gobierno nacional cumpla la ley vigente.
Nerviosismo en el Gobierno ante la decisión de la Corte Suprema
La realidad es que el desgaste de la gestión libertaria se profundizó tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, y en el gobierno nacional no quieren más golpes en contra. Por eso, en el Ministerio de Capital Humano reina el nerviosismo y quieren evitar como sea que la Corte Suprema no decida sobre la ley de financiamiento universitario. Por eso, apuran canales alternativos antes de esa decisión final.
Claro, es que en caso de obtener un fallo en contra de la Corte, el Ejecutivo deberá desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos a las universidades. Eso, levantará la furia maníaca del presidente y del propio Luis Caputo contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Es por eso que Pettovello, sin soluciones presupuestarias concretas, mandó al Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a deslizar versiones periodísticas.
Según las versiones de prensa, luego de la cuarta Marcha Federal Universitaria que se realizó la semana pasada, el Gobierno acercará una propuesta a las universidades para cerrar el conflicto alrededor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento que tramita la Justicia.
Según hizo trascender al medio TN “un funcionario” al tanto de las negociaciones, el Ejecutivo les propuso a los rectores de las casas de estudio transferirles los fondos previstos en el proyecto que había enviado el oficialismo al Congreso para reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal. La reforma del oficialismo plantea solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023.
Cero contacto desde el gobierno
Sin embargo, desde el CIN le confirmaron a Periferia que no existen contactos desde el gobierno nacional, que prefiere hablar con los medios de comunicación antes que gestionar soluciones políticas con los actores que intervienen en el conflicto.
Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron a este medio que no recibieron ninguna propuesta del Gobierno. “No hay nada de nada”, enfatizaron.
En ese contexto, tampoco avanzó hasta el momento la convocatoria anticipada por el Ministerio de Capital Humano a las universidades con hospitales para destrabar el reclamo por una partida de $79 mil millones sin ejecutar para el sector.
