La diputada radical Danya Tavela contó que el Gobierno comenzó a llamar a gobernadores para mantener el veto a la ley de financiamiento universitario.
“Están llamando a Gobernadores para sostener el veto”, afirmó Tavela, en diàlogo con El Destape 1070. “El Gobierno está trabajando desde anoche para tratar de repetir el escenario anterior”, sostuvo la legisladora, en referencia a la estrategia de la gestión libertaria para mantener el veto en la ley de movilidad jubilatoria con los votos de “aliados” de la UCR y el PRO.
“Veremos cómo esos diputados resuelven sus posiciones en Provincias donde hubo movilizaciones masivas ayer”, remarcó la diputados sobre sus colegas que se convirtieron en “heroes” al rechazar el aumento de aproximadamente 13.000 pesos en la jubilación mínima. “El Gobierno está llamando a los distintos referentes y responsables de las provincias y medios de comunicación para ridiculizar la necesidad de que exista la ley, cuestionando la legitimidad de la marcha”, añadió Tavela.
Campero y Picat, ¿más “héroes de la patria” para Milei?
Sobre los diputados díscolos de la UCR, Tavela hizo hincapié en sus compañeros de bloque Luis Picat y Mariano Campero. Ambos legisladores ni siquiera habían votado a favor de la ley de financiamiento educativo sancionada por el Congreso.
En cuanto a la posibilidad de que se concrete el rechazo al veto, la diputada radical se mostró optimista: “El resultado de la votación depende mucho de cómo sean las asistencias pero yo creo que vamos a poder sostener la ley. Estamos con buenas posibilidades. Estamos trabajando para que no falten los ausentes”.
Luego de la masiva movilización que colmó las calles del centro porteño, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. De esta forma, el rechazo del jefe de Estado fue enviado al Congreso que ahora deberá ratificar o negar el veto presidencial.
El decreto indica que “el proyecto de ley sancionado por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, y que “dar cumplimiento a la medida sancionada por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la REPÚBLICA ARGENTINA, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo.”
Además, asegura que “que el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente.” En otro pasaje miente al decir que es “violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Luego rememora el discurso oficialista para justificar el ajuste al decir que “la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”.
Veto
El miércoles, la Oficina del Presidente informó en redes sociales que Milei iba a vetar “el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal”.
El comunicado añadió: “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025”.
“El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”, indicó el texto de la Oficina del Presidente en X.
La Casa Rosada había manifestado que la postura respecto a la ley que buscaba asegurar pisos mínimos de financiamiento de la educación pública superior tendría la misma determinación que la adoptada con el proyecto que buscaba aumentar las jubilaciones: ser vetada.
Primeras respuestas de los gobernadores
Mientras desde el Gobierno se opera para contener a los 87 “héroes” que se necesitan para neutralizar esta acción, se mira qué harán los gobernadores que tienen diputados que cuentan como propios.
La presión puede surgir efecto, pero a priori, el escenario es adverso para el oficialismo, más teniendo en cuenta que, por ejemplo, desde Salta, los tres que responden a Gustavo Sáenz, votarían en contra de la voluntad del presidente Javier Milei; mientras que desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo se expresó a favor de un mayor presupuesto para las universidades pero no anticipó que harán los parlamentarios que le responden.
La diputada nacional salteña Pamela Calletti anticipó que los tres diputados de su provincia que están alineados con Sáenz e integran el Bloque Innovación Federal, rechazarán el veto. “Tanto Pablo Outes como Yolanda Vega y mi caso, anunciamos que no vamos a acompañar el veto”, sostuvo. “Tengo un claro compromiso con la universidad pública y una experiencia ganada de la sesión pasada, creemos que es necesario pronunciarse previamente para tratar de evitar ese veto”, agregó.
La postura comunicada horas después del veto presidencial buscaría bloquear cualquier intento desde Balcarce 50 que pretenda convencerlos de expresarse en sentido contrario. “Entendemos que esta vez no tienen los votos para sostener el veto y expresamos antes nuestros votos para ejercer presión sobre esos 87 diputados”, agregó la salteña.
La diputada, también docente en la Universidad Nacional de Salta (UNSA), anticipó que una estrategia para evitar que se sostenga el veto sería que falten algunos parlamentarios el día del tratamiento. “Si se ausentan algunos diputados podemos conseguir las dos terceras partes. Es un juego de matemática que vamos a saber en ese momento, en el recinto. Por eso es muy importante que los diputados nos vayamos manifestando previamente”, cerró.
Indefinición
Nadie duda que el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo fue el primer mandatario peronista en aplicar la motosierra en el presupuesto provincial y alinearse con el presidente Milei. Desde entonces, mantiene nado sincronizado con la Casa Rosada y los tres diputados peronistas del Bloque Independencia que le responden y se alejaron de Unión por la Patria, votaron siempre del lado del oficialismo.
Cuando se trató la ley de Reforma Jubilatoria, Gladys Medina, Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla se abstuvieron de votar a favor para no quedar “pegados” a la oposición pero después levantaron el aplazo de Milei cuando formaron parte de los 87 “héroes” que evitaron que la movilidad jubilatoria se convirtiera en ley, tras el veto presidencial. Y estuvieron en el asado de festejo en Olivos.
Este mediodía, en conferencia de prensa, el gobernador Jaldo se expresó a favor de la Marcha Federal Universitaria porque “no hay duda que las universidades necesitan mayor presupuesto porque son las formadores de los futuros profesionales en Tucumán, en Argentina y en todo el territorio nacional”.
Pero puso el acento en las auditorías sobre el uso de los recursos que el Estado destina a las casas de estudios: “No debemos molestarnos porque nos hagan auditorías o controlen los recursos que se nos asignan”. Ante la insistencia sobre qué harán los miembros del Bloque Independencia, evitó pronunciarse. Por consultas de Ámbito, se supo que en las próximas horas, Jaldo tendrá una reunión con los tres diputados para definir una postura que no se hará pública, solo recién en la sesión. No se descarta que otra vez opten por ausentarse de una sesión caliente, por lo que pasarían de ser héroes a villanos, según una fuente.
En el caso de Tucumán, el gobierno provincial tiene una estrecha relación con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través de múltiples convenios de colaboración mutua y porque comparten la administración de Canal 10. La emisora, propiedad de la UNT y la de mayor penetración en los hogares tucumanos, tiene un directorio de tres integrantes en cuya presidencia se encuentra la única representante del gobierno. En los últimos días, por pedido del gobernador Jaldo, el Tribunal de Cuentas de la Provincia accedió a un pedido para la realización de una auditoría en la emisora, con el objetivo de analizar los últimos ocho balances presentados por la televisora estatal. Este escenario generó cierta tensión, por lo que algunos definen como “congelada” la relación entre la Casa de Gobierno y el Rectorado de la UNT.
En la última sesión del Consejo Superior de la UNT, la semana pasada, se decidió declarar el estado de alerta permanente, adherir al documento del Consejo de Rectores (CIN) que convocó a la Marcha Federal y en sus considerandos, los consejeros universitarios tucumanos exhortaron a las diputados y senadores nacionales graduados de la universidad pública a que, de confirmarse el veto presidencial, “sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de Presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento”. Se verá qué parlamentarios tucumanos escuchan este reclamo.
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