“El INTA va a volver a ser lo que fue”, dijo el Secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, tras conocerse el plan del gobierno de Javier Milei para rematar la mitad de las tierras del organismo científico y tecnológico que es clave para facilitar procesos de innovación para la actividad agropecuaria.
Para el gobierno nacional se trata de una oportunidad para ofrecer las tierras estatales (hoy destinadas a la investigación científica) a empresarios cercanos a Milei para que las aprovechen como uno de los negocios inmobiliarios mas descomunales de los últimos tiempos. Así lo dejó trascender este lunes cuando filtró a través del Diario La Nación su plan de venta de tierras que calificó como “improductivas”.
Claro, es que el organismo científico posee 101.500 hectáreas destinadas a centros experimentales e investigación y el Poder Ejecutivo tiene como objetivo desprenderse de 47.500 hectáreas y despedir a trabajadores, técnicos y científicos.
Claro, en el Gobierno intentan suavizar ese plan y es por eso que, en la apertura de la Expo Rural, el secretario, Sergio Iraeta, aseguró que se viene una etapa de “reordenamiento institucional” en el organismo.
Sin explicar con claridad, Iraeta aseguró que “las prioridades de su gestión será jerarquizar el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Vamos a poner al INTA en valor”.
“Entendemos los temas del campo, y el campo entiende que estamos en la búsqueda de soluciones”, sostuvo, aunque aclaró que persisten restricciones vinculadas al equilibrio de las finanzas públicas.
Para el gobierno nacional se trata de una oportunidad para ofrecer las tierras estatales (hoy destinadas a la investigación científica) a empresarios cercanos a Milei para que las aprovechen como uno de los negocios inmobiliarios mas descomunales de los últimos tiempos.
Desmantelamiento del INTA
Consultado por el plan de desmantelamiento del INTA, Iraeta prometió una etapa de “reordenamiento institucional”. “Vamos a poner al INTA en valor”, aseguró, y detalló que se avanzará en una reorganización integral del organismo: “Vamos a ordenar todo: recursos humanos, finanzas, gestión. El INTA va a volver a ser lo que fue”.
El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado analiza más de 100 predios en los que están divididas 101 mil hectáreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para venderlos y desprenderselos.
El INTA, en las provincias y en el interior bonaerense es clave para la actividad agropecuaria. Es, de hecho, el organismo que capta más virtuosamente el conocimiento científico emanado de las universidades y del CONICET para transferirlo a la actividad productiva, en este caso del sector agropecuario.
Un organismo con menos territorio
Pues bien, Milei busca vender la mitad de las tierras del organismo científico, con el argumento de que la mitad son “improductivas”. Claro que la definición implica el despido de más de 1.500 técnicos y especialistas del organismo. Un verdadero y mortal golpe al sistema científico cuya fundamentación es puramente financiera y no tiene en cuenta el impacto imperceptible que se hace para facilitar procesos de innovación a productores y empresas del agro, desde semillas, vacunas contra las plagas, prácticas para el agro y/o control de calidad de alimentos. De hecho, el criterio para eliminar los predios del INTA es inmobiliario y no tienen en cuenta cuestiones claves como la transferencia tecnológica.
Así, el gobierno nacional analiza las más de cien mil hectáreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con vistas a poder sacar parte de ellas a la venta.
La evaluación de los terrenos se da después de la habilitación para que intervenga el organismo de parte del Consejo Directivo y del decreto que anunció a través del Boletín Oficial, esta semana.
Destruir un organismo científico para hacer negocios inmobiliarios
El organismo científico una superficie total aproximada de 101.500 hectáreas, distribuidas en 100 predios o campos de alrededor de 1.000 hectáreas cada uno. En el Gobierno aseguran que de ese total de hectáreas “solo 54.000 se encuentran actualmente en uso efectivo, ya sea para actividades de producción agropecuaria o de experimentación tecnológica”.
Ese es el argumento para ir a fondo con la motosierra. Es decir que, unas 47.500 hectáreas restantes “se encuentran sin uso productivo debido a diversos factores, entre ellos: imposibilidad de acceso físico o logístico; usurpaciones o conflictos de tenencia; falta de infraestructura básica para su explotación”, dice el Gobierno.
¿Tierras improductivas o negocio inmobiliario?
Lo llamativo es que, hipotéticamente tienen identificadas esas hectáreas “improductivas” las que saldrán a la venta no son necesariamente las que no están siendo usadas actualmente, sino que son aquellas que por el análisis se determine “que no son esenciales para las actividades de experimentación y transferencia tecnológica del organismo”.
Claro, el criterio lo pone el Gobierno y no hay discusión con actores del territorio, porque el Consejo Directivo del organismo habilitó que se delegue el poder al gobierno nacional para que tome las decisiones que considere.
Por eso, ahora será Caputo y Sturzenegger quienes dirán qué se elimina más allá de si las tierras están, o no, están siendo usadas. Básicamente el criterio no será científico ni tecnológico sino inmobiliario y de bienes raíces. Es que, en la evaluación mirarán cuáles tienen las condiciones para ser vendidas, porque eso dependerá del estado de título, que se divide en aquellos que son “donación con cargo” y “donación sin cargo”.
El criterio no será científico ni tecnológico sino inmobiliario. Es que, en la evaluación mirarán cuáles tienen las condiciones para ser vendidas, porque eso dependerá del estado de título, que se divide en aquellos que son “donación con cargo” y “donación sin cargo”. Las primeras supone que deben estar siempre bajo la órbita del Estado, por la forma en que fueron donadas. Las segundas, no.
Por lo que, si entre las que actualmente no se usan hay algunas que tiene “donación con cargo”, lo que impediría que el Estado se desprenda de ellas, y a los fines de experimentación es igual a una con “donación sin cargo”, por lo que se la podría vender, esa saldría a la venta y se traspasarían las actividades a una de las áreas de imposible venta, detallaron fuentes del área.
