En un contexto de creciente preocupación, once provincias argentinas, incluidas Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, solicitaron formalmente al gobierno nacional la reactivación del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) ante el aumento exponencial de las consultas en todo el país. A ese pedido luego se sumaron Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego.
Ignacio Sáenz, director del Observatorio de Salud Mental de la Universidad Nacional de Rosario, señaló en que existe un incremento cercano al 30% en la demanda de atención, impulsado fundamentalmente por adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Para el especialista, esta crisis no debe interpretarse únicamente como una problemática clínica individual, sino “como el resultado directo del deterioro de las condiciones materiales de vida, la violencia social y la profundización de la desigualdad económica en la región”.
Milei paralizó el COFESAMA
Bajo la gestión de Javier Milei, el Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) ha experimentado una parálisis en su funcionamiento, lo que ha generado reclamos formales de diversas provincias a inicios de 2026.
A continuación se detallan las acciones y el estado actual de las políticas de salud mental del gobierno:
- Suspensión de reuniones: Hacia enero de 2026, al menos once provincias (incluida Buenos Aires) exigieron al Ministro de Salud, Mario Lugones, la reactivación urgente del COFESAMA. Las reuniones del consejo fueron suspendidas durante 2025, interrumpiendo la coordinación federal en un contexto de aumento de consultas.
- Reforma de la Ley de Salud Mental: El gobierno ha confirmado que insistirá en una reforma integral de la Ley 26.657 durante las sesiones ordinarias de 2026.
Cifras alarmantes
El diagnóstico actual revela cifras alarmantes, con cerca de 4.000 suicidios anuales en Argentina, lo que representa una tasa de casi el 10% por cada 100.000 habitantes. Sáenz destacó que problemáticas como el suicidio y los consumos problemáticos están estrechamente vinculadas a la falta de perspectivas de futuro y al impacto de la postpandemia, agravadas por factores emergentes como la ludopatía infantil y el uso de redes sociales.
Según el experto, la respuesta no puede limitarse a la atención en crisis, sino que requiere un abordaje integral en escuelas, universidades y centros comunitarios para detectar tempranamente conductas de riesgo antes de que se vuelvan irreversibles.
Finalmente, Sáenz, en diálogo con radio UNR, criticó con dureza el “desmantelamiento financiero” y el retiro del Estado en áreas sensibles como la salud y la educación técnica, calificando la gestión nacional actual como un experimento de “anarquismo capitalista”.
Al mismo tiempo argumentó que el sector privado no tiene interés en atender a los sectores más vulnerables porque no generan ganancia, por lo cual es imperativo que el Estado garantice la equidad territorial y políticas públicas que reduzcan las barreras geográficas y administrativas. “Más que un número telefónico de asistencia, es fundamental trabajar en el territorio y fortalecer la red pública para asegurar la continuidad de los cuidados”, concluyó el director del Observatorio.
