Los rectores y rectoras de las universidades volvieron a reclamar para que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por las dos cámaras del Congreso y suspendida por el Poder Ejecutivo tras su promulgación, algo insólito y anticonstitucional (si no estuvieramos en la era libertaria).
En el marco de la celebración por los 40 años del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las máximas autoridades de las casas de estudios superiores del país pidieron que la ley de Presupuesto 2026 contemple y garantice el funcionamiento universitario algo que está en riesgo puesto que el gobierno de Javier Milei pretende otorgar algo más de la mitad de los fondos que requieren para funcionar.
Las casas de estudios superiores entregaron en septiembre la estimación del presupuesto necesario para sostener los gastos de funcionamiento (luz, gas, manenimiento), salarios de docentes y nodocentes, infraestructura (nuevos laboratorios, áreas, espacios) e investigación (proyectos y programas de financiamiento).
La crítica situación de las universidades en la era Milei
Tras el plenario de rectores y rectoras elevaron a la Secretaría de Políticas Universitarias, que hoy conduce el funcionario libertario anti-universidades, Alejandro Álvarez, un presupuesto por 7,2 billones de pesos, pero en la elaboración del Presupuesto 2026, el gobierno nacional estima darles apenas 4,8 billones.
La cifra es rechazada por los rectores que reclaman la aplicación de la ley sancionada por el Congreso Nacional, que establecía un mecanismo de actualización de sus recursos en forma progresiva.
Hoy, un docente con dedicación simple (diez horas semanales) tiene un sueldo que no supera los 300 mil pesos. Esa es la situación del 80% de la planta docente del país. Es decir que 8 de cada 10 docentes de universidades hoy tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
Ley de Financiamiento Universitario
En ese marco, el gobierno nacional (además) suspendió la ejecución de la ley de Finaciamiento Universitario aprobada por las dos cámaras del Congreso, a pesar del veto de Javier Milei.
“Las universidades nacionales volvemos a solicitar al Congreso de la Nación Argentina que ratifique, una vez más, su posición en defensa de la educación pública en general y de la universidad pública en particular”, sostienen desde el CIN, en el documento de cierre del encuentro.
“Tal como lo hiciera, en dos oportunidades, cada una de las Cámaras con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario este año. Por esto es por lo que hoy pedimos que el Presupuesto Nacional 2026 incremente las partidas necesarias proyectadas con el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario, la que establece las garantías y la protección del sistema universitario argentino, la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes y de las becas estudiantiles“, plantea el documento.
“Esperamos contar con el mismo apoyo de los representantes del pueblo argentino para que los recursos que se establezcan en la ley de leyes de 2026 incorporen los fondos que permitan establecer parámetros de previsibilidad que eviten la limitación al funcionamiento de las instituciones universitarias para el año que viene”, apuntan en el documento final.
“Con las cifras que establece el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 15 de septiembre quedaría gravemente lesionado el derecho a la educación que tienen las y los jóvenes argentinos en la universidad pública de calidad con la que hoy cuenta el país y que la gran mayoría de la sociedad reconoce”, cierran.
