La propuesta de financiar la educación superior mediante un sistema de vouchers, planteada por el presidente Javier Milei durante la campaña electoral, quedó frenada pero igual el gobierno propuso una serie de cambios en materia educativa, a través de la denominada Ley ómnibus.
Luego del mega DNU que apunta a desregular la economía, el Ejecutivo finalmente envió al Congreso su ambicioso proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, donde incluyó una serie de reformas en el sistema educativo, entre las que propone que las universidades nacionales sean aranceladas para los ciudadanos extranjeros no residentes, modifica los requisitos de ingreso y cambia las pautas para el financiamiento de la educación superior.
“La Ley ómnibus tiene puntos que nos preocupan. Nos habíamos planteado que si se pagaban los gastos y el presupuesto el 2 de enero estaríamos medianamente bien, es decir respetando las paritarias de diciembre y charlando los otros costos en marzo, arrancábamos vacaciones. Esa era la idea, pero ahora con esta ley es muy probable que las reuniones con la secretaría de Educación se aceleren”, indicó el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo.
Universidades, en riesgo
Mientras el Gobierno insiste en que prorrogará el actual presupuesto para 2024, a pesar de la advertencia de los rectores acerca de que los recursos no alcanzarán para tener abiertas las universidades más allá del primer semestre del año, Moriñigo planteó que “si el presupuesto no se ajusta se van a agotar los fondos”.
“La gran pregunta que nos hacemos es en qué repetición se piensa. ¿Una repetición pura de 2023 o una repetición de 2023 más las paritarias que hubo a lo largo del año? ¿Cuál es el inconveniente de repetir el Presupuesto 2023? La inflación”, graficó el vicepresidente del CIN.
Con un panorama inflacionario en alza, a partir de la desregulación de los precios y el aumento de tarifas, Moriñigo advirtió que “el mecanismo de compensación debe aparecer, ya que de lo contrario va a ser muy difícil mantener las puertas abiertas”.
La Ley ómnibus apunta al arancelamiento de la universidad para extranjeros no residentes
“Hay un conflicto en puerta. Acá no vale la cuestión de shock o gradualismo”, pronosticó el vicepresidente del CIN, quien aclaró que el presupuesto universitario se destina en “un 90% al pago de sueldos y un 10% a gastos que hacen al funcionamiento” por lo cual deberán “afrontar la suba de tarifas de gas y luz con el mismo dinero de 2023, algo que parece imposible”.
¿Qué cambios en educación preocupan a las universidades?
El arancelamiento de la universidad para extranjeros no residentes, algo que quedará al criterio de cada institución educativa, sumado a los criterios que se utilizarán para el financiamiento son dos de los puntos en los que los rectores pondrán una especial atención.
“Se determinan principios básicos para la asignación de recursos de las universidades que deberán tomar en cuenta factores objetivos de metas educativas”, indica el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, aunque no realiza un detalle respecto de cuáles son los factores que se tomarán en cuenta.
Al respecto, Moriñigo subrayó: “El tema del financiamiento está bastante raro. Ellos lo que dicen es que el presupuesto de cada universidad de cada año saldrá en base a la cantidad de estudiantes, la cantidad de egresados y los tipos de carreras. El problema de todo es qué pasa si yo el año subsiguiente inscribo menos gente y egreso menos gente”.
“¿Tengo que echar profesores? La educación es un tema de mediano y largo plazo, no es que año a año voy viendo qué hago. Uno lo programa, lo planifica y lo vamos haciendo a 10 años. No es que año a año voy viendo qué hago. Este punto es un verdadero inconveniente”, argumentó.
Los principales cuestionamientos al cambio de criterios en la asignación de recursos
De acuerdo al CIN, que nuclea a 70 universidades nacionales de todo el país, para funcionar el año que viene las instituciones nacionales tienen un presupuesto de 2.6 billones de pesos, de los cuales el 90% se paga en sueldos. “Las universidades argentinas no podemos contratar un docente y pagarle por monotributo lo que se nos cante porque su sueldo está estipulado por convenio colectivo. Hay escalas y cobra lo mismo un docente en Buenos Aires que en Jujuy”, argumentó.
El Gobierno insiste en que prorrogará el actual presupuesto para 2024
“No sabemos si se van a respetar los presupuestos históricos. Estos artículos son una sorpresa para nosotros, no los teníamos en agenda”, insistió Moriñigo, quien reveló que el primer contacto que tuvieron con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, fue “muy bueno y auspicioso porque no se habló de arancelamiento ni de usar vouchers”.
En cuanto a futuras charlas con Torrendell, anticipó que una de las primeras preguntas será “cuál es el espíritu de modificar los criterios en la asignación de recursos, qué trae encerrado”, ya que “si no respeta el histórico será muy difícil planificar” el funcionamiento anual de cada universidad.
“Hay un claro mensaje de centralización de las universidades. La UBA, La Plata y Córdoba no tienen un problema de cantidad de estudiantes. Ahora, hay universidades más pequeñas y de reciente creación que van a sufrir este tema y creo que por eso se hace. por ejemplo las que se crearon en el Conurbano bonaerense. Ellos lo que dicen es ‘se hacen para el intendente amigo, que no tienen estudiantes, entonces ataquemos ahí’”, sentenció.
Entrevista realizada por el medio IProfesional.
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