Al final, el Gobierno consiguió un acuerdo favorable con las universidades al conseguir, de palabra, otorgar un aumento de la mitad de lo exige la Ley de Financiamiento Universitario, Lo positivo para las universidades es que los rectores no levantarían las cautelares ante la Corte Suprema, algo que mantiene el reclamo a la par que le quita presión a la Corte y al Gobierno mientras se desmoviliza en las calles el reclamo.
Periferia dialogó con uno de los gremios universitarios involucrados en la negociación y aseguró que “la cautelar no se levanta”.
El acuerdo, que hasta el momento es de palabra, establece un aumento del 24% para salarios docentes y no docentes, en tramos: 21,3% en junio y 3% en septiembre. Ese primer incremento impactará en el aguinaldo, que se cobraría junto al sueldo de junio a comienzos del próximo mes. El resto de lo adeudado (otro 25%) se pagaría en paritaras con los gremios (no con los rectores) en los meses que siguen.
Así el gobierno logró desmovilizar el conflicto con un acuerdo que le quita presión a la Corte Suprema, otorga la mitad de lo que reclaman las universidades y le saca de encima la presión de tener que cumplir con la totalidad de la ley votada por el Congreso.
Acuerdo con las universidades
Según pudo saber Periferia, hoy miércoles 10, a las 12 horas se firma un Acta Compromiso entre los Gremios Docentes, Nodocentes, FUA (Estudiantes), CIN y Gobierno para cumplir el siguiente acuerdo:
La continuidad de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso sin derogación y el no abandono de parte de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional de las dos cautelares presentadas para que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley.
A pesar de ello el Gobierno otorga a partir de junio con base al salario de mayo, el 21,3% de aumento; y para octubre, con base a setiembre el 3%. En suma el 25%.
El Gobierno negociará con los gremios la deuda restante
Este aumento contiene lo perdido en 2025-2026 y el 7% de lo perdido en 2024. “Lo faltante del 2024 se tratará en Paritarias“, dicen fuentes de las universidades tras la reunión del vice del CIN, Anselmo Torres.
En el acuerdo aparece fijado que inmediatamente después de firmada el Acta se reúne la Paritaria Nacional para refrendar el Acta. A partir del aumento de octubre se reunirá cada tres meses la Paritaria Nacional. Se modifica la Garantía Salarial Docente para que el aumento tenga mayor impacto en algunos escalafones.
Los otros puntos claves
La Garantía Salarial Nodocente se arreglará en Paritaria con el Gremio.
Se aumenta el 20% de gastos de funcionamiento en el Presupuesto 2026 de las universidades.
Se aumenta el 50% las Becas Belgrano para estudiantes.
Se aumenta en 50 mil millones el aporte a los Hospitales Universitarios.
Las cuestiones salariales las siguen negociando los Gremios, no el CIN como pretendía el Gobierno.
Esta propuesta incluye, además, una actualización del 20% en los gastos de mantenimiento, donde se incluyen unos 50 mil millones de pesos extra para los Hospitales Universitarios —a los cuales se les adeudan 80 mil millones en lo que va del año—. También prevé un incremento del 50% para las Becas Belgrano, un incentivo económico mensual para estudiantes regulares de las consideradas como “carreras estratégicas” que está congelado en $81.685 hace más de 2 años.
Le quitan presión a la Corte Suprema para dilatar la decisión
La firma se rubrícaría hoy al mediodía e inmediatamente se abriría un proceso de paritarias, que de ahora en más se realizaría al menos cada tres meses y con la inflación como piso para determinar los aumentos.
Hasta la semana pasada, en el encuentro entre Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, y dos rectores de universidades nacionales del interior, el Gobierno exigía el retiro de la demanda en la Corte Suprema por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, esa condición -que para las casa de altos estudios era “inaceptable”- ya no está sobre la mesa.
“Supongo que es un acuerdo del Gobierno con la Corte. Le habrán pedido ‘acordá y sacame presión y yo dilato el fallo’. De lo contrario no entiendo nada”, le dijo al medio Página|12 una fuente al tanto de las negociaciones. Uno de los presentes en la discusión asegura que esa versión “es verosímil”, pero consideró que “la Corte tampoco puede dilatar el fallo eternamente”.
Se patea el reclamo por el 25% restante, y la negociación es con gremios
Desde el sector universitario prefieren ser cautos, ya que aseguran que “el Gobierno suele ser imprevisible y cambiar de parecer a último momento”. A pesar de que seguirán insistiendo por el 25% de aumento restante (que contrarrestaría el atraso salarial), reconocen que “un incremento del 21% con impacto en el aguinaldo es importante, teniendo en cuenta que las paritarias vienen siendo de 1,5%”.
El presupuesto de las universidades se devaluó un 35% desde la asunción de Javier Milei y llegaría al 45% a fin de año si no se producen cambios, tomando como base de proyección la inflación estimada por el Relevamiento Mensual del Banco Central. El presupuesto para este año es de 4.8 billones de pesos, cuando las instituciones educativas aseguran que precisan 7.3 billonespara un normal funcionamiento.
La ley de financiamiento
En agosto de 2025 el Congreso sancionó por amplia mayoría en ambas Cámaras la Ley de Financiamiento Universitario. La misma establece la recuperación del poder adquisitivo para dejarlo en el mismo nivel que en noviembre de 2023, tomando como referencia la inflación. Para adelante dispone paritarias que tengan como piso el IPC.
En aquel entonces Milei vetó la ley y el Congreso lo volteó en ambas Cámaras, aunque el Gobierno de todas maneras optó por no cumplir. Las universidades apelaron ante la Justicia y consiguieron fallos favorables en primera y segunda instancia, pero el Presidente continúa en desacato.
En el medio hubo una primera propuesta de parte del Poder Ejecutivo: enviaron un proyecto al Congreso, que no se trató, pero que establecía un aumento del 12% en 3 cuotas. En la reunión del lunes pasado el Gobierno elevó la oferta a un 21,3% de aumento para junio y otro 3% para septiembre.
El ahorro fiscal del Gobierno
El costo fiscal de la Ley de Financiamiento era del 0,2% del PBI en 2026. Unos 1400 millones de dólares, lo mismo que embolsaron las grandes agroexportadoras por la quita de retenciones de septiembre del año pasado. Pero como la aplicación no es retroactiva, cada mes que el Gobierno demora en cumplir le significa un importante ahorro de más de 100 millones de dólares.
Esto le permite fortalecer un superávit amenazado por la baja de la recaudación y los intereses de la deuda, como el propio FMI señaló en la última revisión del acuerdo —según el Fondo habría un déficit de 0,8%—. Suponiendo que la Corte Suprema falle pronto, los salarios y presupuestos recuperarán los niveles previos al recorte, pero no lo que perdieron durante 31 meses consecutivos.
