Con el lema “Cuidemos lo que funciona”, la UBA distribuyó un petitorio a través de sus redes sociales donde advierte sobre los problemas que provoca la decisión gubernamental de que el presupuesto 2024 sea igual al enviado el año pasado frente a una inflación anual del 276 por ciento.
La UBA sostiene que un presupuesto sin actualizar implica “menos clases, menos calidad académica, menos edificios, menos becas, menos servicios en los centros de salud (de la Universidad), menos investigación científica, menos seguridad en las facultades y menos posicionamiento en rankings internacionales”.
Además, remarcó que el financiamiento estatal durante 2023 fue el equivalente a 1.123 dólares al año por alumno/a; cuando la Universidad Nacional Autónoma de México invirtió 7.968 dólares al año por estudiante y la Universidad de San Pablo un promedio de 15.000 dólares al año por estudiante. La situación que vive la UBA se replica en el resto de las universidades del país.
La advertencia de los rectores
A fines de febrero, Los rectores y las rectoras, reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advirtieron sobre la situación “crítica” por la que atraviesa el sistema universitario público nacional y advirtieron si no se aumentaba el presupuesto se vería “seriamente afectado” el pleno funcionamiento de las instituciones.
El 14 de marzo se realizó un paro nacional universitario en reclamo del incremento del salario docente y del congelamiento presupuestario que implica que las universidades nacionales “no podrán funcionar más allá de mitad de año”, según denunciaron los distintos sindicatos que agrupan a profesores y trabajadores universitarios.
A pocas horas de la medida de fuerza, el Gobierno anunció un aumento del 70% de presupuesto para gastos de funcionamiento de las Universidades “con el fin de afrontar la suba de tarifas de servicio como electricidad, gas e insumos de mantenimiento”, según un comunicado del Ministerio de Capital Humano.
Sin embargo, los gastos de funcionamiento representan alrededor del 5 por ciento del presupuesto total de las universidades. El mayor porcentaje se destina a salarios docentes, por lo que el incremento prometido por el Gobierno tiene un impacto de mejora muy acotada.
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