El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó por unanimidad una resolución en la que solicitó al Presidente de la Nación, Javier Milei, que promulgue sin vetos la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No Docente, que había sido recientemente sancionada por el Congreso Nacional.
Rechazo al veto contra el financiamiento universitario
Las autoridades de la UBA hicieron un llamado a los legisladores nacionales para que insistan en la aprobación de la ley en caso de que el Poder Ejecutivo decida vetarla. Esta solicitud se produjo en un contexto en el que Milei había anticipado su intención de vetar el financiamiento educativo y el aumento de fondos destinados al Hospital Garrahan si el Congreso las convertía en ley.
La normativa, impulsada junto a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y asociaciones sindicales, tiene como objetivo garantizar el financiamiento de todas las universidades nacionales mediante un esquema de aumento progresivo de recursos, que prevé alcanzar el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 y el 1,5% en 2031. Además, la ley contempla paritarias salariales atadas a la inflación, la actualización de partidas para gastos de funcionamiento, un fondo para carreras estratégicas y mayores recursos para infraestructura, becas, colegios preuniversitarios, investigación y extensión.
Los salarios docentes
En su resolución, la UBA advirtió que en 2024 el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes había perdido casi la mitad de su valor, y que en 2025 la recomposición salarial había estado nuevamente por debajo de la inflación. La falta de convocatoria a paritarias, según indicaron, “induce a un vaciamiento del sistema universitario y a una pérdida de la calidad educativa”, lo que llevó a declarar la emergencia salarial en marzo y la emergencia presupuestaria en julio.
Asimismo, la universidad recordó que en 2024 ambas cámaras del Congreso ya habían aprobado una ley similar que fue vetada por Milei, lo que derivó en graves problemas financieros para el sistema universitario. Por ello, el Consejo Superior reclamó que esta vez el Ejecutivo respete el mandato parlamentario y, en caso contrario, instó a los legisladores a insistir en su sanción.
La UBA, pidió por el Garrahan
En la misma sesión, el Consejo Superior también abordó la situación crítica del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” y de las residencias médicas, solicitando al Presidente que no vete la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, que prevé recursos adicionales y recomposición salarial para el personal sanitario.
“El Garrahan es una institución emblemática de la salud pública argentina, reconocida por su excelencia en la atención pediátrica de alta complejidad, la docencia y la investigación científica”, afirmaron en la resolución. Además, resaltaron el papel de los estudiantes en formación y el impacto negativo que la falta de inversión tiene sobre la producción científica y el sistema de salud.
