La Universidad de Buenos Aires (UBA) ratificó este lunes la plena vigencia de sus reglamentos internos, destacando su autonomía frente a los recientes intentos del Gobierno nacional por aumentar el control sobre las universidades públicas. La medida, oficializada mediante la resolución 1890/2024 del Consejo Superior y publicada en el Boletín Oficial, subraya que las disposiciones de la UBA se mantienen en línea con los principios de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y la Constitución Nacional.
En un comunicado, la universidad enfatizó que “las universidades nacionales cuentan con un ámbito de autodeterminación que les permite dictar sus propias normas y reglamentos para su funcionamiento”. Esto se encuentra respaldado por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución, que protege la autonomía universitaria. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido este criterio en diversos fallos históricos.
Contexto de tensión: nuevas medidas del Ejecutivo
La resolución de la UBA llega pocos días después de que el Gobierno nacional implementara una serie de decretos para imponer mayor control sobre las compras y contrataciones de las universidades. Entre las medidas más relevantes, los decretos 1091/2024, 1092/2024 y 1093/2024 buscan incluir a las universidades en los sistemas de administración financiera y contrataciones electrónicas del Estado, como COMPR.AR y CONTRAT.AR. Además, eliminan la posibilidad de contrataciones directas entre organismos estatales y universidades salvo excepciones justificadas.
“Transparentar”
El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, argumentó que estas reformas apuntan a “transparentar” los gastos universitarios. Sin embargo, desde la UBA y otras instituciones académicas, las medidas se perciben como una intromisión en su autonomía.
Un factor clave en esta disputa fue la reciente decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, que rechazó el pedido de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para auditar a la UBA. El juez Santiago Carrillo determinó que la facultad de realizar auditorías externas corresponde exclusivamente a la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que, sin embargo, no está plenamente operativo debido a la falta de designación de sus miembros.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también emitió un dictamen en el que calificó como “inconstitucional” el intento del Poder Ejecutivo de auditar universidades mediante la Sigen. En este sentido, destacó que “la autonomía universitaria es una garantía institucional reconocida en la Constitución Nacional que impide que las universidades sean intervenidas por el presidente de la República”.
Impacto y proyección
La resolución 1890/2024 impactará en todas las áreas de la UBA, incluidas las Unidades Académicas, el Ciclo Básico Común, los hospitales universitarios y los establecimientos secundarios dependientes. Además, refuerza la posición de la universidad como un ente autónomo en la gestión de sus recursos y procesos.
En contraste, el Gobierno defiende las nuevas regulaciones como parte de una estrategia más amplia para garantizar transparencia y competitividad en la administración pública. Sin embargo, sectores académicos advierten que estas medidas podrían erosionar la autonomía universitaria y generar tensiones aún mayores en un contexto de crisis económica y restricciones presupuestarias.
El debate sobre el equilibrio entre transparencia y autonomía promete intensificarse en los próximos meses, marcando un nuevo capítulo en la relación entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo.
