La Facultad de Derecho de la UBA ya prepara una denuncia penal contra Javier Milei y todo su gabinete por si el gobierno decide incumplir con la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, que ya logró media sanción para la insistencia después del veto presidencial y esta semana podría terminar de aprobarse en el Senado. La acción judicial alcanzaría a Guillermo Francos, Luis Caputo y Sandra Pettovello, vinculados directamente a la puesta en funcionamiento de la norma.
José Mayans y Eduardo Vischi podrían reunir a los 47 senadores que computan entre sus dos bancadas, la del peronismo y el radicalismo, y quedarían a un voto de los dos tercios necesarios para darle sanción definitiva al aumento presupuestario para las universidades.
El Senado trata el veto este jueves
Ese apoyo podría llegar de la mano de cualquiera de los legisladores de las bancadas del centro o los monobloques, algo que ya se produjo en las últimas votaciones en recinto: el oficialismo solo retuvo el respaldo de los seis libertarios, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero, sumada a la ausencia del salteño Juan Carlos Romero.
El gobierno dejó trascender que repetiría para las universidades y el Garrahan el mismo mecanismo que utilizó para la ley de emergencia en discapacidad, cuando la promulgó pero la dejó suspendida alegando que no se especificaba cuál sería la fuente de recursos para hacer frente a la erogación.
Denuncia penal para que se aplique el Financiamiento Universitario
Por eso, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho se prepara para emitir una resolución contra el gobierno si decide incumplir la ley. Eso podría suceder hasta 10 días después de aprobada la norma en el Congreso.
Preparan una ola de denuncias contra Milei si no aplica las leyes de universidades, Garrahan y ATN
“Cuando anuncie que no va a cumplir con la ley, el Consejo Directivo seguramente se va a reunir por este tema”, sostuvo un dirigente universitario.
A la Justicia, si no acatan
Los consejeros directivos evalúan, además de la denuncia penal contra el Presidente y sus ministros, una acción de amparo y la posibilidad de trabar embargos a los funcionarios.
Ya con la promulgación amañada de la emergencia en discapacidad, el diputado Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra Milei, Francos y María Ibarzábal Murphy, secretaria de legal y técnica. La causa fue sorteada en Comodoro Py y recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, el mismo que lleva adelante la investigación por las coimas en la Andis. La instrucción quedó en manos del fiscal Gerardo Pollicita.
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