Investigadores nucleados en la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología emitieron un comunicado con el cual reclaman que los diputados y senadores del Congreso impidan que avance el desmantelamiento de organismos científicos a mano del gobierno nacional.
Fue luego de la publicación del decreto del gobierno nacional que le quita autonomía de fondos y decisiones al organismo que es clave para transferir el conocimiento del sistema científico a la actividad productiva del país.
La semana pasada, el Poder Ejecutivo avanzó con la centralización del INTI, del INTA y de unos cincuenta organismos estatales. Así, los organismos científicos y sus fondos pasarán a estar controlados directamente desde el Poder Ejecutivo.
En el caso del INTI dependerá de la Secretaría de Industria pero no tendrá más control sobre sus fondos, algo que dinamita los procesos de innovación en la actividad industrial.
En el INTA, el plan del gobierno de Javier Milei es rematar la mitad de sus tierras (unas 47.500 hectáreas) y avanzar con unos 1.500 despidos.
El INTI y el INTA son organismos clave en el control de la calidad de alimentos, producción de vacunas, desarrollo de medicamentos, procesos industriales y agropecuarios para mejoras productivas, agua, control de estaciones de servicio, hasta el establecimiento de parámetros de medición (metrología) que se usan en el país hasta para las balanzas en los comercios.
Para proteger el INTA y el INTI
Por eso, varios gobernadores, políticos, cámaras empresarias como la UIA y referentes de ciencia y tecnología salieron a reclamar que se frene el decreto que prácticamente desmantela el organismo y habilita el cierre de sedes con miles de despidos en puerta. La Mesa Federal salió, por eso a pedir que el Congreso frene su desmantelamiento.
Los investigadores nucleados allí consideraron como un freno a la política libertaria la sesión del Senado del 10 de julio pasado.
“Este hecho es la señal de un nuevo período político en el que la motosierra de Milei encuentra un freno concreto. Es entonces importante que dicho freno se extienda a acciones parlamentarias que reviertan la preocupante avanzada destructora del sistema científico tecnológico nacional, afectado a través de Decretos que han menoscabado sus capacidades y destruido sus instituciones de manera tan inédita y brutal. Claros ejemplos de esta barbarie son el INTI y el INTA (entre otros) que sufren en la actualidad sus peores momentos desde el regreso de la democracia, quitándole al país las capacidades estratégicas para el desarrollo agro-industrial”, sostiene el comunicado.
Pedido al Congreso
Por lo anterior, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología solicitó a legisladores y legisladoras de todas las Provincias a articular esfuerzos concretos en materia parlamentaria para:
Dar de baja el Decreto N° 70/2023, que impacta en todo el Estado en general, y que fue usado con saña para afectar instituciones del campo de la Ciencia, la Tecnología y la Salud,
Declarar la nulidad de los Decretos N° 351/2025 del 22/05/2025 y N° 396/2025 del 17 de junio de 2025, que ponen en serio riesgo al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), al Instituto Nacional del Agua (INA) y al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) a través de una transformación que modifica aspectos esenciales para el desarrollo de sus funciones.
Declarar la nulidad los Decretos N° 458/2025 y Decreto 459/2025 de fecha 7 de julio de 2025 que disolvieron el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET), el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (INEC) y el Instituto Nacional del Cáncer (INC).
Declaración de Nulidad de los decretos
Declarar la nulidad del Decreto N° 462/2025 de fecha 8 de julio de 2025 por el cual se modifican el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y se suprimen la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
“A un año y medio de gestión, ha quedado evidente para la ciudadanía que, lejos de buscar una “eficientización” institucional, estos Decretos y otras resoluciones similares sólo buscan el vaciamiento de nuestras instituciones científicas y tecnológicas con fines ideológicos y probablemente en busca de negociados inmobiliarios basados en la venta de bienes del Estado. De no revertirse estas normativas, presenciaremos la pérdida irreversible de capacidades científicas y tecnológicas que, históricamente, estuvieron a disposición del desarrollo de las economías regionales y de vastos sectores de la economía, del agro y la industria nacional”, plantea el comunicado y sostiene que los representantes “en virtud de la Ley 26.122 y del artículo 76 de la Constitución, frenen el accionar de estos decretos perniciosos, así como a las asambleas de trabajadores de la ciencia y la tecnología de todo el país, para que reclamen en igual línea a sus gobiernos locales y sus legisladores”.
