Tras el rechazo en el Congreso al proyecto de presupuesto nacional enviado por el Poder Ejecutivo a fines de 2021, comienzan a salir a la luz las primeras urgencias políticas, que implican negociaciones a contrarreloj de funcionarios y ministros ante el Gobierno.
Enero es un mes en el que las universidades planifican la labor anual de formación, investigación y extensión, y por ello es vital que cuenten con un presupuesto nacional aprobado para el funcionamiento cotidiano.
En tal sentido, la confirmación del sostenimiento del presupuesto original enviado al Congreso en diciembre del año pasado lleva alivio a las casas de altos estudios.
“Para las universidades, en particular para aquellas que se encuentran en una etapa de expansión, no contar con un presupuesto aprobado se traduce inmediatamente en un retroceso, tanto para sus programas de desarrollo institucional como para sostener el derecho a la educación superior que venimos defendiendo“, remarcó Adrián Cannelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional.
Sin presupuesto: Las universidades nacionales no pueden planificar el 2022
Confirmación a las universidades
Fue el ministro de Educación, Jaime Perczyk quien confirmó que el Poder Ejecutivo sostendrá la asignación de partidas para las universidades públicas.
Es más, en enero se emitieron las resoluciones asignando las partidas correspondientes al mes, tanto para salarios como para funcionamiento y llevaron tranquilidad a las universidades de todo el país que podrán contar con lo proyectado y garantizar los pagos de los aumentos paritarios acordados.
La cifra pedida por el Consejo Interuniversitario Nacional, durante el plenario en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) era de 408 mil millones de pesos ($407.917.707.522 para ser exactos) y contemplaba el incremento de la pauta salarial e inflacionaria previstas.
De allí, se desprenden montos destinados a becas, el fondo de incentivo docente y los programas de calidad educativa.
De esta manera, Perczyk logra llevar tranquilidad momentánea a las casas de altos estudios, para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios, al menos durante los primeros meses.
