El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, selló un convenio tripartito de colaboración con el presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Julio Bruna Novillo, y el Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, con el objetivo de implementar las mejores prácticas en minería y de generar información y estudios relevantes para la industria y su crecimiento sustentable.
Según el convenio, ambos organismos nacionales y San Juan intercambiarán acciones y apoyo para proyectos, programas de cooperación, capacitaciones técnicas y/o asistencia recíproca en post del desarrollo e implementación de políticas públicas en el ámbito de competencia de cada una de ellas.
Además, en todas las acciones que se realicen se podrá pautar la intervención de otros organismos técnicos especializados, y el convenio posibilita a quienes firman, a celebrar acuerdos con otras entidades o instituciones en el mismo sentido.
La propiedad intelectual que se origine como consecuencia de tareas realizadas será de las tres partes, en proporción a los aportes que cada una realice, salvo que se acuerde lo contrario.
Se destaca que las funciones de la Secretaría de Minería de Nación son coordinar con las provincias la aplicación y consolidación de una política minera federal, implementar acciones en el territorio nacional, incluyendo actividades de fomento, promoción y educación minera en coordinación con las áreas de la Jurisdicción con competencia.
La búsqueda de consenso y participación se realiza a través de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), la Mesa del Litio integrada por las provincias del NOA y la recientemente conformada Mesa del Cobre, a la que suscribieron las provincias cuyanas y también las del NOA y que contó a su vez con la firma de Lucero.
Por su parte el SEGEMAR genera la información geológica necesaria para el desarrollo territorial y la identificación de recursos minerales y energéticos, con el fin de promover la inversión sectorial y gestar proyectos con el consecuente impacto socio-económico a nivel nacional, provincial y municipal.
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