El presidente Javier Milei, se prepara para vetar la ley de financiamiento universitario antes de viajar a Estados Unidos para exponer por primera vez ante la Asamblea General de la ONU. Según dijeron en su entorno, su idea es vetarlo apenas pueda luego de que en la noche de este jueves haya llegado formalmente a la órbita del Ejecutivo desde el Congreso.
Milei sostuvo desde la semana pasada, horas después de que se votara la iniciativa en el Parlamento, que su idea era hacer un veto total. Se tratará así del segundo veto del mandatario libertario en un mes, que a fines de agosto pasado hizo lo mismo con la ley jubilatoria, que quedó firme luego de haber logrado sostenerlo en el Congreso pese a la insistencia de la oposición.
La ley de financiamiento universitario que sancionó el Senado el jueves 12 establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país. Para Milei, atentaría contra la reducción del déficit fiscal.
0,14% del PBI
Lo significativo es que, con el argumento de no promulgar ninguna norma que amenace el objetivo del superávit fiscal, el presidente estaría vetando una ley que representa el 0.14% del Producto Bruto Interno. Esto es equivalente a algo más de la cuarta parte del impuesto que el mismo Milei modificó para que los sectores de altos ingresos no paguen por sus bienes de lujo.
Con la Ley Bases, el Gobierno modificó el piso del llamado impuesto a los Bienes Personales para sectores de altos ingresos, que grava la posesión de propiedades en el país y en el exterior, aumentando de $ 27 millones a $ 100 millones el piso a partir del cual una persona será alcanzada por el tributo y modificando las alícuotas. Esto representa un impuesto menos para los sectores de altos ingresos y, claro, un ingreso del 0,40% del PBI menos para las arcas del Estado.
Por eso muchos referentes académicos y políticos mencionan que la decisión de vetar el financiamiento universitario es política e ideológica, no económica, tal como lo afirmó el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, y el senador pamepano Bensusán. Es que, por un lado, Milei habilitó que el Estado recaude menos de los impuestos sobre bienes de lujo mientras argumenta que los fondos para las universidades amenazan la recaudación pública.
Veto con alto costo social y político
La ley de financiamiento universitario se envió este jueves a última hora desde la Cámara Alta a Casa Rosada. Una vez recibida la oficialización de la norma, el Congreso, el Gobierno tiene 10 días hábiles para torcer la decisión parlamentaria, pero Milei no quiere dejar pasar tiempo y busca hacerlo cuanto antes.
Para el Gobierno, más allá de lo presupuestario el conflicto con las universidades públicas es también una pulseada “política”. En ese sentido insisten en que el tema “ya se había hablado y había acuerdo con los rectores y esto (por la ley) modifica eso”.
En el Gobierno insisten en que que no los condiciona la advertencia del sector universitario respecto de una nueva y multitudinaria marcha como la que se registró a fines de abril pasado.
Sin embargo, temen por la reacción que podría tener en las calles la decisión presidencial, y tomaron nota de las advertencias que los diputados de la oposición le hicieron.
El tema fue abordado en la mesa conformada por el Ejecutivo y los bloques aliados en la Cámara de Diputados, la cual se desarrolló el lunes en Casa Rosada. Allí concurrió, con una carpeta abultada, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación y de la provincia de Buenos Aires, quien puso al corriente al Gobierno sobre el impacto que ocasionaría una merma en el presupuesto.
En declaraciones posteriores al encuentro, el diputado explicó que “el veto al presupuesto universitario es complicado” y consideró que “hay que lograr un equilibrio entre el ahorro fiscal y atender las demandas razonables”. Según pudo saber Ámbito, el exministro sugirió al Gobierno una mesa de diálogo con los rectores de las universidades nacionales.
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