Mario Lugones, el ministro de Salud de Javier Milei, quedó al filo de ser acusado en el Congreso de tener responsabilidad política por los fallecimientos que hubo a partir de los casos de fentanilo contaminado. La decisión la tomará la comisión investigadora que funciona en Diputados, donde este miércoles el ministro de Salud faltó por segunda vez. Tampoco asistieron funcionarios de ANMAT.
Para ambos casos, la presidenta de la comisión, Mónica Fein (Encuentro Federal), recibió notas excusándose por las ausencias en supuestas “cuestiones de agenda”, que no fueron especificadas. La mismo hizo hace quince días Lugones, aunque esa vez respondió un cuestionario por escrito.
El oficialismo no da la cara
La semana pasada expuso el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de investigar las causas de los fallecimientos. El magistrado dejó mal parado a Lugones. Contó que el Estado “no tiene capacidad de monitoreo en tiempo real” del traslado de los medicamentos. Infirió que la ANMAT tuvo responsabilidad en el uso de fentanilo contaminado.
Al no responder a esa afirmación, fuentes de todos los bloques opositores confirmaron a Letra P que no habrá opción que responsabilizar a Lugones por no haber controlado los lotes de fentanilo que provocaron muertes. “Si no da la cara, tenemos que tomar la línea de Kreplak”, señaló ante este medio un diputado de Unión por la Patria (UP).
La ausencia de Lugones tuvo otra consecuencia: por mayoría, la comisión le envió una nota a Martín Menem para que evalúe pedir un castigo al ministro, por considerar que incumplió un mandato constitucional.
Lugones, contra las cuerdas en Diputados
Los faltazos de Lugones quedarán plasmados en el informe final. Además, en la oposición preparan una denuncia penal contra el ministro por sus faltazos reiterados al Congreso. La comisión investigadora fue creada por pedido de la diputada Silvana Giúdici (La Libertad Avanza), pero tuvo presencia mayoritaria de la oposición. El informe final se presentará la semana que viene y la legisladora tratará de salvar la ropa del ministro.
“Cuando uno es funcionario tiene que venir. Cuando yo era funcionaria, venía”, lo criticó Giúdici a Lugones. Recordó que por la denuncia penal que hubo el 12 de mayo por las muertes registradas, ANMAT abrió dos sumarios administrativos y quizá haya funcionarios sancionados. No parece ser la intención del Gobierno.
Los familiares de las víctimas del fentanilo, plantadas por el Gobierno
En el oficialismo explican que Lugones y el ANMAT no tienen responsabilidades penales, porque la legislación vigente asigna las culpabilidades en los laboratorios y no en el Estado. “Es la razón por la cual (el dueño de HLB Pharma) Ariel García Furfaro está preso”, señaló una integrante del oficialismo.
En la oposición tienen otra mirada. “Todos nos preguntamos porqué después de lo que pasó no se retiró todo (el fentanilo) que se fabricó. Acá hay negligencia, algo más y una falla estructural”, sostuvo Christian Castillo, del FIT.
“Ya dije varias veces la gravedad de lo que dijo (el ministro de Transformación del Estado) Federico Sturzenegger, sobre que no era necesario la ANMAT, porque los medicamentos se regulan solos”, recordó el diputado.
Lugones se esconde de los familiares de víctimas
Lugones no tuvo defensores en la comisión, por lo que será difícil que salga bien parado en el informe final. “A la ANMAT le falta un manual de procedimiento para la fiscalización. Hay exigencias a los laboratorios. Pero las autoridades de provincias deberían tener un organismo rector, como el Cofesa”, sostuvo Victoria Tolosa Paz.
“Es una falta de respeto de los funcionarios que no vienen al bloque oficialista. Esperemos que haya un dictamen único, pero ha habido un grado de culpabilidad grande de funcionarios al no venir. Es impericia y desinterés”, sostuvo Carlos Castagnetto, de UP.
Margarita Stolbizer (EF), recomendó que haya “un capítulo especial” del informe final “referido a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Sin perjuicio de las responsabilidades penales que haya, hay responsabilidades políticas de dar explicaciones ante el requerimiento de esta Cámara”.
El radicalismo también apuntó fuerte contra Lugones. “La Constitución no concibe al Poder Ejecutivo como un ámbito autonómico, sino sometido al control del Congreso. Se está volviendo una práctica política, un sello del Poder Ejecutivo, en no comprender el valor del acceso a la información pública de los funcionarios, que si contestan el mismo día que tienen problemas de agenda, no están tomándose en serio el rol de la representación”, sostuvo Karina Banfi.
