Esta semana el gobierno nacional anunciará formalmente la apertura de un proceso de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno de los pocos organismos públicos que todavía no había sido alcanzado por la motosierra de Javier Milei. Una Resolución emitida por la Secretaría de Agricultura dispone que la convocatoria estará vigente para “personal de planta permanente que posea hasta 60 años de edad” en todas las estaciones del país.
Quienes se acojan al régimen de retiro voluntario “recibirán una compensación indemnizatoria de 1,25 haberes en bruto por cada año trabajado para el personal con hasta 18 años de antigüedad, y de 0,5 haberes bruto por cada año trabajado para los agentes con más de 18 años de antigüedad”. En ambos casos serán incluidos en esta indemnización el aguinaldo y el proporcional de vacaciones.
Para calcular el monto de esta compensación se tomarán “los conceptos remunerativos no extraordinarios percibidos mensualmente en forma normal, regular, habitual y permanente”, sin tener en cuenta “los rubros que no estén afectados por aportes previsionales ni pagos extraordinarios, gastos de movilidad, asignaciones familiares, sueldo anual complementario, y cualquier otro concepto cuyo pago no tenga periodicidad mensual”.
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Ni bien salga la resolución de convocatoria a este retiro voluntario, el organismo abrirá un plazo para que los interesados se registren mediante internet. La dirección del organismo podrá tomarse hasta 30 días para analizar cada caso y anunciar las nóminas definitivas de personas que accederán al retiro así como la lista de los rechazados. En todos los casos favorables, el trabajador deberá desistir de acciones judiciales o reclamos, en trámite o posteriores, así como del “derecho que le asiste”.
La convocatoria involucrará tanto a profesionales e investigadores como personal administrativo y auxiliares, pero no podrán solicitarlo empleados con sumario en trámite o en proceso penal activo, ni quienes ya iniciaron trámite jubilatorio, presentaron su renuncia, se encuentran en disponibilidad o tengan 61 años o más.
La resolución aclara que “la sola presentación de solicitud no otorgará derecho al peticionante para obtener el beneficio, siendo su concesión una facultad exclusiva de la autoridad pertinente (director de Centro, director nacional asistente, director nacional o Consejo Directivo)” quien podrá rechazarla con razones “fundadas en servicio, como: perfil técnico, profesional, especialización, responsabilidad asignada, calificación personal, entre otras”.
Cierre de sedes en el INTI
Por otra parte, el gobierno nacional dio a conocer el cierre de 22 Unidades de Extensión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en todo el país. La resolución firmada por el presidente del organismo, Daniel Afione, establece un plazo de 90 días para el cierre de las sedes. En mayo pasado, ya habían cerrado 8 sedes en la Patagonia. La decisión implica un nuevo achique en la planta de trabajo, que viene con conflictos desde la asunción de Javier Milei.
Las Unidades de Extensión que van a cerrar en el plazo de tres meses son: Vaqueros (Región NOA); Roque Sáenz Peña, Bella Vista, Goya, Virasoro, Andresito (Región NEA); Cruz del Eje, Capilla del Monte, Villa Carlos Paz, Bell Ville, Rio Cuarto, Santa Fe, Concordia y Gualeguaychú (Región Centro); Lobos (Región Pampeana); San Martin de los Andes, Villa Regina, Puerto Madryn y Esquel (Región Patagónica); Chilecito y San Luis (Región Cuyo).
Asimismo, la resolución pide instruir a “la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la dirección administrativa, a arbitrar las acciones necesarias a fin de efectivizar el traslado del personal que presta servicios en las unidades de extensión mencionadas”.
En los papeles, al disolver los ámbitos en los que trabajan, las personas que cumplían funciones en los centros disueltos podrán ser relocalizadas en cualquier otro lugar, muchas veces fuera de la provincia en la que actualmente residen. En caso de no aceptar esa relocalización, lo que el Gobierno ofrece es que tomen un retiro voluntario o que queden en una especie de limbo hasta por 12 meses, plazo en el que podrían formalmente echarlos de su trabajo.
El INTI es uno de los organismos estatales encargado de la investigación y desarrollo tecnológico, la certificación de calidad y la asistencia técnica a empresas.
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