El Gobierno nacional y la provincia de Mendoza comenzaron a avanzar con el proceso de privatización de la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), que hoy está mayoritariamente en manos del Estado.
La empresa, fundada por Enrique Pescarmona en la provincia de Mendoza en 1907 como Talleres Metalúrgicos, especializada en el desarrollo de infraestructura para proyectos estratégicos, hoy es una multinacionales más importantes de Latinoamérica, especializada en generación de energía hidroeléctrica.
En junio de 2021 fue rescatada por el Estado con un aporte de más de 20 millones de dólares y pasó a ser una empresa pública (previamente, durante la pandemia, se habían realizado aportes millonarios a la empresa para cubrir el pago de salarios y evitar la quiebra). Según argumentan hoy desde el Gobierno de Javier Milei, la empresa, que cuenta con un plantel de más de 700 trabajadores, genera un déficit mensual de cinco millones de dólares y acumula una deuda con bonistas internacionales que supera los USD 500 millones.
Privatización en curso
Aunque la firma no aparece entre las que quedaron sujetas a privatización tras la aprobación de la Ley Bases, hace alrededor de quince días que se confirmó la intención oficial de deshacerse del control mayoritario de IMPSA, empresa de la que posee el 63,7% de las acciones (otro 21,2% son de la provincia de Mendoza y el 15,1% restante pertenece a capitales privados), por medio de una “capitalización” que deje como principal controlante de la firma a alguna otra empresa. En principio se habló de la firma estadounidense ARC Energy de la mano del fondo de inversiones IAF ( Industrial Acquisitions Fund), que aportaría unos USD 30 millones, pero en estos días se sumaron como posibles candidatos también un grupo inversor español y uno chileno.
Este último sería el grupo Moneda Patria Investments , que ya tiene presencia accionaria en la empresa desde la reestructuración de deuda de 2014 (cuando el grupo inversor lanzó Moneda Patagonia, un fondo basado exclusivamente en deuda de empresas argentinas), que se amplió luego de absorber la acreencia del Banco Galicia. Uno de los integrantes del directorio de esta empresa es el actual viceministro de Economía, el chileno-argentino José Luis Daza, quien pasó a ocupar el cargo tras la reciente renuncia de Joaquín Kotani. Más allá de ocupar hoy el lugar de mano derecha de Caputo, su relación viene de lejos, desde que ambos trabajaron juntos en los bancos JP Morgan y Deutsche Bank.
Mientras se define toda la arquitectura financiera para que el Estado nacional pueda desprenderse del control de la firma, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Mendoza se denunció que la firma no está pagando el aumento salarial acordado para junio (18%, retroactivo a abril) ni se hizo cargo del aguinaldo. El titular de la regional metalúrgica Luis Márquez confirmó presentaciones ante la Subsecretaría de Trabajo y explicó: “Hay un problema con los aguinaldos y lo sabemos. Hemos tenido una serie de reuniones con los delegados y con la empresa, que manifiesta que tiene problemas con el cobro de algunas obras, pero no nos han respondido cuándo pagarán. Hemos hecho un pedido en la Subsecretaría de Trabajo y estamos esperando fecha para la audiencia. Estamos muy preocupados por la situación”.
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