Periferia

8 de Agosto de 2024

El Gobierno retoma el proyecto de arancelar las universidades para extranjeros

Buscan que los fondos los administre el Ministerio de Capital Humano y los dirija a un programa de becas. Los rectores sospechan que la idea esconde un plan de arancelamiento a toda la población estudiantil.

El gobierno de Javier Milei confirmó que estudia un proyecto para arancelar la educación superior para aquellos estudiantes provenientes del exterior.

Lo confirmó el Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en diálogo con la prensa.

Álvarez puso como fundamento de la iniciativa a la creciente migración desde Venezuela y tomó como ejemplo la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dónde, según sostuvo, el 20% de la matrícula está compuesta por extranjeros.

¿Tanto ruido por el 1%?

El dato es tendencioso porque esa cifra se reduce al 4%, si se mide la matrícula de todas las universidades nacionales. Es más, si sólo se tienen en cuenta los estudiantes residentes la cifra cae al 1%. Por eso, para los rectores la idea del gobierno solapa el proyecto más amplio de sentar un precedente para el arancelamiento total de las universidades nacionales.

Según Álvarez, el proyecto sería para extranjeros no residentes, se le quitaría la administración a las universidades (pasaría por el Ministerio de Capital Humano) y se utilizaría para el programa de becas estudiantiles.

La idea es que la cuota la cobre la secretaría de Educación, a fin de destinar ese dinero a un programa de becas.

El tema vuelve a instalar la polémica, porque para las universidades no hay discusión sobre la gratuidad, que está garantizada por cinco leyes.

El funcionario del gobierno de Milei brindó una entrevista en el canal de streaming Neura.

Allí, Álvarez advirtió que en la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el 20 por ciento de su matrícula son estudiantes extranjeros.

“Al extranjero que viene solo a estudiar e irse me parece que debería cobrársele una cuota”, dijo Álvarez, diferenciando este caso de aquellos oriundos del exterior pero con residencia en el país.

“Ahí no correspondería, porque cuántos venezolanos que vinieron por un tiempo y se terminaron quedando”, resaltó. Sobre este punto dijo que está en carpeta un programa especial para venezolanos, “porque tenemos una enorme migración y podría ser mayor si realmente la dictadura continúa”, dijo Álvarez en referencia al gobierno de Nicolás Maduro en el país caribeño.

El plan del Gobierno

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que el dinero sería destinado a un programa de becas.

Al titular del área universitaria nacional dijo que en el caso de “quien viene a estudiar y se va”, la idea es avanzar en un arancel, y que “en lugar de que lo cobren las universidades lo cobre el Ministerio (de Capital Humano)”.

“Una tasa —continuó— administrada por el Ministerio y eso que se cobre vaya directamente al programa de becas”. En este sentido dijo que el programa de Becas Manuel Belgrano “funciona muy bien”, en referencia al plan que otorga unas 36 mil becas a estudiantes de carreras científicas y técnicas.

El rechazo de los rectores

Sin embargo, para avanzar en este proyecto el gobierno libertario tiene varios escollos. Por empezar, la ley de educación superior, en su artículo 2º bis, sostiene que los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal “son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

Es más, la gratuidad está garantizada por otras cuatro leyes nacionales, lo que vuelve más complejo el escenario.

Sin embargo, la idea de avanzar en un arancel para extranjeros no residentes no es nueva. Ya estaba presente en el proyecto original de la ley bases, redactada por Federico Sturzenegger, actual ministro Desregulación y Transformación del Estado.

Cuando comenzó a debatirse la ley en enero pasado, los rectores rechazaron la posibilidad de arancelamiento.

Un plan de arancelamiento total

Los rectores aseguran que sostiene un principio, consagrado en el artículo primero de su estatuto, que establece la gratuidad de la educación superior” y que en consonancia con esa máxima sostendrán un criterio que “seguirá vigente”.

Los rectores sostienen que la incidencia de estudiantes extranjeros sobre el total de los alumnos es del 5%, y que dentro de ese porcentaje la cantidad de estudiantes extranjeros que no tienen residencia permanente representa el 1%, y que muchos son estudiantes de posgrado que pagan por sus carreras. Por esto, y en función de la asfixia presupuestaria que implantó la administración libertaria es que sospechan que el proyecto del gobierno busca ser un precedente para ampliar el arancelamiento a toda la población estudiantil.

Es que no es la primera vez que se hace pública una iniciativa de este tipo. Ya en 2018, en el año en que celebró el centenario de la Reforma Universitaria, un grupo de diputados de Cambiemos propuso el arancelamiento para extranjeros no residentes.

El proyecto fue presentado por el entonces diputado Luis Petri (hoy ministro de Defensa), y llevó las firmas de Waldo Wolff y Eduardo Amadeo, entre otros.

Una iniciativa que cosechó el rechazo de los rectores de las universidades públicas.

La gratuidad, 75 años de política de Estado

Este 22 de noviembre se celebrarán los 75 años del Día de la Gratuidad Universitaria, en este año en medio, nuevamente, de rumores de arancelamiento e implementación de vouchers, por parte del gobierno de Javier Milei.

El decreto 29.337, firmado en 1949 por el entonces presidente y general Juan Domingo Perón, establece el acceso gratuito a las universidades nacionales.

Como resultado de esta sanción, la matrícula estudiantil aumentó de manera exponencial con el paso de los años: de 66.212 estudiantes en 1949 creció a 135.891 en 1954.

Un año después, a través del Decreto Presidencial N° 29337, el Gobierno estableció la gratuidad de todas las universidades públicas del país y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Además le otorgó carácter institucional a la autonomía universitaria planteada décadas atrás por los reformistas. Sin embargo, la gratuidad constituyó un principio en disputa, ya que fue anulado en los gobiernos de facto para ser recuperado de manera definitiva con la apertura democrática de 1983 y reforzado con su estatus constitucional en 1994, que permanece vigente hasta nuestros días, en los que, además, hay incluidos sistemas de becas para que los sectores más desfavorecidos también puedan acceder a sus aulas.

“El arancelamiento sería una situación en la que el Estado abandona el criterio de gratuidad que tiene fundamentos legales. Está garantizada desde el punto de vista legal y constitucional” Carlos Greco, ex presidente del CIN

Antes eran aranceladas

Antes de esa legislación, todas las universidades argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán y Del Litoral) eran públicas y aranceladas. En ese sentido, el Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos.

El primer paso de este proyecto había sido la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948, luego convertida en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La intención era servir como instituto superior de formación técnica y formar profesionalmente a la clase trabajadora y favorecer su movilidad social.

Carlos Greco, presidente del CIN, y rector de la UNSaM.

Las leyes que avalan la gratuidad

Periferia dialogó con Carlos Greco, ex presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) quien aseguró que “el arancelamiento sería una situación en la que el Estado abandona el criterio de gratuidad que tiene fundamentos legales. Pero la gratuidad está garantizada desde el punto de vista legal, tanto desde el punto de vista constitucional, prevista en el artículo 75, inciso 19 dado que el Congreso debe legislar garantizando la gratuidad, la equidad y la igualdad de oportunidades de la Educación y en particular la autonomía y la autarquía de las universidades. Luego están la Ley de Educación Superior, que lo plantea taxativamente. Además están la Ley 27.204 y la Ley de Financiamiento Educativo. Todas de manera explícita plantean la gratuidad universitaria y el libre acceso”.

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