La salida de Molina Hafford evidenció tensiones internas ante el plan de ajuste. El Consejo Directivo resiste la venta de campos y edificios destinados a investigación, factor que habría precipitado la dimisión del funcionario.
La renuncia del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Juan Cruz Molina Hafford, presentada el 15 de octubre, ha generado preocupación entre los trabajadores del organismo, quienes la interpretan como una consecuencia directa de las presiones gubernamentales para implementar medidas de ajuste y reducción de personal. La situación ha provocado que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declare estado de alerta en todo el territorio nacional.
El plan de ajuste contempla un programa de retiros voluntarios que, según fuentes internas, busca evitar despidos directos y apunta a reducir aproximadamente un 20% de la planta, equivalente a 1400 empleados. Hasta el momento, cerca de 250 trabajadores ya se habrían acogido a esta modalidad de retiro, mientras el Consejo Directivo mantiene su oposición a la venta de inmuebles destinados a investigación.
Quien quedó en el INTA
Tras la renuncia de Molina Hafford, al frente del organismo encargado de aportar conocimiento al sector productivo agropecuario quedó Nicolás Bronzovich, junto a la vicepresidenta María Beatriz «Pilu» Giraudo, quien asumirá temporalmente la conducción del organismo.
Giraudo, tiene un pasado en el sector privado como presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa y ejerció funciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Por encima de la estructura se encuentra Sergio Iraeta, secretario de Agricultura y familiar político de Juan Pazo, considerado cercano al ministro de Economía Luis Caputo.
El INTA, creado en 1956, opera como organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Su financiamiento proviene del 0.45% del valor de las importaciones que pagan tributos aduaneros, un mecanismo que solo fue interrumpido durante la última dictadura militar y durante el gobierno de Carlos Menem en 1992.
Las organizaciones vinculadas al sector agrario expresaron su preocupación por el futuro del instituto. Nahuel Levaggi, de la Mesa Agroalimentaria Argentina, señaló a la prensa que desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el organismo ha reducido su articulación con las organizaciones de pequeños productores, evidenciando un cambio en su orientación institucional.
