El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió por primera vez a la ley de financiamiento del sistema de Ciencia y Tecnología, aprobada por el Congreso en 2021, y que propone el incremento escalonado de la inversión pública hacia el sector hasta llegar al 1% del Producto Bruto Interno en 2031.
Francos sostuvo que el gobierno puede incumplirla porque la misma no especifica las sanciones por no hacerlo. En los hechos, el gobierno viene incumpliendo con la norma, que se venía ejecutando al pie de la letra hasta diciembre de 2023, cuando se eliminó el Ministerio de Ciencia, a manos de la administración de Javier Milei, y se inició con un proceso de ajuste que hoy llega al 30%, con derrumbre de los salarios de científicos y científicas y la caída de programas para investigar, sumado al desfinanciamiento de institutos para poder funcionar.
Entre los programas más importantes que fueron paralizados están el “Construir Ciencia” y el “Equipar Ciencia”, claves para la infraestructura del sistema científico.
27.614: Ley bisagra
A partir de la sanción de la ley, durante el gobierno de Alberto Fernández, se registró una suba, asociada a la Ley 27.614, de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en febrero de 2021 en el Congreso Nacional, y que define el incremento escalonado de la inversión que realiza el Estado, hasta llegar en 2032 al 1% del Producto Bruto Interno.
Según los datos arrojados por el INDEC, la ley acompañó (hasta 2023) el crecimiento de los recursos, que se traduce en Programas nacionales de financiamiento como el “Construir Ciencia” y el Equipar Ciencia”. Sin embargo, hay algunos aspectos a tener en cuenta al momento de la ejecución de esos fondos.
1% hasta el 2032
La ley, si se compara con la inversión histórica de Argentina para el sector, es ambiciosa, porque el país nunca superó el 0,35% del PBI. Hoy ese escenario marca que la tendencia es al derrumbre de la inversión.
Hoy la inversión que realiza Argentina para la Función Ciencia y Técnica, se encuentra en el 0,25% del PBI aún cuando la inversión debía llegar al 0,39% del PBI, este año. En su mejor época, durante el kirchnerismo alcanzó el 0,35% del PBI por lo que la iniciativa planteaba cuadruplicar la asignación a lo largo de once años, con una cláusula que impide que los recursos año a año sean menores que el año anterior.
En 2012 la inversión total en I+D (pública a nivel nacional y provincial + la inversión privada) alcanzó el 0,63%, monto más alto de la historia.
Esos datos hoy son sólo una utopía para el sector, puesto que el gobierno de Javier Milei confirmó que no respetará el escalonamiento que fija la ley.
La tabla de inversión de la Ley
2021: 0,28% del PBI
2022: 0,31% del PBI
2023: 0,34% del PBI
2024: 0,39% del PBI
2025: 0,45% del PBI
2026: 0,52% del PBI
2027: 0,59% del PBI
2028: 0,68% del PBI
2029: 0,78% del PBI
2030: 0,90% del PBI
2031: 0,95% del PBI
2032: 1% del PBI
16 organismos científicos y tecnológicos
La iniciativa, si se cumplía, hubiera beneficiado a todos los organismos de ciencia y tecnología que integran la Función y Técnica. La Fundación Miguel Lillo, CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), la Administración Nacional de Laboratorios (ANLIS), el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa (CITEDEF), el área de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).
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