Periferia

18 de Diciembre de 2024

El Gobierno modificó el régimen de contratación de las universidades

Vía DNU, el Poder Ejecutivo presentó el último del paquete normativo con el que apuesta por reformar el sistema de rendición de gastos de las casas de estudios superiores.

El Gobierno nacional modificó el reglamento del régimen de contratación en la Administración Pública, con el objetivo de garantizar el control efectivo de los recursos y asegurar la transparencia en los procedimientos.

Los cambios se hicieron efectivos mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1096/2024, en el que se sustituye el artículo 14 relacionado con la procedencia de la contratación directa. De esta manera, el Gobierno eliminó el apartado que establecía: “Las contrataciones que se encuadren en el apartado 10 del inciso d) del artículo 25 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios deberán sustanciarse por compulsa abreviada, con la excepción de aquellos procedimientos que bajo esta causal tramite el Ministerio de Desarrollo Social, los cuales podrán efectuarse por adjudicación simple”.

Además, el Ejecutivo introdujo cambios a los aspectos vinculados a la publicidad de la compulsa abreviada y de la adjudicación simple.

En simultáneo, derogaron los artículos 23, 23 bis y 24 del reglamento que establecían las bases sobre la procedencia de la adjudicación simple con universidades nacionales y la economía social.

Cuarto paquete normativo

Este decreto es el cuarto de un paquete normativo que preparó el Gobierno nacional para reformar la rendición de gastos de las universidades y las organizaciones de la economía social.

Los tres primeros fueron publicados a finales de la semana pasada e implican la adopción obligatoria de sistemas electrónicos nacionales como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF). Además, se restringieron al mínimo la posibilidad de firmar “convenios interadministrativos” con entes públicos o cooperativas, que quedaban fuera de los controles del Estado Nacional.

En una serie de decretos elaborados por los ministerios de Capital Humano, Descentralización y Economía, el Gobierno dejó abierta una instancia de negociación al no fijar cronogramas ni fechas límite para su implementación. “Queremos el diálogo”, afirmaron fuentes oficiales.

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