El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de “Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores para la innovación”, una iniciativa que pretende modificar la ley sancionada en 2018 y que podría tratarse en el período de sesiones extraordinarias. El texto ingresó el pasado 23 de diciembre por la Cámara de Diputados.
Los cambios que impulsa la modificación a la ley de compre argentino y desarrollo de proveedores, que impulsa el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, propone aumentar el margen de preferencia de bienes de producción nacional, ya que aumenta hasta 15 por ciento en el caso de compras a grandes empresas y hasta 20 por ciento en las compras a PyMEs.
Los cambios para las compras que hace el Estado, que representan el 13 por ciento del PBI, buscan sustituir importaciones y ahorrar divisas por 500 millones de dólares anuales.
También plantea un margen de preferencia por género porque suma 3 por ciento para empresas que tengan 50 por ciento o más de su composición de mujeres u otras identidades no binarias en la dirección, gerencia, presidencia u otros puestos de trabajo. La proyección oficial es generar 30 mil nuevos puestos de trabajo privados.
Se prevé que sean alcanzadas por estos beneficios las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), siempre y cuando cumplan con lo establecido en el proyecto.
Economía del Conocimiento
En otra línea, señala la creación de un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores en el ámbito de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuyo objetivo principal será desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, con el fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva.
También, precisa que “favorecerá la articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, con la demanda del Sector Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de canalizar demandas y desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas”.
“El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las oportunidades para los proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad técnica de abastecimiento local de esos productos y/o servicios con la asistencia de herramientas técnica y financieras para favorecer la mejora de los proveedores nacionales”, explica el proyecto.
En suma, propone crear “un Fondo Fiduciario Público denominado Fondo Fiduciario para el Compre Argentino, en adelante FoCAr, que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero con los alcances y limitaciones establecidos en la presente Ley y su reglamentación. Supletoriamente, se aplicarán las normas del Código Civil y Comercial de la Nación”.
“Tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos y/o bonificación de tasas, descuento de documentos, otorgamiento de garantías y/o cualquier otro mecanismo o instrumento financiero destinado a facilitar y/o generar mejores condiciones financieras para los potenciales oferentes de acceso a las compras públicas realizadas por las entidades comprendidas en la ley”, señala.
Compras públicas para innovación e impacto en ciencia y técnica
Por último, el texto establece el desarrollo de un programa de compras públicas para la innovación, para que el Estado financie investigaciones que sirvan para generarle soluciones a problemas públicos.
La actual norma exige a los proveedores de bienes no producidos en nuestro país a suscribir un compromiso de subcontratación de bienes y servicios locales y en caso que no sea posible, transferir tecnología a proveedores locales, radicar inversiones o realizar investigación y desarrollo, en contrataciones de la Administración Pública Nacional y Empresas del Estado igual o superiores a $720 millones de pesos.
Por otr lado plantea la posibilidad de “modificar condiciones en contrataciones de bienes de alto contenido científico-tecnológico, en contrataciones de la Administración Pública Nacional y Empresas del Estado igual o superiores a $240 millones”.
