El Gobierno avanza con el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a partir de la eliminación de servicios que, en este caso, impacta de lleno en un área sensible para la población: el control de alimentos y bebidas.
La resolución oficial formaliza el retiro de una batería de ensayos y prestaciones técnicas que funcionaban como soporte para empresas, organismos de control y consumidores. Se trata de un conjunto de herramientas que, en muchos casos, operaban como instancia de verificación independiente de las empresas sobre calidad, composición y seguridad alimentaria.
El texto aprobado por el Consejo Directivo del organismo dispone “la cesación de la prestación por parte del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) de los servicios sistematizados detallados en el Anexo I”. La medida, según detalló el documento, “se hará efectiva a partir de la publicación de la presente”.
Claro, la medida pone en foco al ministro de Economía, Luis Caputo, puesto que el organismo depende de su cartera, y a los empresarios del sector alimenticios, en especial a Daniel Funes de Rioja, que conforma el llamado “círculo rojo” de empresarios que hacen lobby con todos los gobiernos para conseguir beneficios sectoriales. Funes de Rioja es ex presidente de la COPAL, la cámara de empresarios alimenticios pero sus contactos con el gobierno nacional siguen siendo permanentes por sus influencias en el sector empresario. De allí que la medida que ahora desmantela áreas del INTI en el sector de Alimentos y Bebidas pone el foco en el empresario. Es que Caputo ya realizó una maniobra similar pero con el servicio de calibración de combustibles del INTI, para favorecer al Organismo Argentino de Acreditación y a la empresa Lenor, en particular.
Prácticas predatorias sobre organismos estatales de ciencia, para favorecer a empresarios
La medida es similar a la tomada por el gobierno en otros servicios industriales que brindaba el organismo de ciencia y tecnología hasta hace meses como es el de metrología para el sector de combustibles. El organismo científico técnico brindó el servicio de control de las expendedoras de combustibles para todas las estaciones de servicio del país, pero empresas cercanas que brindan el mismo servicio pero con mucha menos calidad de control presionaban al gobierno de Javier Milei para quedarse con esa asistencia técnica.
El sector privado ve con ansias el desmantelamiento del INTI porque es un servicio que por su complejidad técnica lo hacen un puñado de empresas y lo viene desarrollando el Estado con altos estándares de calidad desde hace años. Pero además, el servicio se cobraba a un valor por debajo del precio de referencia del mercado, porque la asistencia era para sostener la actividad industrial y con una lógica pública de beneficio colectivo al sector productivo.
Ahora, el gobierno le quitó el servicio al INTI y se lo entregó a la empresa Lenor, cercana al ministro Luis Caputo y a los laboratorios nucleados en el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una cámara que nuclea a los empresarios del sector.
Ahora, sin el INTI en el medio, Lenor, con el camino allanado para monopolizar el servicio de control de expendedoras de combustible, ya evalúa aumentar los aranceles del servicio de control que el INTI realizaba a un valor de 25 mil pesos por pico expendedor de combustibles.
Cabe mencionar, que ese valor el INTI tarifado en 25 mil hasta diciembre de 2025 por una prestación cuyo objetivo no era la ganancia, sino el servicio a bajo costo y de alta calidad para que el sector pudiera operar en regla, le generaba al organismo científico ingresos de entre 3.600 y 4.000 millones de pesos en servicos arancelados. Algo similar sucederá con el desmantelamiento del área de alimentos, ahora.
En ese momento, desde el INTI explicaron a Periferia que Lenor y los privados cobraban 75 mil por la misma prestación y allí residía la denuncia de los empresarios de “competencia desleal” del organismo científico.
El gobierno intervino, para depredar al INTI
Entonces intervino Milei, que subió el arancel del INTI a 100 mil (para derivar los usuarios al sector privado) aunque las estaciones de servicio seguían apostando al INTI. Ahi fue que el Gobierno decidió directamente el cierre definitivo del área de metrología del INTI con el servicio incluído, a fines del año pasado, por orden de Caputo y la presión de los allegados de Lenor en el ministerio de Economía.
Ademas, el INTI realizaba 9 de cada 10 certificaciones de las que se realizaban en el país y eso irritó a los laboratorios privados.
Argentina cuenta con un total de 5.349 estaciones de servicio activas a principios de 2025, según datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), y una estimación de unas 45.000 bocas de surtidor de combustible, entre nafta, gas oil y GNC.
La decisión del gobierno nacional, amparada en la ideología libertaria de achicamiento del Estado, destrucción de las capacidades científico-tecnológicas y otorgamiento de negociados para el sector privado en completa desregulación de condiciones de seguridad, afecta directamente al organismo de ciencia y tecnología enfocado en la transferencia de conocimiento científico al sector productivo industrial.
Servicios claves para el INTI
En el caso de los alimentos, el listado incluye desde análisis de aditivos, antioxidantes y edulcorantes hasta estudios de vida útil, perfil sensorial, contenido de cafeína o detección de contaminantes como micotoxinas. La amplitud de servicios alcanzados permite dimensionar el alcance de la decisión. Entre los ensayos que dejarán de prestarse figuran los vinculados a la medición de textura, color y propiedades funcionales de alimentos, así como el análisis de compuestos específicos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y productos procesados.
También se suspenden estudios de consumidores y evaluaciones sensoriales, herramientas utilizadas por la industria para validar productos antes de su salida al mercado. En paralelo, se descontinúan controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa o acesulfame K, además de determinaciones sobre antioxidantes y perfiles cromatográficos. En términos operativos, esto implica que una parte relevante del sistema de validación técnica queda fuera de la órbita estatal.
El artículo 3 establece un marco de transición, detallando que “los convenios, órdenes de trabajo y demás compromisos contractuales vigentes (…) serán íntegramente cumplidos hasta su finalización”. Sin embargo, el alcance es acotado a los acuerdos ya firmados. Por su parte, el artículo 5 plantea una “adecuación de la oferta tecnológica institucional”, en línea con una estrategia que, en los hechos, reduce la presencia del organismo en áreas históricas.
La medida pone en foco al ministro de Economía, Luis Caputo, puesto que el organismo depende de su cartera, y a los empresarios del sector alimenticios, en especial a Daniel Funes de Rioja, que conforma el llamado “círculo rojo” de empresarios que hacen lobby con todos los gobiernos para conseguir beneficios sectoriales. Funes de Rioja es ex presidente de la COPAL, la cámara de empresarios alimenticios pero sus contactos con el gobierno nacional siguen siendo permanentes por sus influencias en el sector empresario. De allí que la medida que ahora desmantela áreas del INTI en el sector de Alimentos y Bebidas pone el foco en el empresario. Es que Caputo ya realizó una maniobra similar pero con el servicio de calibración de combustibles del INTI, para favorecer al Organismo Argentino de Acreditación y a la empresa Lenor, en particular.
Una seguidilla de desmantelamiento
Desde 2024 se vienen registrando cierres o modificaciones de líneas de trabajo, incluyendo la pérdida de funciones en metrología legal y calibración. A eso se suma la paralización de convenios, la falta de financiamiento operativo y la imposibilidad de sostener actividades básicas como las visitas técnicas a empresas, afectadas por la falta de viáticos.
En el caso de alimentos y bebidas, el impacto trasciende lo productivo. El INTI funcionaba como un actor de referencia para garantizar estándares técnicos en un mercado donde la información asimétrica es la regla. La eliminación de estos servicios abre un escenario en el que la verificación queda más concentrada en actores privados o en capacidades dispersas del sistema público.
La resolución incluye una instrucción para diseñar un plan de transición que contemple “la finalización ordenada de los servicios”, el “resguardo documental” y la “preservación de los registros técnicos”. También menciona la necesidad de identificar “capacidades críticas que deban ser sostenidas”. Sin embargo, no especifica cuáles serán esas capacidades ni bajo qué esquema continuarán operando.
Vaciamiento de la ciencia argentina
El proceso de desarticulación del organismo tiene un correlato en el frente laboral. Desde la asamblea de trabajadores del INTI advierten sobre la aparición de ofertas de empleo por fuera del Estado, orientadas a captar a técnicos del Instituto para realizar tareas similares a las que se dejaron de prestar. Según el comunicado, “en las últimas semanas, comenzaron a llegar mails a trabajadores del INTI desde el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y algunos laboratorios privados de calibración”. Esos contactos, señalan, incluyen pedidos para realizar “auditorías y ensayos que hasta hace unos meses formaban parte de la oferta tecnológica del Instituto”.
El punto central de la denuncia es el carácter de esas propuestas. “Esta oferta laboral ofrecida de manera clandestina implica facturación de manera individual de esos servicios; es decir, nos ofrecen infringir la Ley de Ética Pública, que nos impone a las y los trabajadores del Estado la exclusividad y confidencialidad”, señalan los trabajadores del organismo, quienes describen la situación como una “cacería de talentos” que expone la dependencia del sistema privado respecto de las capacidades técnicas formadas en el ámbito público.
“El INTI es el único organismo con capacidad técnica para garantizar la calidad y trazabilidad de las mediciones”, sostienen. En esa línea, remarcan que el atractivo no radica en el equipamiento sino en el capital humano: “No tienen lo fundamental: a nosotros, los trabajadores del INTI, nuestra capacidad y pericia técnica”. El diagnóstico apunta a un desplazamiento de funciones desde el Estado hacia un conjunto más reducido de actores privados.
Disolución de capacidades científicas del país para favorecer a los amigos de Caputo
El comunicado también vincula estas dinámicas con decisiones previas, como el cierre del Servicio Argentino de Calibración y de la Dirección de Metrología Legal. Ambas áreas cumplían funciones de control en actividades donde la medición es central, desde el comercio hasta la salud. Su eliminación, sostienen, forma parte de una “política de disolución del Instituto”.
El recorrido que describen incluye aumentos de aranceles —del orden del 300%— que, según indican, contribuyeron a desalentar la demanda de servicios públicos. A esto se suma la habilitación de laboratorios privados para realizar tareas que antes estaban concentradas en el INTI.
