En el marco del debate que instaló el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con la sanción de la ley provincial que declara al litio y sus derivados de interés público y como recursos estratégicos; el Gobierno nacional insistió en que se analizan estrategias para avanzar en un “plan nacional de desarrollo integral de la cadena del litio”, en un trabajo en el que quieren incluir a los gobernadores.
La Casa Rosada quiere definir la estrategia este año con el lanzamiento de este plan en el que participan la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior, en conjunto con los gobernadores de Catamarca, Jujuy y Salta y las empresas públicas como YPF, en la llamada mesa del litio.
Respeto a la Constitución
Según advierte el informe, se respetará el principio establecido en la Constitución Nacional que establece que los recursos son de las provincias, algo que vienen remarcando los gobernadores desde la conformación de la Mesa. Sin embargo, se advirtió que existe un sector del oficialismo que pretende actualizar los cánones, las retenciones, mejorar la recaudación y declararlo como recurso estratégico, estableciendo un cupo para que las empresas privadas que realizan la explotación del recurso dejen en el país para la industrialización local.
“En Casa Rosada aseguran que los cánones fueron actualizados con la ley de presupuesto y que si bien las retenciones podrían subirse por la ley de solidaridad social, generaría mucho ruido y poco impacto en exportaciones”, remarcaron.
El debate tomó especial trascendencia gracias a la ley que aprobó La Rioja, que suspende los permisos otorgados de exploración y concesiones relacionadas al litio; y que despertó la preocupación de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y de la Unión Industrial Argentina. El gobernador Quintela, que no integra la Mesa de Litio, defendió la norma al sostener que “las empresas que tenían las concesiones no hicieron absolutamente nada. Por lo tanto, hicimos que caducaran todas las licencias y vuelvan a la propiedad de las provincias”.
