El gobierno bonaerense quiere convertir al Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”, con sede en La Plata, en una Sociedad del Estado provincial cuyo objeto de funcionamiento sería la fabricación, comercialización y distribución de medicamentos, vacunas, y diversos productos médicos a gran escala para que la Provincia tenga una posición mucho más dominante en ese mercado sensible, hoy dominado por el sector privado.
De acuerdo a la idea del oficialismo, esa producción de insumos tendría como destino prioritario el abastecimiento de: a) servicios de salud públicos provinciales, municipales y comunales; y b) servicios de salud nacionales u organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que brinden prestaciones de salud.
Siempre según el proyecto oficial enviado por el Poder Ejecutivo, que se está analizando en la Legislatura bonaerense, la nueva sociedad estatal se someterá en su constitución y funcionamiento a las normas que regulan las sociedades anónimas dispuestas en la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en cuanto fuesen compatibles con la Ley Nacional 20.705, que regula a las sociedades estatales.
De Dirección Provincial a Sociedad del Estado
En la actualidad, el Instituto Tomás Perón reviste la categoría de Dirección Provincial, dependiente del Ministerio de Salud. Según la presentación institucional del mismo, “tiene una participación histórica en el diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas, producción de medicamentos y productos biológicos, control de calidad, ensayos fisicoquímicos y microbiológicos”.
La entidad ya produce medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes e hipertensión arterial, y ciertas vacunas.
Si prospera esta idea que sueña Axel Kicillof, pasaría a ser una empresa. De capital estatal bonaerense, pero empresa al fin.
En análisis, en la Legislatura
El proyecto, en verdad, fue presentado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a fines del año pasado. Recién ahora se esta tratando en las comisiones de Diputados, paso previo para elevarlo a su tratamiento en el recinto. Ya pasó por la de Industria y ahora está en la de Salud, donde la oposición hizo notar ciertas objeciones. Entre ellas, ¿Qué pasará con los trabajadores del actual Instituto y de dónde saldrá el dinero que hace falta para financiar el cambio de estatus?.
Sobre el primer punto, trascendió que los empleados del Tomás Perón miran con cierta desconfianza el hecho de que la conversión en empresa los sacaría de los alcances de la ley 10.430 de administración pública provincial para comenzar a ser regidos, en términos laborales, por la Ley Nacional 20.744, la tradicional ley de contrato de trabajo.
El artículo 24 del proyecto que envió el Ejecutivo se refiere a este tema. Dice: “El proceso de transformación dispuesto por la presente ley no afectará la estabilidad y el monto del personal que actualmente presta servicios en la Dirección Provincial Instituto Biológico Tomás Perón”. Sin embargo, en el mismo ítem se detalla que el ministerio de Salud abrirá un registro por el término de 60 días. En ese lapso, los trabajadores podrán manifestar su decisión de permanecer en la nueva sociedad o ser reubicados en otra repartición de la administración provincial.
La letra chica del proyecto
En el artículo siguiente, el 25, se especifica que aquellos que no quieran quedarse en la empresa estatal a crearse deberán ser ubicados “en idénticas condiciones laborales, previsionales y sindicales a las detentadas con anterioridad a la sanción de la ley”.
Según la oposición, por el tipo de trabajo del que se trata, con cierto régimen horario y condiciones profesionales específicas, el único hospital provincial que podría recibir a los agentes que no opten por continuar en la nueva sociedad sería el San Juan de Dios. Que, según los críticos de la idea, “no posee ni la estructura ni la capacidad física para potencialmente recibir tantos trabajadores”.
Los empleados del Instituto serían unos 260. Un detalle: el proyecto oficial sólo habla de los agentes que pertenecen a la ley 10.430, pero nada dice de los becarios, regidos por otra norma.
En rigor, este tipo de empresas estatales de la salud existen en otras provincias, como en Santa Fe, donde funciona el Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E (LIF), en San Luis, a través de Laboratorios Puntanos o en Río Negro, con la Productora Farmacéutica Rionegrina (PROFAR SE.) por citar algunos.
El financiamiento
Respecto al tema del financiamiento que supondría el cambio, lo único que se sabe es lo que el Ministerio de Salud comunicó a través de un tuit el día que presentó el proyecto. Allí se habló de una inversión de 8 mil millones de pesos y la producción de 400 millones de medicamentos, vacunas y sueros.
Es por todo esto que la oposición pretende que el ministro Kreplak concurra a explicar la idea a la Cámara baja. Por ahora, no hay fecha para esa cita.
Lo que sí existe es una sospecha, en sectores privados, de que la intención final de Kicillof es regular el precio de los medicamentos y vacunas en la Provincia a través de la intervención de la empresa estatal en el mercado, revolucionado en todo el mundo luego de la pandemia de Covid-19.
