En el gobierno de Javier Milei aseguran que tras el recurso extraordinario que presentaron ante la Corte Suprema para seguir eludiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario es “altamente improbable” que les concedan la suspensión, es decir que terminarán beneficiando el reclamo de las universidades nacionales.
El Gobierno sostiene que no cuenta con los fondos necesarios para cumplir con la normativa. El costo estimado asciende a 2,5 billones de pesos, cifra que consideran inviable en el corto plazo. Tras la sanción en el Congreso y el rechazo al veto presidencial, el Ejecutivo perdió en primera y segunda instancia judicial y ahora elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dentro de la Casa Rosada, incluso reconocen que cumplir con la ley podría implicar un regreso del déficit fiscal. Buscan alternativas para escalonar pagos, aunque admiten dificultades. “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan”, señalaron desde una fuente oficial.
Milei, y su banda de reos del Congreso y de la Justicia
El conflicto por el financiamiento universitario suma un nuevo capítulo. Fue Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien volvió a cargar contra el Gobierno nacional por no aplicar la ley vigente pese a los fallos judiciales y dejó una advertencia clara: si no hay desembolsos, podría haber nuevas movilizaciones en todo el país.
En una entrevista con Romina Manguel en A Confesión de Parte por Radio Splendid, el dirigente universitario aseguró que están dispuestos a avanzar en todos los frentes. “Nosotros vamos a iniciar todas las acciones legales que están a nuestro alcance si el gobierno no cumple la ley. Contra todos los funcionarios que sean responsables”, sostuvo. Y fue más allá al remarcar: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a convocar a la sociedad a que, si el gobierno efectivamente no cumple el fallo de la ley y no paga la ley de financiamiento universitario, volvamos a salir a todas las plazas, a todas las calles de la Argentina”.
Mientras, las universidades van por una nueva marcha federal
La posibilidad de una nueva marcha federal, en línea con la del año pasado, empezó a tomar forma como respuesta directa a la falta de ejecución presupuestaria. Según explicó, el plazo límite para esa definición sería a mediados de mayo y las medidas no implicarán frenar la actividad académica. “Cada día que Milei ve una universidad cerrada por paro, no se preocupa. Por eso, las medidas serán con las aulas abiertas”, planteó.
Durante la charla, Yacobitti también cuestionó el enfoque educativo del gobierno de Javier Milei, al que vinculó con lógicas autoritarias. “Lo que tenés es un objetivo de destruir un lugar que genera personas con capacidad crítica”, afirmó. En ese sentido, defendió el rol de la UBA como espacio de pluralidad ideológica y formación crítica, donde conviven distintas miradas.
El dirigente destacó además el posicionamiento internacional de la universidad pública argentina y remarcó su eficiencia en el uso de recursos. “Gastás mucho menos por alumno que en universidades comparables como la UNAM de México y la Universidad de San Pablo; es cinco o diez veces menos”, indicó. A su vez, definió a la educación superior como “la única herramienta que tiene la sociedad de transformación social”.
El trasfondo del conflicto también incluye el deterioro salarial. Según detalló, los docentes del Carlos Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires perdieron un 60% de poder adquisitivo desde la asunción de Milei, en parte por la eliminación del FONID. Además, señaló que por el mismo trabajo, un docente puede percibir hasta un 32% más en jurisdicciones como la Ciudad o la Provincia que a nivel nacional.
Derrumbe económico en las universidades
El impacto ya se refleja en la estructura académica. En la Facultad de Agronomía de la UBA, explicó, “en los últimos dos años y algunos meses se fueron 100 personas, entre profesores e investigadores”. La fuga de recursos humanos se suma a un escenario de ajuste que tensiona el funcionamiento del sistema universitario.
Para Yacobitti, el problema excede a la comunidad educativa. Alertó que el desfinanciamiento impacta en áreas sensibles como la formación médica, la investigación científica y la respuesta ante emergencias sanitarias. “Si vos tenés un problema y tenés un accidente, no tenés un médico que te salve la vida. Si tenés otra pandemia como el COVID, no hay investigadores que detecten rápido vacunas o métodos de detección temprana”, ejemplificó.
También destacó el crecimiento de programas como UBA XXI y UBA en Acción, que reflejan la demanda social por formación y reconversión laboral. “Todo lo que armás, la gente lo utiliza porque el trabajo se está reconvirtiendo”, explicó sobre la expansión de cursos y propuestas educativas.
En ese marco, insistió en la necesidad de abrir una instancia de negociación. “Voy a hacer lo imposible por generar alguna mesa de diálogo donde el Gobierno traiga una alternativa”, dijo. Y advirtió sobre la urgencia: “Cada día sin diálogo es un día perdido para encontrar una solución”.
