El gobierno de Javier Milei está a punto de avanzar con la privatización de Impsa, la emblemática empresa fundada por la familia Pescarmona, a manos de un grupo estadounidense que habría mostrado interés en ella.
IMPSA es una empresa mendocina especializada en el desarrollo de infraestructura tecnológica para sectores considerados “estratégicos” por su impacto social, económico, cultural y productivo para el país.
La empresa es clave para la fabricación y reparación de turbinas hidroeléctricas, el desarrollo de piezas para las centrales nucleares del país, y hasta la construcción de cascos de tanques de guerra para el área de defensa. Pero, además, también tiene una unidad de negocios asociadas con el desarrollo de hélices para la energía eólica, entre otras de sus áreas de impacto.
Descapitalizar al Estado
Según describieron fuentes al tanto del proceso, su ingreso en la compañía implicaría la pérdida del control que hoy tiene el Estado.
De hecho, tal como describió un representante de los accionistas de Impsa, enviados de la compañía se encuentran en Estados Unidos reunidos con el fondo privado interesado para terminar de definir “cómo sería la operatoria”. Luego, se haría público el nombre del grupo norteamericano y el monto de la inversión.
El Estado tiene el 63,7% de las acciones de Impsa, la provincia de Mendoza, un 21,2%, y el 15,1% restante se encuentra en manos privadas. La capitalización de la compañía que buscan el Gobierno nacional y Mendoza estipula la cesión de estas acciones en manos de quien firme la capitalización de la empresa. De hecho, en Estados Unidos hoy se están discutiendo los porcentajes de ese paquete, así como también el precio. En consecuencia, el Gobierno proyecta que perdería el control de la firma.
“Un pasivo constante”
Sin embargo, “para el Estado esta empresa es un pasivo constante”, aseguran en el gobierno de Javier Milei, y eso motivó el inicio del proceso encarado desde “principios del año” entre el Gobierno y la provincia cuyana. Las cifras que maneja la administración de Javier Milei muestran que Impsa genera una pérdida mensual de US$5 millones y posee una deuda con bonistas internacionales equivalente a US$500 millones.
Desde el Gobierno entienden que el ingreso de un nuevo jugador al grupo de accionistas de Impsa, y la consecuente pérdida del liderazgo del Estado, lo correría de ser el principal “gerenciador” de esa deuda millonaria. A su vez, destacan que el proceso le daría “más estabilidad” a la empresa, que actualmente posee 720 trabajadores.
Cómo funciona una capitalización
El Gobierno afirma que un fondo norteamericano capitalizará Impsa. Esto significa que va a inyectar recursos que agrandarán el valor total de la compañía. En consecuencia, el reparto de acciones previo a dicho ingreso cambiará porque la porción total sobre la que se dividen será distinta.
En palabras sencillas, no es lo mismo ser dueño de $102 sobre un total de $200, que supondría tener el 51% de ese dinero, que si fuera sobre $2000, lo cual dejaría al propietario de esos $102 con un 5,1%.
Desde la firma de la carta de intención (que sería mañana), empezará a correr un plazo de 30 días para que el grupo norteamericano presente una oferta formal de capitalización. Eso no solo implicará develar su nombre, hasta ahora resguardado por cláusulas de confidencialidad, sino también el monto del capital que inyectaría en Impsa. Por lo tanto, también permitirá calcular a qué porcentaje bajarán las acciones del Estado y de Mendoza.
Pasados esos 30 días, el Gobierno deberá publicar dicha oferta en el Boletín Oficial y en medios de comunicación para darles tiempo a otros posibles jugadores del sector privado a que puedan mejorar la presentación del grupo estadounidense. Eso se conoce como “plazo de mejoramiento de oferta” y tiene una extensión de 60 días. Si al cabo de ese período nadie supera la alternativa original, entonces comenzaría el proceso formal de capitalización de Impsa.
Desde hace tres años, el Estado nacional y la provincia de Mendoza vienen inyectando cuantiosos recursos en la empresa, fundada en 1907 por al familia Pescarmona.
Empresa estratégica
El 25 de junio de 2020, el CEO de Impsa le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.
En diciembre de ese año, el Ministerio de Desarrollo Productivo confirmaba que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores.
Unos días antes, Impsa había informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que había logrado reestructurar su deuda de US$560 millones, pudiendo patear así el pago de intereses de sus obligaciones para 2025 y el del capital, a partir de 2028, con vencimientos anuales sucesivos durante nueve años, hasta 2036.
La deuda millonaria tuvo su origen en 2014, producto principalmente de “malos negocios” con Venezuela, cuando se tuvo que hacer un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujo a menos de la mitad. En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, de 78 años, tuvo que dar un paso al costado.
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