La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), uno de los gremios que representa a las y los docentes de las casas de estudios superiores, adhirió a un documento del Foro de Economía y Trabajo en el que lamenta la aprobación de la ley de Presupuesto 2026 por considerarlo “inconstitucional y subordinado a una deuda odiosa”.
El Foro de Economía y Trabajo lo integran economistas y especialistas que forman parte de organizaciones sindicales del país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino.
En el documento, titulado “Guerra Económica y Presupuesto inconstitucional“, subrayan las consecuencias negativas de la desinversión en el área de Educación, con especial énfasis en la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, la anulación de fondos para la formación técnica y profesional y la derogación de la obligatoriedad de la inversión de pisos mínimos en ciencia (con la Ley de Financiamiento de Ciencia) y en educación superior.
El foco está puesto en el artículo 30 del Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, pero que fue judicializado desde los gremios universitarios de docentes y NODOCENTES de universidades como la FEDUN y la FATUN (Federación del Trabajador de las Universidades Nacionales).
Es que el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 aprobada por el Congreso el 2 de enero, fija la derogación de los pisos de financiamiento de la educación técnico-superior, de la educación superior y del sistema de ciencia, tecnología e innovación.
La ciencia y la educación, sin pisos mínimos de inversión
Esos “pisos” definían los porcentajes mínimos de financiamiento que por ley se deben implementar en el sistema de ciencia y en la educación y buscan garantizar la sustentabilidad de ambos sistemas.
Pues bien, eso es lo que, justamente, el gobierno de Javier Milei no quiere. En el articulo 30 de la Ley de Presupuesto diseñada por el Gobierno y promulgada el día 2 de enero, el Poder Ejecutivo elimina el piso de financiamiento y la ecuanimidad en la distribución del mismo de la Educación Técnica y del sistema científico, para profundizar el ajuste en el sector.
Justamente por eso, un grupo de demandantes presentaron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una medida cautelar en defensa de la Educación Técnico Profesional y contra el desfinanciamiento de las áreas respectivas.
Los demandantes plantean que el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 “es inconstitucional desde viola principios básicos del orden constitucional argentino y desconoce derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.
Entre ellos señalan:
El presupuesto no puede derogar derechos ni leyes estructurales. El primer vicio grave del artículo 30 es formal e institucional. Una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que6 reconocen y garantizan derechos fundamentales, como lo son:
la Ley de Educación Nacional,
la Ley de Educación Técnico Profesional,
la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
El documento completo del Foro Economía y Trabajo:
Un presupuesto “inconstitucional y subordinado a una deuda odiosa”
El documento del Foro Economía y Trabajo señala que el Presupuesto 2026 es una “ley inconstitucional que entre otros, tiene el vicio de su finalidad: un fenomenal ajuste, que implica la violación sistemática de los derechos constitucionales (…) subordinado al cumplimiento de acuerdos sobre compromisos fraudulentos con gravísimos vicios de origen suscriptos con el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno del presidente Trump”.
Además, denuncia “un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo” y cuestiona la derogación del artículo 9° de la Ley de Educación Nacional que establecía una meta de financiamiento del 6% del PBI a educación.
Por su parte, apunta contra el desfinanciamiento del sistema de ciencia nacional que era garantizado por la Ley 27.614 (ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología) en sus artículos 5°, 6° y 7°. La norma, que fue derogada por el Presupuesto 2026 (algo inconstitucional y que ya está judicializado con dos cautelares), fue aprobada en 2021 y propone el crecimiento escalonado de la inversión pública en ciencia hasta llegar al 1% del PBI, en 2032.
Argentina, la “factoría neocolonial” que quiere Milei
El documento sintetiza que el Presupuesto 2026 está subordinado a “una deuda odiosa, contraria a los intereses de la población” y que puede ser “repudiada por un régimen sucesor”. Según los referentes que firman el documento los prestamistas que otorgaron los fondos al gobierno de Javier Milei, lo hicieron conociendo las implicancias del endeudamiento por lo que “son responsables” por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El documento apunta que “el gobierno de Javier Milei tiene como objetivo convertir a Argentina en una factoría neocolonial exportadora de recursos naturales, sin trabajo argentino agregado, para sostener un esquema económico inviable y un plan de negocios favorable a las grandes corporaciones transnacionales, hoy en particular de los grandes fondos de inversión especulativos”.
“Con su asistencia finaciera el FMI y el gobierno de Estados Unidos buscan asegurar para las corporaciones estadounidenses el control del gas y el petróleo de Vaca Muerta, del litio, de las tierras raras, de los metales que produce la minería y en un futuro, del agua“, sostiene el escrito, y apunta que “el RIGI asegura que puedan cumplir sus objetivos de enclave exportador de productos primarios sin incorporar trabajo argentino”.
La ciencia y la tecnología, subordinadas a la deuda
Por su parte, apunta que “el sistema educativo y de ciencia y tecnología son severamente desfinanciados para girar recursos al pago de la deuda”, y advierte que “la ciencia y la tecnología indudablemente son bienes culturales y bienes económicos, porque para desarrollar un sistema productivo los países necesitan una población educada y un sistema científico innovador“.
En consonacia con esto último, el documento sostiene que “el abandono de los proyectos nucleares y satelitales corre en paralelo con la privatización de IMPSA que, siendo imprescindible para el desarrollo de nuevos reactores como el CAREM, es puesta en manos de una empresa estadounidense”. Por último denuncia el “proceso de privatización” de Nucleoeléctrica Argentina.
El Foro de Economía y Trabajo lo integran especialistas y referentes del área de economía, ciencia, tecnología y educación como Ricardo Aronskid, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Marcelo Di Ciano, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Felisa Micelli, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José Sbatella, Nahuel Silva, Juan Carlos Teso, Rodolfo Treber y Eduardo Berrozpe (coordinador).
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