Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone crear una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades públicas, institutos universitarios estatales e institutos de educación superior de gestión estatal de todo el país. La iniciativa fue impulsada por el diputado rionegrino Marcelo Mango, de Unión por la Patria.
La propuesta ingresó formalmente como expediente 4767-D-2026 el 15 de septiembre y fue girada a las comisiones de Energía y Combustibles, Educación y Presupuesto y Hacienda. Por lo tanto, se encuentra en etapa parlamentaria y todavía no constituye un régimen vigente.
Uno de los puntos centrales establece que la tarifa diferencial no podrá superar el 50% de la tarifa plena correspondiente al segmento en el que esté categorizada cada institución de acuerdo con su consumo.
Entre los argumentos del proyecto se sostiene que los costos de electricidad y gas forman parte de los gastos necesarios para mantener aulas, laboratorios, bibliotecas, hospitales universitarios, espacios científicos y dependencias destinadas a investigación y extensión.
Qué propone el proyecto para las facturas
Además de establecer un valor diferencial, el texto plantea que las instituciones comprendidas no sufran la suspensión, corte o reducción de los servicios de electricidad y gas como consecuencia de atrasos o falta de pago.
También propone limitar incrementos tarifarios que no hayan sido contemplados dentro de las correspondientes partidas presupuestarias destinadas a las universidades e institutos estatales.
El esquema alcanzaría a universidades e institutos universitarios estatales y a institutos de educación superior públicos, tanto de jurisdicción nacional como provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quién aplicaría el nuevo régimen
La iniciativa establece a la Secretaría de Energía de la Nación como autoridad de aplicación y contempla que el Poder Ejecutivo realice las adecuaciones presupuestarias necesarias para implementar el régimen en caso de convertirse en ley.
Mango argumentó que garantizar el acceso a la educación superior requiere también asegurar las condiciones materiales para el funcionamiento de las instituciones y planteó la tarifa diferencial como una herramienta destinada a reducir el peso de los servicios públicos sobre los presupuestos educativos.
El proyecto deberá ahora avanzar por las comisiones asignadas antes de encontrarse en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados.
