El proyecto para construir la cuarta central nuclear de Atucha III con financiamiento y tecnología de China se topó con un nuevo cuestionamiento proveniente del Congreso Nacional.
Incorporada el combo de obras y emprendimientos del denominado “Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica” (DECCE) que suscribieron a principios del año pasado en Beijing el líder chino y el presidente Alberto Fernández; la usina nuclear de Atucha III tendría un costo estimado superior a los u$s8.000 millones que, en principio, contaría con un esquema de financiación del 85% a cargo de China y el 15% restante por parte de Argentina.
El acuerdo firmado entre las autoridades de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) para el diseño y construcción de la cuarta central nuclear contempla la instalación de un reactor del tipo Hualong One (HPR-1000) que utiliza uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderador.
Tal como está planteada, la inversión china prevista para Atucha III sería una de las más elevadas en América Latina y la más voluminosa en Argentina debido a que estaría casi duplicando el monto comprometido para las obras en curso de las represas de Santa Cruz.
Pedido de informes
A poco más de un mes de la misión a Beijing que tiene agendada el ministro de Economía, Sergio Massa un pedido de informes presentado por la diputada nacional, Graciela Caamaño –ex integrante del Frente Renovador que ahora integra el bloque Identidad Bonaerense- volvió a poner sobre el tapete las dudas y cuestionamientos que persisten sobre el monto total que demandaría la construcción de la nueva central atómica y las cuestiones técnicas y las condiciones de seguridad del reactor HPR-1000 que solo cuenta con antecedentes operativos en China y Pakistán.
La presentación de Caamaño -que para algunos especialistas del sector expresa la postura de expertos energéticos del Justicialismo que rechazan la tecnología china- contiene 9 interrogantes salientes para que las autoridades de NASA y del área energética -que controla Flavia Royón- salgan a aclarar los alcances y detalles del acuerdo con la CNNC que aún no salieron a la luz.
El primer punto del pedido de informes apunta a saber a cuánto trepará el costo total en dólares del proyecto y cómo se componen los plazos e intereses de la financiación en juego.
A continuación, aparecen los siguientes interrogantes:
¿Cuál será el costo operativo por año de la energía producida y el costo de funcionamiento de la nueva planta comparado con los que tienen Atucha I yII?
¿Cuándo será el inicio de obra y en cuánto tiempo se estima la puesta en funcionamiento?
¿En cuántas plantas activas y en qué lugares está operándose internacionalmente la tecnología prevista para la nueva central y con qué modelos de seguridad?
¿Qué estudios y análisis sobre su impacto ambiental se han realizado o considerado al respecto?
¿De dónde se obtendrá la provisión de “agua liviana” para enfriar el reactor?
¿Dónde y cómo se almacenarán los elementos combustibles gastados y utilizados en el funcionamiento de la planta?
¿Qué grado de intervención tendrán los profesionales y técnicos nacionales en la nueva usina?
¿Cuál es el estimativo de radionucleidos que emitirá al ambiente la planta nuclear con el reactor tipo Hualong One?
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