Periferia

21 de Mayo de 2024

Diputados: Impulsan un proyecto de reducción tarifaria para Universidades Nacionales

La diputada de Unión por la Patria (UP), María Fernanda Avila, presentó una iniciativa que busca beneficiar a las universidades públicas en medio del recorte presupuestario.

La diputada de Unión por la Patria (UP), María Fernanda Avila, presentó un proyecto para reducir la tarifa de servicios públicos para las universidades nacionales y elevó el pedido de tratamiento al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

El artículo 1 de la normativa busca incluir “a las Universidades Nacionales dentro del régimen tarifario específico para las entidades de bien público con los alcances de la Ley 27.218 y los cuadros tarifarios aplicables”.

“El Régimen Tarifario Específico que se establece en la presente ley supone el cobro de una tarifa, por parte de los prestadores de servicios públicos, que resulta del cuadro tarifario respectivo a la categoría “entidad de bien público” dispuesta por la ley 27.218”, agrega el texto.

La presentación de la iniciativa tiene como objetivo beneficiar a las universidades públicas, en medio de tensiones con el gobierno nacional por el recorte presupuestario. Este miércoles, el Poder Ejecutivo llegó a un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero no incluyó al resto de las entidades que llevan adelante el reclamo.

En la explicación de su proyecto, Avila señala que “se fundamenta en el derecho a enseñar y aprender que contiene el artículo 14 de la Constitución Nacional y en la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional”.

“En la actualidad estamos frente a un desfinanciamiento de las universidades que va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico y social. La educación es un derecho humano fundamental, y contar con un Estado presente para defenderla es de vital importancia”, señaló.

Y agregó: “Es tarea ineludible del Estado emprender un camino que contemple situaciones particulares como la que se plantea en el proyecto, a fin de que las instituciones públicas tengan un tratamiento adecuado a su naturaleza, que recepte sus características propias y otorgue un marco legal protector del rol que las mismas tienen”.

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