El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, mantiene frenada la designación de consejeros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y advierten que la maniobra es para facilitarse los votos al interior del Consejo Directivo y avanzar con el plan de retiros voluntarios y el remate de tierrras que impulsa el presidente Javier Milei a través del titular del organismo, Nicolás Bronzovich y a través del Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
El Consejo Directivo del INTA es la máxima autoridad en ese organismo. Esa instancia colegiada -formada por funcionarios, ruralistas y académicos- recuperó vida en agosto pasado, después de un intento del gobierno de Javier Milei de degradarlo para que dependa únicamente del Ministerio de Economía, sin opiniones disonantes. El Consejo se salvó porque el Congreso se interpuso y una nueva ley aseguró la autarquía histórica del organismo. Pero…
El gobierno libertario está realizando un pequeña gran trampa que impide el funcionamiento a pleno de esta instancia, y que le facilita la aprobación de varias medidas destinadas a hacer lo que siempre quiso llevar a cabo dentro del INTA: ajustar las estructuras de personal (ahora, mediante un retiro voluntario), cerrar agencias de extensión y poner a la venta algunos campos (como sucedió con el del INTA AMBA).
Un gobierno reo del Congreso y la Justicia
En el Ministerio de Economía están burlándose en la decisión del Poder Legislativo que el 21 de agosto derogó el mega decreto 462/2025 motorizado por el gobierno (especialmente por el ministro Federico Sturzenegger), y que disponía la intervención del INTA y de otros organismos.
Ese decreto había degradado el Consejo Directivo y entronizaba al presidente designado por Economía, Nicolás Bronzovich, como único soberano. Con su anulación, todo debía volver a fojas cero y este funcionario debía volver a “gobernar” el Instituto mediante acuerdos con los consejeros. Esa decir, con los investigadores y los productores.
Estos consejeros son diez: tres funcionarios del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Universidad Pública (uno por Agronomía y otro por Veterinaria) y cinco delegados de las entidades agropecuarias (Sociedad Rural, Coninagro, CRA, Federación Agraria y los Grupos CREA). Mes a mes, ese grupo de trabajo debe decidir las medidas que se van a adoptar dentro del organismo. Para la celeridad que pretende el gobierno de Milei para poner campos y despedir personal, consensuar esas medidas hasta ahora ha sido un escollo.
El ardid del Gobierno para que avance el ajuste sobre el INTA
Ni bien el Congreso derogó el decreto impulsado por Sturzenegger (y además la justicia federal le falló en contra por su inconstitucionalidad), los funcionarios libertarios empezaron con las triquiñuelas, ya que el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el propio Bronzovich demoraron casi tres meses la convocatoria a los consejeros para que reanuden sus funciones. Finalmente este cuerpo volvió a reunirse a fines de 2025.
Para cumplir con la ley, curiosamente, los funcionarios libertarios pusieron una condición que no estaba escrita en ningún papel: pidieron a las entidades rurales y a las universidades públicas que revisaran a sus delegados en el INTA. Esto permitiría una cierta “limpieza” de aquellos nombres que más se habían opuesto a la propuesta de ajuste que quiere llevar adelante el gobierno, y que trascendió en diferentes documentos internos: reducir la planta de personal en 1.500 personas y poner a subasta más de 40 mil hectáreas de campos experimentales.
Esa “presión” de Iraeta y Bronzovich a los lábiles dirigentes de la Mesa de Enlace dio resultados parciales. Federación Agraria finalmente retiró al combativo Pablo Paillole y lo reemplazó por Gustavo Tettamanti, Coninagro hizo lo propio con el correntino Nicolás Carlino y designó al chaqueño Juan Patricio Hutak, los grupos CREA nombraron a Martín Tuculet en reemplazo de Alejandro Conci. Sin llegar a mostrar una docilidad plena, las entidades rurales aceptaron “bajar” algunos nombres que hacían ruido.
Normalización tardía
En el Decreto 786/2025 del 11 de noviembre, Milei y el ministro Luis Caputo oficializaron estas renovaciones y curiosamente la única entidad agropecuaria que revalidó a su representante fue la Sociedad Rural Argentina (SRA), usualmente más cercana a votar junto al gobierno, En ese caso se extendió el mandato del veterinario Juan Manuel Batista. El otro sobreviviente del “viejo” Consejo Directivo fue el representante de las facultades de Agronomía, Jorge Omar Dutto, designado por la Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior (AUDEAS).
Pero la normalización fue parcial, ya que después de esa medida el Poder Ejecutivo nunca trató las dos designaciones que faltaban, que son las de CRA y las Facultades de Veterinaria. Esto redujo el número de integrantes del Consejo de 10 a 8, con lo cual los 3 representantes del gobierno (además de Bronzovich el vicepresidente Carlos Alberto Antonio Vera -también cercano a la SRA- y la representante de la Secretaría de Agricultura María Inés Amuchástegui), están mucho más cerca de lograr la mayoría en las votaciones. Solo necesitan de dos consejeros del ruralismo que los avalen y no los tres que hubieran requerido con el consejo funcionando normalmente.
Retiros voluntarios y remate de tierras del INTA, el objetivo del Gobierno
Esta “oxigenación” del principal poder dentro del INTA le permitió al gobierno avanzar algunos pasos en sus planes, al aprobar un nuevo retiro voluntario, la venta de un predio de 34 hectáreas en el conurbano que pertenecía al INTA AMBA, y cerrar algunas agencias de extensión rural en Buenos Aires y Córdoba. Pero la trampa es evidente: ya han pasado más de seis meses de una demorada designación de los dos consejeros que faltan.
En el caso de Veterinarias, la situación es insostenible y la denuncia a viva voz el consejero elegido por ese sector, Guillermo Bernardes. “Fuí consejero directivo del INTA hasta julio de 2025 cuando por decreto lo disolvieron, eso luego quedó sin efecto y se ordenó que volviera a su conformación, según la ley de creación del INTA, o sea a 10 miembros. Desde noviembre de 2025 el Consejo Directivo tiene oficialmente designadas 8 sillas. Es decir que estas últimas decisiones de ajuste las toman esas 8 personas y no todo el Consejo. Faltan las designaciones de las Facultades de Ciencias Veterinaria (debería ser yo) y la de CRA”, explicó.
Maniobra dilatoria para que avance el ajuste sobre el INTA
No hay demora de parte de esas instituciones sino una clara maniobra dilatoria por parte del gobierno, pues en ambos casos los propuestas están “cajoneadas” en algún despacho de Agricultura o del Ministerio de Economía.
Según consigna el medio Bichos de Campo, en el caso de CRA, que estaba siendo representada antes de la intervención por Sergio Melgarejo, la entidad volvió a enviar el nombre de ese dirigente junto con otras dos alternativas, como para que el Poder Ejecutivo pueda elegir entre ese trío el consejero que menos le disguste o sea más afable a sus planes. Fuentes de la entidad confirmaron que cumplieron con todos los plazos legales e hicieron su propuesta en noviembre pasado, insistiendo con Melgarejo en la primera posición de la terna. Pero es evidente que el nombre no les gusta a Iraeta y Bronzovich, que dilatan la resolución hasta orillar una ilegalidad.
En el caso de Bernardes tampoco no hay excusa para demorar su nombramiento, ya que las Universidades Públicas no están obligadas a presentar varios candidatos, como sucede con los dirigentes del campo. “Fui ratificado por cuatro años más en el Consejo de decanos de Veterinaria, aunque mi mandato original era hasta julio de 2026. He presentado toda la documentación necesaria y el Consejo por nota enviada en marzo ha solicitado la pronta designación a la secretaría de Agricultura”, informó a Bichos de Campo este profesional, bastante molesto porque no se tuvo en cuenta las posiciones que él representa en el Consejo Directivo del INTA.
Que son decisiones impugnables o al menos viciadas, por cierto, pues no han sido votadas por todos los integrantes de dicho cuerpo.
