El proyecto de ley de financiamiento de Universidades Nacionales que debate el Congreso nacional implicaría un gasto adicional para este ejercicio de $ 738.595 millones, equivalente a 0,14% del PBI, según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El valor en términos monetarios es interpretable. A muchos puede parecer
La ley es un nuevo desafío al Poder Ejecutivo dado que pega directamente en el corazón de la política económica, ya que obliga a una mayor erogación y expone nuevamente al presidente Javier Milei a un veto por el que deberá pagar un alto costo político si no apela a gestionar fondos de otras áreas de Gobierno.
El informe de la OPC se divulgó este jueves en medio de la discusión legislativa y cuando la Cámara Baja ya había dado su voto positivo. Fue a pedido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.
No es gasto, es inversión
El “gasto” para el Estado (lo que le preocupa al Gobierno) es del 0,14% del PBI pero lo que cabe preguntarse es si no habría que cambiar el término por “inversión” cuando de lo que se habla es de contar con un sistema sólido de producción de conocimiento y generación de profesionales que impactarán en todas las áreas de la actividades productivas, sociales, sanitarias y culturales.
Y es que construir en el tiempo un sistema universitario como el que sostuvo Argentina implicó que sus profesionales y técnicos se desplieguen en áreas impensadas agregando valor a actividades productivas. El gasto se puede medir en cifras, pero las implicancias sociales, culturales, económicas y productivas de tener universidades vigorosas y en funcionamiento es incalculable.
En países de la región que no gestaron el modelo universitario que se habilitó en Argentina (como lo son Chile o Perú) la llegada a la universidad es una utopía para las familias de clase media y media baja. Allí el Estado destina una bajísima inversión a sus sistemas académicos y la demanda es cubierta por las universidades privadas, a las que acceden los sectores de clase alta.
Para tener en cuenta ese modelo cabe mencionar que ingresar a un centro privado de formación en alta tecnología como lo es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) hoy cuesta entre 800.000 y 1.200.000 pesos por mes. La cifra marca el techo de lo que le podría pasar a la clase media y media baja si en Argentina el Estado no sostiene la infraestructura de calidad de las universidades públicas: quedarse afuera de la chance de profesionalizarse. Y es que una carrera universitaria completa podría equivaler a un valor de entre 30 mil y 40 mil dólares para cualquier familia. Así sucede en países que no cuentan con modelos académicos sólidos constituidos a partir de políticas públicas constantes en el tiempo.
En los 70 años de inversión en universidades nacionales, Argentina pasó de tener 66 mil estudiantes a casi 3 millones en la actualidad, que se despliegan en áreas consideradas estratégicas para nuestro país como la energía, la salud, el agro o el desarrollo aeroespacial. Argentina se posicionó incluso con gestación e incubación de empresas de base tecnológica en sectores en los que hay apenas un puñado de países desarrollando tecnología, como es el área satelital.
Satélites, vacunas, tecnología para la actividad minera, pero también profesionales que desarrollan actividades que van desde la medicina a la abogacía o la consultoría, se desperdigaron a lo largo de todo el país, como consecuencia de haberse formado en las universidades nacionales. El valor agregado por la especialización en áreas claves es una derivación de la inversión constante (aunque pendular) en el sector académico (pero no sólo en ese sector).
Los números
Ahora bien, si reducimos la discusión a números, el aumento del “gasto” en $ 738.595 se compone de la siguiente manera: $ 441.600 millones (0,08% del PBI) adicionales para recomposición salarial del personal docente y no docente; $ 210.742 millones (0,04%) por actualización por IPC anual 2023 de los gastos de funcionamiento, y $ 86.254 millones (0,02%) por la actualización bimestral por IPC 2024 de esos mismos gastos. (Esta división obedece a que la ley con media sanción propone actualizar los créditos presupuestarios para gastos de funcionamiento al inicio del ejercicio 2024 por la variación anual del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y luego, bimestralmente, ajustar el monto resultante por el IPC descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año).
A su vez, la subdivisión de los gastos de financiamiento tienen el siguiente desglose: $ 228.906 millones adicionales para “Asistencia para el funcionamiento universitario” (servicios y demás gastos corrientes); $ 40.859 millones “Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en Universidades”, $ 19,530 millones para “Asistencia a los Hospitales Universitarios” y $ 7.700 millones para “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria”.
Con relación a los salarios, las remuneraciones de los docentes demandarían un presupuesto adicional de $ 277.187 millones, mientras que las de los no docentes insumiría $ 164.413 millones extras.
Los números que ofrece la OPC muestran que en el caso del financiamiento universitario el costo es aproximadamente un tercio de lo que demanda la ley de movilidad jubilatoria que el presidente Javier Milei, se apresta a vetar.
Proyecto en camino a convertirse en ley
Desde el oficialismo defienden la actual estructura presupuestaria marcando que 2024 contempla partidas para las universidades por $ 3 billones contra $ 1,4 billones del ejercicio 2023, lo cual implica un alza de 120%, que estaría en línea con la inflación proyectada para el año. Cabe recordar que el ejercicio de este año se ejecuta con el presupuesto 2023 prorrogado, con actualizaciones discrecionales por parte del Poder Ejecutivo.
Para esquivar esta discrecionalidad y marcarle la cancha al Gobierno libertario, es que la oposición avanzó en un proyecto de ley que en la Cámara de Diputados fue aprobado con 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención.
Debate en el Senado
Este jueves se reunió la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, que quedó a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro, mientras que aún resta definir la vicepresidencia que estará a cargo de la Unión Cívica Radical. Se acordó que el martes próximo se trate el proyecto en un Plenario de Comisiones de Presupuesto y Hacienda y se habría alcanzado un acuerdo entre los presidente de los bloques para que se debate el jueves en el recinto.
De Pedro reveló que dialogó con el presidente del bloque de La Libertad Avanza, el jujeño Ezequiel Atauche, quien se comprometió a realizar el plenario el martes desde las 17. La situación del bloque oficialista no resulta cómoda ante la minoría que expresa y mucho más tras la salida del formoseño Francisco Paoltroni, con lo cual se expone a otro revés para el Ejecutivo.
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