Durante la reunión del Consejo Nacional de Rectores en el Campus de la Universidad del Nordeste (UNNE), en Resistencia, la secretaria gremial de la Federación de Docentes Universitarios (CONADU), Verónica Bentancour graficó la situación presupuestaria que atraviesan hoy las universidades.
“Lo que vinimos a plantear a los rectores es la necesidad de un reclamo urgente de un aumento presupuestario de emergencia, frente a la crisis que estamos atravesando. Ahora tenemos una cláusula gatillo que recién podríamos estar cobrando en el mes de noviembre”, dijo Betancour.
Representando a CONADU, Betancour, junto a Marisú Liwsky, de CODIUNNE, aseguró que “reclamamos el Bono de los $5.000 para los empleados estatales del que fuimos excluidos, recibiendo un No rotundo como respuesta”.
Agregando que, en el contexto de las demandas de los docentes, “fuimos como corresponde a pedirles a los rectores que se sumen a este reclamo. Esta situación de crisis impacta en los trabajadores del país, y nosotros no estamos exentos de su alcance, no escapamos de la variable inflacionaria ni de la pérdida del poder adquisitivo”.
Además, dieron a conocer que “hay gente que tiene salarios que no alcanzan a la Canasta Básica; en este momento un docente universitario que recién comienza, con dedicación simple, está cobrando $7.500 pesos. Hemos perdido el 30% del poder adquisitivo de nuestros salarios”.
Asegurando ambas que “estamos atentos porque viene una cláusula de revisión. Se pidieron $4.000 millones para Universidades nacionales, hubo consenso y se aprobó todo por unanimidad, entrando a jugar el tema de las autonomías universitarias. La educación superior es un derecho y es una obligación del Estado asegurarla”.
“Está también la aplicación plena del convenio colectivo y vver cómo damos respuesta a los docentes de trinchera. La cláusula gatillo es parte del acuerdo salarial, y lo que planteamos es que se aplica cuando se conoce el índice de septiembre, o sea que se aplica en octubre y cobramos en noviembre. Allí recuperaríamos un solo mes, cuando perdimos cuatro”, observaron.
Estimaron, además, que “la política del Gobierno nacional con la educación pública no ha sido buena. Ha bajado más de un 30% la asignación presupuestaria para la educación en general, y no sólo han bajado la importancia del presupuesto universitario, sino el PBI y las becas estudiantiles. Los gastos de funcionamiento para las Universidades es menor al 5%, cuando debería ser de 15 a 85, y los gastos están estimados con un dólar a 23 pesos. Esto hace imposible por ejemplo la compra de insumos”, concluyen.
