Luego de dos años y medio en los que fueron más visibles los casos de corrupción libertaria que los logros de gestión en el sector nuclear, el gobierno de Javier Milei presentó sus “primeros lineamientos formales de política nuclear y fijó cuatro objetivos para reordenar el sector: generar divisas con exportaciones de alto valor agregado, asegurar energía con bajas emisiones, preservar la capacidad tecnológica nacional y consolidar el liderazgo regional”.
Lo hizo, mediante un documento de 54 páginas elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares que fue difundido el 7 de junio, en el 76° aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Lejos de definir pautas presupuestarias, la iniciativa que no funciona como un plan operativo con cronogramas ni partidas presupuestarias define “un marco doctrinario” de lo que debe esperarse del sector, por qué el Estado lo sostiene y con qué lógica se tomarán las decisiones.
Ese marco parte de un diagnóstico técnico de las capacidades instaladas y culmina con críticas hacia las gestiones anteriores. “El problema central del sector nuclear argentino dejó de ser de naturaleza técnica con bastante antelación al período presente”, sostiene el documento, que añade que la capacidad de diseño, operación, fabricación y producción “está consolidada”, pero no ocurrió lo mismo con el andamiaje institucional, comercial y de gestión que permita convertirla en industria a escala, exportaciones sostenidas y retorno verificable para el país.
La justificación del ajuste a la CNEA
Según el Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), la CNEA, tercer organismo del SNCTI en volumen presupuestario, y organismo nodal del sector nuclear en nuestro país, mostró “descensos reales de inversión del 26,8% y del 19,9% real en 2024 y 2025”.
“Para el 2026 la dinámica de ejecución implica una reducción adicional del 14,4%, totalizando una caída del 49,8% en tres años en términos reales. De esta manera el organismo muestra un fuerte retroceso presupuestario, ubicándose en el nivel que tenía en 2008. Asimismo cae un 56,0% real desde su máximo en 2022”, sostiene el documento.
Pues bien, el documento libertario no apunta a recuperar esa caída en la inversión presupuestaria que llega al 56% en cuatro años, sino a justificar la desinversión. El documento afirma que la Argentina integra el grupo de 15 países que dominan la totalidad del ciclo del combustible nuclear. También recuerda que opera tres centrales de potencia, exporta reactores de investigación, produce radioisótopos médicos y forma cuadros técnicos con reconocimiento internacional.
El “plan” nuclear libertario: Escasa inversión estatal y apuesta al sector privado
Sobre esa trayectoria, los lineamientos formulan una crítica política e institucional. “Lo que el país hizo bien lo sostuvo durante décadas, y lo que hizo mal lo sostuvo también durante décadas”, dice el documento, que resume la asimetría en otra frase: “Argentina ha producido sostenidamente ciencia y técnica nuclear de nivel internacional, pero no ha logrado convertir esa producción en industria de escala equivalente”.
Exportar tecnología y no subsidiar proyectos inviables
Los “Lineamientos Política Nuclear Argentina 2026” establecen que la política de la Secretaría de Asuntos Nucleares “se ordena en torno a cuatro metas con jerarquía explícita”. Cuando dos entran en tensión, prevalece la de mayor rango.
El primero y más alto es la generación de divisas mediante exportaciones de alto valor agregado. El documento señala que Argentina debe constituirse como un actor clave en la cadena de suministros global de tecnología nuclear, priorizando segmentos donde la oferta mundial está concentrada en pocos proveedores y la demanda proyectada excede la capacidad instalada disponible. Quedan expresamente excluidas de este objetivo la exportación de uranio sin procesamiento —“segmento de bajo margen donde Argentina no presenta ventajas comparativas estructurales”— y los proyectos cuya viabilidad dependa de subsidios cruzados con recursos públicos.
El segundo objetivo es la seguridad energética con bajas emisiones. Las líneas de acción son tres: operar las centrales existentes —Atucha I, Embalse y Atucha II— en condiciones óptimas de disponibilidad técnica y costo operativo; evaluar caso por caso la incorporación de nueva capacidad de generación nuclear bajo el mismo estándar comparativo aplicable a cualquier otra alternativa; y participar de forma informada en el desarrollo global de reactores modulares pequeños, sin precipitar inversiones que la demanda eléctrica argentina no respalde. El texto descarta explícitamente como meta la maximización de la participación nuclear en la matriz eléctrica como fin en sí mismo.
La tercera meta es preservar y desarrollar la capacidad tecnológica nacional mediante la consolidación y modernización del sistema de formación nuclear especializada y su incorporación progresiva a universidades nacionales con tradición en ingeniería.
El cuarto objetivo es el liderazgo regional y el posicionamiento geopolítico: consolidar a Argentina como referencia técnica e institucional del sector nuclear en América Latina y el Caribe, y traducir su pertenencia al grupo de países con capacidad nuclear plena en ventajas concretas de inserción internacional, alianzas estratégicas y participación en los foros multilaterales donde se definen las reglas del sector.
El quinto reconoce al sector privado como socio del Estado en la ejecución sectorial. El sexto impone disciplina fiscal y eficiencia operativa como condiciones obligatorias y no como preferencias programáticas: “La importancia estratégica eleva el estándar de exigencia al que cada proyecto debe responder, dado que las áreas estratégicas requieren mayor rigor en la asignación de recursos y no menor”, sostiene el informe, que explicita que el Gobierno busca que la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en proyectos actuales y futuros le genere ingresos claros en lugar de gastos.
