A pesar de que el Poder Ejecutivo sostiene que el problema de las universidades nacionales ha sido solucionado con un incremento del 270% en los gastos de funcionamiento, la realidad es que este aumento representa menos del 10% del presupuesto total de las universidades. En un contexto donde más del 80% de los fondos se destinan a salarios, la medida ha servido principalmente para desmovilizar a la comunidad universitaria y postergar el debate sobre el financiamiento de la educación superior en la Cámara de Diputados.
Los datos son alarmantes: en el primer semestre de 2024, las transferencias a las universidades cayeron un 37% en comparación con el mismo período del año anterior, y se sitúan un 36% por debajo del promedio de los últimos ocho años. Este ajuste ha tenido un impacto directo en los docentes y no docentes universitarios, quienes desde diciembre de 2023 han percibido incrementos unilaterales sin espacio para la negociación colectiva.
El desequilibrio con la inflación
El primer aumento salarial durante la gestión de Javier Milei fue del 6% en diciembre, mientras que la inflación se disparó al 25,5% tras la devaluación. En enero, los salarios permanecieron estancados frente a una inflación del 20,6%. Como resultado, los docentes han visto una pérdida del 23% en su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, en un contexto donde la inflación acumulada fue del 134,6%, mientras que sus salarios solo aumentaron un 80,4%.
La situación es aún más crítica para aquellos que ocupan cargos de menor jerarquía en las universidades. Por ejemplo, un Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple ha perdido un 32,2% de su poder adquisitivo en el mismo período, lo que equivale a un recorte de casi un tercio de su salario. Esta disparidad se debe a la decisión del Gobierno Nacional de congelar la garantía salarial docente, es decir, el mínimo que debe percibir un docente universitario. Como resultado, aquellos salarios que estaban alcanzados por este piso han recibido aumentos menores que el resto.
El panorama es desolador para la comunidad educativa, que se siente atrapada entre un ajuste fiscal que parece no tener fin y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. La decisión de congelar la garantía salarial ha dejado a muchos docentes en una situación precaria, similar a la que enfrentan los jubilados que dependen de un bono mínimo.
Fuente: Consejo Interuniversitario Nacional
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