El director del Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense, Carlos María Naón, celebró la sanción de la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, y sostuvo que “es central tener soberanía científica y tecnológica”.
“Se trata de un avance muy importante, con un aumento en el presupuesto sostenido en el tiempo que va a dar mejores condiciones a la ciencia y a la tecnología”, afirmó Naón en declaraciones a radio Provincia.
“La pandemia hizo más evidente lo central de la ciencia y la tecnología. Es muy importante lo que dejó en nuestra sociedad y el sector es impresionante como respondió”, planteó.
Para el titular de la CIC “es central la soberanía científica y tecnológica”.
La ley
La ley plantea el escalonamiento de la inversión en la Función Ciencia y Técnica, hasta el 1% del PBI en 2032. La Función Ciencia y Técnica se encuentra integrada en la Finalidad “Servicios Sociales”, del Presupuesto Nacional, y engloba a 17 organismos científicos y tecnológicos, distribuidos en nueve ministerios.
Esos 17 organismos son una parte (la mitad) del total de lo que representa el sector de ciencia y tecnología nacional. Es decir que la Función Ciencia y Técnica representa aproximadamente el 50% de toda la inversión de ciencia y técnica que hace la Argentina.
En ese espectro más amplio, que esta ley no alcanza (pero si impacta), está la inversión que realizan las empresas privadas, por ejemplo, y los cargos de dedicación exclusiva de las universidades.
La Ley, por tanto, plantea incentivar con inversión en un área específica y considerable alcanzada por el sector público, para generar una sinergia en ese resto del sistema científico y tecnológico, pero también en el productivo.
Hoy la inversión que realiza Argentina para la Función Ciencia y Técnica, se encuentra en el 0,28% del PBI, (en su mejor época, durante el kirchnerismo alcanzó el 0,35% del PBI) por lo que la iniciativa plantea cuadruplicar la asignación a lo largo de once años, con una cláusula que impide que los recursos año a año sean menores que el año anterior.
En 2012 la inversión total en I+D (pública a nivel nacional y provincial + la inversión privada) alcanzó el 0,63%, monto más alto de la historia.
Por otra parte, apunta a declarar de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (art.1); Financiamiento Progresivo: el objetivo es comenzar el 2021 con el 0,28% para alcanzar en 2032 el 1% del PBI; progresividad y planificación para un proyecto nacional de desarrollo, generar exportaciones, divisas y nuevos empleos de calidad (arts. 2, 3 y 5); desarrollo federal de un sistema de ciencia y tecnología que tienda a la reducción de las asimetrías entre regiones y a la consolidación y crecimiento de los sistemas provinciales con participación del COFECYT (arts. 3 y 8); Propiciar la igualdad real y efectiva de género en todos los niveles y ámbitos del sistema científico (art. 3).
La tabla de inversión del nuevo proyecto:
2021: 0,28% del PBI
2022: 0,31% del PBI
2023: 0,34% del PBI
2024: 0,39% del PBI
2025: 0,45% del PBI
2026: 0,52% del PBI
2027: 0,59% del PBI
2028: 0,68% del PBI
2029: 0,78% del PBI
2030: 0,90% del PBI
2031: 0,95% del PBI
2032: 1% del PBI
17 organismos científicos y tecnológicos
La ley beneficiará a todos los organismos de ciencia y tecnología que integran la Función y Técnica y que se distribuyen entre 9 ministerios: La Fundación Miguel Lillo, CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), la Administración Nacional de Laboratorios (ANLIS), el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa (CITEDEF), el área de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).
El proyecto se plantea como base de consistencia en financiamiento para la Ley 25467, de Ciencia, Tecnología e Innovación e Innovación productiva, para el corto, mediano y largo plazo.
