La Legislatura porteña aprobó hoy, con votos de los legisladores del oficialismo y fuerzas aliadas, una ley que autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a crear un “fondo fiduciario para la promoción a la innovación, ciencia y tecnología”, que estará conformado con aportes públicos y privados.
La iniciativa recibió 38 votos a favor y 19 en contra, y mientras desde el bloque oficialista Vamos Juntos afirmaron que generará “empleo sostenible y permitirá el ingreso de divisas” al país, desde el Frente de Todos argumentaron que “no favorece al sector productivo” local.
Por su parte, desde el Frente de Izquierda apuntaron que los beneficiados serán los “grandes empresarios”.
De acuerdo a la nueva ley, “el fondo y el fideicomiso establecidos tendrán por objeto brindar soluciones de financiamiento a proyectos que fomenten o aporten el desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología”.
Entre los “destinos” para esos fondos, se encuentra la “inversión en infraestructura de conectividad necesaria en los barrios populares” y las “becas de estudio para estudiantes destacados del nivel secundario, terciario y universitario en áreas de ciencia y tecnología”.
También prevé dar becas de capacitación a trabajadores para la “incorporación al primer empleo digital, la especialidad en tecnología informática o profesionalización en tecnologías de alto impacto”.
Además, se usarán para “inversión en proyectos de innovación en la gestión de gobierno”.
“Creemos fundamental el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, pero estos fondos fiduciarios terminan siendo un nuevo beneficio para los empresarios, y no a los trabajadores”, dijo la diputada Mercedes de Mendieta, del Frente Izquierda.
Y añadió que “detrás del concepto de emprendedores, tal como se desprende del texto de la ley, pueden estar los grandes empresarios de la tecnología, que terminan siendo subsidiados, mientras el Estado absorbe el riesgo de la inversión”.
La diputada María Bielli, del Frente de Todos, dijo por su parte que ya hay una ley en la Ciudad (la 2.511, que exige al Gobierno invertir el 1% del presupuesto de la ciudad en Ciencia y Tecnología), de la cual “no se ejecutan los fondos”.
Además, criticó la nueva norma por “no establecer metas ni fondos mínimos”, mientras que, respecto a los “destinos”, dijo que “hay una gran dispersión que permite casi cualquier cosa”.
Por otra parte, consideró que “no favorece al sector productivo ni a los capitales nacionales, y no hace una segmentación de empresas”.
“Durante toda la pandemia -agregó- pedimos que el Gobierno de la Ciudad garantizara conectividad en barrios populares, lo cual no puede ser considerado como “innovación”, es una obligación indelegable del Estado que no puede estar atada a la creación de un fondo con aportes privados”
Matías Barroetaveña, también del Frente de Todos, afirmó a su turno que, con fondos como este, el oficialismo porteño “construye coartadas” para justificar los convenios urbanísticos a través de los cuales recibe contraprestaciones monetarias, a cambio de autorizar “torres sorpresa que arruinan la calidad de vida de los vecinos y de los servicios públicos”.
“Hay más de 100 convenios en carpeta y buscan blanquearlos, justificar que esa plata va a ir a ciencia y tecnología”, agregó.
Hernán Reyes diputado de la Coalición Cívica y autor de la ley, dijo por su parte que el nuevo fondo será un “instrumento para financiar proyectos público-privados” que, a través de la economía del conocimiento, “generarán empleo sostenible de calidad y traerán divisas al país”.
Luego criticó a los diputados que se refirieron al Estado y a los capitales como fuerzas contrapuestas, al decirles que “la salida es con el Estado, el mercado y la sociedad civil. Dejen las ideas retrógradas que están oxidando nuestro país y llevándolo al subsuelo del mundo”, dijo.
