Finalmente, el viernes venció el plazo para la promulgación de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario y el tema encendió las alarmas en el sistema universitario y en la oposición parlamentaria.
Los gremios que representan a nodocentes (FATUN) y docentes (FEDUN) de las universidades nacionales, en la voz de sus secretarios generales, Walter Merkis y Daniel Ricci, adelantaron que iniciarían acciones legales penales contra el presidente, Javier Milei, si no se daba promulgación desde el Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por las dos cámaras del Congreso y que, pese al veto del presidente, fue confirmada por el Parlamento.
A los gremios se sumó un documento de las universidades y legisladores opositores que enviaron una carta documento a la Secretaría Legal y Técnica y al Boletín Oficial para que se cumpla con la publicación inmediata. El reclamo apuntó a garantizar la vigencia plena de las normas y a destrabar la ejecución presupuestaria que establece la ley universitaria.
El 2 de octubre, el Senado insistió con más de dos tercios para rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las dos leyes. Con esa votación, ya sumaron tres los vetos que el Poder Ejecutivo no logró sostener en el Congreso durante este año legislativo. Desde entonces, comenzó a correr el plazo para la promulgación, un paso administrativo que habilita la publicación y, con ello, la ejecutividad de las normas. Fuentes parlamentarias señalaron que la demora afectó la planificación financiera de las universidades y la recomposición salarial prevista para los trabajadores del sector.
Avalancha de Acciones legales
El diputado socialista Esteban Paulón reforzó el reclamo con un mensaje público y una intimación formal. “Vencido el plazo, publiquen las leyes”, afirmó el legislador, y agregó que intimó “a la Secretaría Legal y Técnica y al Director del Boletín Oficial a su urgente publicación”, con la advertencia de iniciar acciones legales en caso de incumplimiento.
La carta documento presentada mencionó de manera expresa a la Dra. María Ibarzábal Murphy y al titular del Boletín Oficial, y reclamó la publicación, promulgación y reglamentación de las normas bajo apercibimiento de denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público.
La Justicia empezó a consolidarse como estrategia desde las universidades y la dirigencia política que defiende que se financie a las casas de estudios superiores, a tal punto que en Río Negro, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) instruyó al rector, Anselmo Torres, a tomar acciones judiciales por el mismo motivo, contra el Poder Ejecutivo de la Nación.
La decisión de la universidad nacional patagónica podría replicarse entre las 70 casas de estudios superiores como un “efecto avalancha” en lo que sigue de esta semana, antes de las elecciones.
Marco constitucional y argumentos de la oposición
El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, fundamentó el reclamo con referencias a la Constitución Nacional. “El artículo 83 de la Constitución dispone que si ambas Cámaras insisten con una mayoría de dos tercios, el veto del Presidente no tiene ningún efecto. A partir de allí, el artículo 99 inciso 3 impone al Ejecutivo la obligación de promulgar y publicar la ley.
¿Promulgación tácita?
La doctrina constitucional —desde Bidart Campos hasta Badeni y Sagüés— coincide en que la omisión no puede paralizar la vigencia de una ley. En otras palabras: la voluntad legislativa prevalece sobre la voluntad (o el silencio) presidencial. Por analogía con el artículo 80, el Poder Ejecutivo dispone de diez días para promulgar la norma. Si no lo hace, debe considerarse promulgada tácitamente. De lo contrario, se habilitaría un vacío inaceptable”, sostuvo el legislador.
Para referentes parlamentarios que acompañaron la insistencia, la discusión ya no pasó por la oportunidad de la norma sino por el estricto cumplimiento de los procedimientos. En ese sentido, remarcaron que la demora en la promulgación generó incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos y el cronograma de actualización salarial. También señalaron que la publicación en el Boletín Oficial es el acto que otorga oponibilidad general y evita interpretaciones sobre la vigencia efectiva. El envío de cartas documento buscó, además, fijar responsabilidades administrativas ante un eventual incumplimiento.
Las universidades, en pie de guerra
Desde el sistema universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundió un comunicado que exigió la puesta en marcha de la ley y advirtió por la situación del sector. “Reclamamos al Poder Ejecutivo Nacional la promulgación y la ejecución de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario”, señalaron las autoridades reunidas en Comité Ejecutivo ampliado.
El documento destacó que “la situación salarial de las y los trabajadores de la educación superior y presupuestaria del sistema universitario es cada vez más grave” y que la norma aprobada “ofrece una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes”.
“No hay excusas”
El CIN recordó que la Ley Nº 27.795 fue el resultado de un proceso de trabajo con aportes de todas las representaciones académicas y su posterior debate y aprobación en el Congreso, ratificada por amplia mayoría en ambas cámaras tras el veto presidencial. “No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada”, expresaron.
El organismo mencionó, además, que recurrió dos veces al Congreso por su competencia presupuestaria y que la sociedad se manifestó en tres oportunidades en apoyo al reclamo universitario. En ese contexto, pidieron al Ejecutivo “que, en cumplimiento de su responsabilidad y de los plazos legales establecidos, promulgue y ejecute este instrumento que garantiza la reparación tan necesaria”.
El pronunciamiento universitario incluyó un reconocimiento al Congreso de la Nación por insistir en la aprobación de la ley y una propuesta para comenzar a trabajar en el Presupuesto 2026, tomando como base los recursos que garantiza la Ley Nº 27.795. Para rectores y rectoras, la ejecución inmediata de la norma resultó clave para sostener el funcionamiento del sistema y evitar que se agraven tensiones salariales y presupuestarias.
Incertidumbre en medio de la crítica situación
En las universidades, los equipos de gestión ya habían planificado la asignación de partidas en función de los criterios establecidos por la ley. La falta de publicación, advirtieron, demoró ese esquema y extendió la incertidumbre en las casas de estudio.
En el plano político, la discusión se dio en medio de otros dos antecedentes recientes en los que el Congreso revirtió vetos del Ejecutivo. Dirigentes opositores interpretaron que la situación consolidó una dinámica de control parlamentario sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.
En paralelo, el oficialismo se mantuvo en reserva sobre los pasos a seguir, mientras continuaron las gestiones administrativas ante Legal y Técnica. La definición, coincidieron las partes involucradas, dependió de la firma del decreto de promulgación y su posterior publicación en el Boletín Oficial.
Las universidades también irán a la Justicia si Milei veta el Financiamiento Universitario
