En el Senado se encendieron las alarmas por un artículo de la Ley de Presupuesto 2026 que habilita al Gobierno a realizar más ajuste sobre las universidades nacionales, si es que el funcionario de la cartera que maneja los fondos no está satisfecho con la rendición de cuentas que realizan las casas de estudios superiores.
El artículo es el 12 de la ley que plantea: “Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell– del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.
“El ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, el artículo que genera alarmas en sectores del Senado.
“Entiendo la bronca por el 30, pero peor es el 12. Hay que revisar bien eso. Básicamente, te dice que si un funcionario híper mileísta considera que una universidad no le da la información que considera pertinente, cierra la canilla. Me parece demasiado. Y pasó, como pasaron otras cosas”, le dijo un senador cercano al gobierno, al medio Infobae.
Superpoderes para Torrendell y Álvarez para ajustes “extra” a las universidades
Claro, el artículo le da “superpoderes” al titular de la cartera de Educación, Carlos Torrendell, para para cortar fondos a las casas de estudios superiores, si lo considera conveniente, o entiende que no cumplen con los requerimientos solicitados.
El otro funcionario en la mira es Alejandro Álvarez, el Secretario de Políticas Univeristarias “anti-universidades” de Javier Milei. Es que su posición desde que asumió fue no gestionar vínculos con el Gobierno, sino mas bien dedicarse a sembrar sospechas infundadas sobre los rectores, los y las docentes, y el sistema universitario en general para legitimar el brutal ajuste del gobierno nacional.
De él se espera menos que tenga una mirada objetiva e imparcial, y el artículo 12 lo podría habilitar a que quite fondos discrecionalmente sobre las universidades nacionales.
Preocupación por el artículo 12
En un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara alta hay preocupación por este artículo y por el artículo 30, el cual habla de derogar ítems sobre el Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.
“Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de pesos cuatro billones setecientos ochenta y cinco mil ciento diecisiete millones seiscientos setenta y dos mil setecientos sesenta y cinco ($4.785.117.662.765), de acuerdo con el detalle de la planilla anexa al presente artículo. Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell- del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, comienza.
Y sigue: “El presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de educación y cultura; salud y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución presupuestaria y contable, así como la cuenta de inversión deberán considerar asimismo el clasificador funcional. Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año 2026 serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2025, salvo los aumentos de las plantas aprobadas y autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación, según lo establezca el Ministerio de Capital Humano”.
En definitiva, será interesante ver hoy los diferentes movimientos a la hora de votar la ley en general y, sobre todo, en particular. En el recinto, un paso en falso puede ser traumático para La Libertad Avanza. Se busca terminar en paz el período extraordinario, aunque nada está regalado ni cae del cielo en la Cámara alta.
La crisis terminal que atraviesan las universidades nacionales, con salarios de docentes que ya perdieron más de cien puntos contra la inflación y con ajuste a los gastos de funcionamiento, de infraestructura e investigación en el orden del 40%, podría agravarse en 2026 si se aprueba tal como está el proyecto de ley de presupuesto 2026
Es que luego de dos años de no contar con un presupuesto aprobado, con prórrogas desactualizadas; y tras registrar en 2025, la inversión más baja de los últimos 20 años para educación superior, el proyecto presentado para 2026 por la administración de Javier Milei, consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes.
Motosierra contra las universidades en 2026
El contexto de la votación de hoy se da en un marco de motosierra para el sistema educativo nacional y para la UBA que no se detuvo ni se detendrá. En las univesidades alertan que la partida prevista para 2026 no contempla:
La recomposición de los gastos de funcionamiento.
La actualización de las becas estudiantiles.
La reanudación de las obras de infraestructura y mantenimiento que continúa paralizada.
La recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, gravemente afectados en 2024 y 2025.
Ni un mecanismo que impida que el presupuesto siga perdiendo valor en 2026.
Medida en relación con el PBI, la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI.
Todo esto se rechazó con el artículo 30 que el Gobierno quiso hacer pasar por Diputados.
Un nuevo informe del Grupo EPC (Economía, Política y Ciencia) confirma que el sendero descendente en el poder adquisitivo de los sueldos de Ciencia y Tecnología parece no tener final.
Así, de acuerdo con el estudio, en junio de 2025, los salarios del sector siguieron sin tener ningún tipo de aumento nominal, por lo cual cayeron un 1,6% real respecto del mes anterior. Además, es la primera vez desde julio de 2021, que ninguno de los agrupamientos que conforman el sector –investigadores, docentes, becarios y empleados públicos– recibieron subas nominales.
