Por Pablo Rutigliano.
Desde hace mucho tiempo, no hemos asumido el compromiso de desarrollar un plan integral que represente un cambio social significativo y de alto valor en términos de competitividad en sectores tan cartelizados como la minería.
Cuando se afirma que la minería está cartelizada, nos referimos a un sistema feudal que restringe las libertades y condiciona el crecimiento económico, impidiendo una economía más expansiva e inclusiva.
Un mapeo y censo detallado de los activos mineros es esencial. Esta es una de las primeras fases para integrar a la comunidad y mostrar la proyección de valor, siempre que se cumplan las condiciones de libertad necesarias para construir un modelo minero que promueva el desarrollo económico, sostenible y social en cada región. Para lograr esto, es necesario un replanteamiento normativo que establezca las bases para sinergias expansivas y permita una visión transparente sobre la formación de valores económicos en la actividad minera.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tiene como objetivo mejorar la competitividad y transparencia en el sector. Sin embargo, debemos ser responsables en su implementación para lograr un impacto económico significativo y transformar a la Argentina basándonos en la competitividad, tanto para las empresas como en colaboración con el sector público.
Uno de los instrumentos claves con los que se podría avanzar en esa línea es la tokenización de los activos mineros mediante la tecnología blockchain, empezando, en principio, por controlar las subfacturaciones que se dan en la extracción de minerales por parte de las grandes empresas internacionales.
Entre 2021 y 2023, se anunciaron grandes inversiones sin un control adecuado por parte del estado, principalmente debido a la falta de supervisión de los estados contables en la minería. De los 11,300 millones de dólares anunciados en el gobierno anterior, no se ingresaron a Argentina, según la causa penal 3309/2023 https://www.mdzol.com/dinero/2023/3/19/donde-estan-los-11300-millones-de-dolares-de-inversion-en-mineria-322328.html .
Si la capitalización de estas inversiones hubiera sido controlada por el estado nacional, el panorama macroeconómico sería diferente y el impacto económico en las provincias mineras sería mayor. Desafortunadamente, el sector sigue cartelizado, con los mismos actores perpetuando un modelo de opacidad y falta de sostenibilidad en un contexto geopolítico que busca dominar los recursos futuros.
Los beneficios actuales de la ley 24.196, artículos 8, 12, 12 bis, 13, 21 y 23, deben ser auditados rigurosamente por el estado argentino y las provincias, considerando los antecedentes del gobierno anterior.
Si las leyes y normas están diseñadas para incentivar grandes inversiones nacionales e internacionales, promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad, incrementar las exportaciones, fomentar la creación de empleo, generar estabilidad y establecer la seguridad jurídica, considero que el ámbito más favorable para integrar y potenciar la competitividad, y establecer un marco de control y beneficios, es acogerse al RIGI. Este régimen debería aplicarse en el ámbito del mercado de capitales, donde la capitalización y las exigencias de transparencia sobre la presentación pública de los estados contables permitirían un control más eficiente y favorable para Argentina, en términos de capitalización bursátil y utilidades futuras en relación a sus casas matrices.
Argentina se encuentra en un momento crucial. Apoyo al RIGI, pero considero que este enfoque sería determinante para fortalecer la competitividad y la libertad económica en la República Argentina.
Lic Pablo Rutigliano
Presidente & Fundador
Cámara Latinoamericana del Litio
www.calbamerica.org
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