Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, el órgano que reúne a los rectores de las 70 universidades nacionales, manifestaron su preocupación “por la parálisis casi total de todos los programas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la ausencia de una política para la ciencia, la innovación y el desarrollo del país“.
Se trata de la Secretaría que está a cargo de Darío Genua, cuya gestión más visible son despidos y cierre de programas de investigación. Pero, los rectores apuntan que, además, se desfinanciaron los programas de colaboración internacional científico-tecnológica, se eliminaron los programas destinados a equipar los laboratorios (“Equipar Ciencia”) y a dotar de infraestructura a las universidades (“Construir Ciencia”), y se desfinanciaron actividades claves para el sistema científico como las reuniones periódicas de representantes de instituciones de ciencia del país.
De hecho, Genua, en lugar de promover la investigación científica solicitando fondos para la investigación (función que le corresponde y por la cual gana más de 4 millones de pesos al mes), la semana pasada salió a reclamarle a las universidades que devuelvan fondos ya asignados de los programas “Equipar Ciencia” y “Construir Ciencia” que quedaron paralizados cuando la devaluación del gobierno de Javier Milei detuvo la negociación con proveedores internacionales.
Genua asegura, para sembrar sopecha, que las universidades no declararon el uso de esos fondos, pero esconde que eso sucede porque quedaron desactualizados los montos como consecuencia de la devaluación de diciembre de 2023, cuando las universidades estaban en plena negociación para incorporar equipos de investigación.
Genua, en lugar de promover el equipamiento, busca que devuelvan los fondos que son vitales para la investigación científica.
Las universidades son claves para la investigación
En Argentina, más del 70 % de la producción científica se origina en el sistema universitario nacional y la totalidad de la formación doctoral de los profesionales está a cargo de estas instituciones, que además contribuyen a financiar la mayoría de sus trabajos de investigación.
Esta realidad posiciona a las universidades no solo como espacios de enseñanza, sino como motores fundamentales de la innovación, el desarrollo tecnológico y el avance del conocimiento. Sin embargo, el desfinanciamiento de la ciencia amenaza gravemente estas funciones, atentando contra el progreso de la Nación.
Sin embargo desde la asunción de Javier Milei el sistema científico y académico atraviesa una de sus peores crisis históricas.
Por eso los rectores advirtieron que desde el inicio de su gestión, se cancelaron los contratos con todas las grandes editoriales del mundo, se suspendieron casi la totalidad de las actividades vinculadas con el programa Raíces, establecido como política de estado por la Ley N° 26.421(1); se desfinanciaron, prácticamente, todos los programas de colaboración internacional y multilaterales de cooperación científico-tecnológica; se eliminaron de hecho los sistemas nacionales de grandes equipamientos científicos (2) ; La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPCyT) sigue incumpliendo con los contratos vinculados con los proyectos PICT (3); no realizó nuevas convocatorias y no financió convocatorias ya evaluadas y aprobadas(4); hay parálisis del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) creado por la Ley N° 25.467(5); se interrumpieron los programas Construir Ciencia y Equipar Ciencia(6); y es imposible gestionar los certificados ROECyT(7).
Crisis grave y profunda
Según el documento del CIN, la crisis del sistema científico “es grave y profunda”. En ello apuntan la falta de recursos para la investigación que limita la capacidad de las universidades para generar avances científicos, y que “debilita la formación profesional”.
“Laboratorios desactualizados, menos becas para jóvenes investigadoras e investigadores y la fuga de talentos son algunas de las consecuencias inmediatas de este recorte en el financiamiento. A largo plazo, esto repercute en la capacidad del país para competir internacionalmente, desarrollar tecnología propia y responder a desafíos globales con soluciones innovadoras”, es el escenario que plantean las casas de estudios superiores.
La investigación no es un gasto prescindible
La declaración del CIN apunta que “la investigación científica no es un lujo ni un gasto prescindible: es una inversión estratégica para el desarrollo de la sociedad. Pero el desfinanciamiento de la ciencia no solo afecta a investigadores y docentes, sino que tiene consecuencias directas en la economía y el bienestar social. Países que han invertido en educación e investigación han logrado un crecimiento sostenido, convirtiéndose en referentes en múltiples áreas del conocimiento. Recortar el apoyo a la ciencia es condenar a la nación a la dependencia tecnológica y a la pérdida de talento humano.
Los rectores apuntan que “Lejos de impulsar un plan estratégico para el desarrollo del país, la gestión actual parece enfocada en desacreditar el trabajo de personas científicas y académicas a través de campañas mediáticas, ignorando el impacto directo que esto tiene en la formación profesional, la fuga de cerebros, la innovación tecnológica y el crecimiento económico”.
“Exigimos que se restablezca el diálogo con el sistema universitario y que se defina un plan integral que garantice el financiamiento, la estabilidad y la continuidad de la producción científica en el país. Argentina tiene el talento y la capacidad para liderar en múltiples áreas del conocimiento, pero sin una política científica con visión de futuro, esas oportunidades se pierden”, concluyen en el documento.
Los programas desfinanciados, y el impacto en detalle
[1] Desde su puesta en funcionamiento, este instrumento se transformó en la herramienta casi exclusiva de acceso a las principales publicaciones científicas internacionales y permitió que investigadores, docentes y estudiantes de grado y posgrado de todo el país tomaran contacto con el estado del arte a nivel global en las diferentes disciplinas. Las bibliotecas digitales no son un lujo, sino una herramienta esencial para la producción científica, el desarrollo intelectual y la inserción de nuestros estudiantes y profesionales en el circuito global del conocimiento. Cabe señalar que, de los más de cincuenta millones de documentos descargados por la comunidad científica, más del 70 % pertenecen al sistema universitario. Negar este acceso equivale a limitar el avance académico del país y socavar la competitividad de nuestra educación superior en un mundo en el que la información es el insumo principal del progreso
[2] Este programa buscaba desarrollar redes de vinculación con investigadores de origen argentino residentes en el exterior, incrementando así la vinculación con investigadoras e investigadores locales. A través del programa no solo se establecieron importantes lazos de colaboración que facilitaban el acceso a investigación de frontera y estadías de estudiantes e investigadores en el exterior, sino el acceso a subsidios internacionales y la posibilidad de retorno al país de investigadores, tecnólogos y profesionales altamente capacitados. En la actualidad el programa ha quedado restringido a la entrega de los Premios Leloir y Raíces.
[3] Se paralizó por completo el funcionamiento de los sistemas Nacionales de Microscopía, Rayos X, Resonancia Magnética, Espectrometría de Masas, Computación de Alto Desempeño, Láseres, Magnetometría y Citometría de Flujo, instrumental imprescindible para el desarrollo de la ciencia nacional.
[4] Desde el 2024 solo se han realizado unas pocas reuniones informativas inconducentes, incumpliendo las funciones establecidas para este Consejo en el artículo 15 de la citada ley.
[5] Se han paralizado las obras en construcción y otras ya licitadas y se generó un grave perjuicio de descapitalización para el estado nacional con la falta de respuesta sobre las inversiones en equipamiento. Negamos rotundamente la campaña infame sobre que las universidades adeudan rendiciones pendientes con el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino que, por el contrario, el gobierno nacional tiene una deuda pendiente para completar estas partidas presupuestarias por deudas en dólares o, en su caso, dar respuesta a las innumerables notas que se han enviados desde las universidades y desde el CIN. La eliminación de ambos programas, sumado a la inacción y a la falta de respuestas por parte de la secretaría, ha generado perjuicios muy graves a muchas de nuestras universidades.
[6] La importación de material científico, que abarca desde insumos de pocas decenas de dólares hasta bienes de capital que pueden alcanzar varios millones, implica, al menos, dos cargas financieras que dependen de la posición arancelaria. Para las instituciones del sistema científico, definidas en la Ley N° 25.467, ambas cargas son eximidas por la Ley N° 25.613 a través de un trámite conocido como ROECyT. Desde febrero de este año, la unidad encargada de gestionar los ROECyT ha dejado de emitir certificados. Esta situación provoca un aumento significativo en los costos de importación de insumos y bienes de capital necesarios para llevar a cabo los desarrollos científicos-tecnológicos, incrementando los costos hasta tres o cuatro veces, lo que ha paralizado el funcionamiento de muchos de nuestros laboratorios y está generando serios perjuicios para el sistema científico.
[7] Mientras la inversión en ciencia y tecnología a nivel global ha crecido sostenidamente durante décadas, Argentina enfrenta una crisis sin precedentes: de mantenerse la situación actual, el financiamiento en el sector representará apenas 0,15 % del PBI, el nivel más bajo en toda nuestra historia. Las consecuencias de esta caída son alarmantes. Según datos del Banco Mundial, en este escenario Argentina retrocederá más de treinta posiciones en el contexto internacional, ubicándose, en niveles de inversión, por debajo de muchos países subdesarrollados. Este descenso no solo afecta la producción académica, sino que pone en riesgo nuestra capacidad de innovación, de formación profesional y el desarrollo tecnológico.
