El “Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos” firmado recientemente entre las administraciones de Milei y Trump, pone en jaque al sistema regulatorio y al marco normativo sanitario nacional, señalan especialistas nucleados en la Fundación Grupo Efecto Positivo, y apuntan que “está en juego la capacidad del Estado argentino de proteger la salud de su población frente a los intereses del capital transnacional”.
Más monopolios
El foco está en que podría haber “menos medicamentos y más monopolios“. “Una afrenta al sistema regulatorio nacional y al marco normativo sanitario de Argentina. Un daño profundo al sistema de salud público local. Un abandono del derecho a la salud. Aspectos que resumen, en materia sanitaria, el “Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos” firmado recientemente entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump“, advierten desde la fundación.
“La aceptación por parte del Estado argentino de las aprobaciones emitidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para dispositivos médicos y productos farmacéuticos, sin la necesaria intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), implica una delegación de funciones críticas en materia de evaluación, control y autorización de tecnologías sanitarias, lo que pone en riesgo directo la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que circulan en el país. Bajo el eufemismo de ‘armonización normativa’, se busca erosionar los criterios de patentabilidad vigentes en Argentina, que han sido reconocidos internacionalmente por su rigor técnico y su compromiso con el acceso a la salud. El llamado ‘compromiso de abordar los desafíos estructurales’ en materia de propiedad intelectual, tal como lo plantea el gobierno de Estados Unidos, no es más que una exigencia de alineamiento legislativo con los intereses de las corporaciones farmacéuticas multinacionales de origen estadounidense”, denuncian desde la Fundación Grupo Efecto Positivo.
Mejorar el acceso a la salud
La FGEP fue creada en 2006 a partir de la comunidad organizada de las personas con VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis con el objetivo de mejorar el acceso a la salud de toda la población, con un énfasis en la eliminación de las barreras que generan las patentes farmacéuticas sobre tratamientos de VIH, Hepatitis C, Tuberculosis, Cáncer y COVID-19. Desde 2012 lleva adelante el Observatorio de Acceso a Medicamentos (OAM) que analiza las compras y el stock para abastecer al subsistema público de salud.
“Argentina ha desarrollado estándares de evaluación para productos químico-farmacéuticos que exigen el cumplimiento efectivo de los requisitos de actividad inventiva, novedad y aplicación industrial que han sido muy importantes para rechazar un montón de abusos, porque las farmacéuticas a veces quieren patentar la combinación de tres drogas en un comprimido y en eso no hay ninguna novedad, los principios activos son los mismos. Puede ser que el reunirlos facilite la adherencia pero no representa una novedad real en la composición química. Las guías de patentabilidad dicen que las combinaciones no pueden patentarse”, explica José María Di Bello, Pro-Secretario de la Fundación e integrante del Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis.
Desmantelamiento de herramientas para la defensa de la salud
“Las guías de patentabilidad, vigentes en Argentina desde 2012, no solo han impedido la concesión de patentes injustificadas sino que han generado ahorros multimillonarios para el sistema público de salud. Tal es el caso, por ejemplo, del esquema antirretroviral Emtricitabina + Tenofovir para el tratamiento del VIH, cuya no patentabilidad permitió un ahorro de USD 394.029.145 en los últimos ocho años”, concluye, y apunta que “ceder ante las presiones para eliminar estos criterios implicaría desmantelar una herramienta clave de defensa sanitaria, jurídica y económica. No se trata solo de una disputa técnica, está en juego la capacidad del Estado argentino de proteger la vida y la salud de su población frente a los intereses del capital transnacional. Defender nuestros estándares de patentabilidad es defender la soberanía, la equidad y el derecho colectivo a los medicamentos esenciales”, dice Di Bello.
El Acuerdo de Milei y Trump incumple, entre otras, con la Ley de VIH 27.675 que en su artículo primero declara de interés público y nacional a los medicamentos.
Los rechazos a las solicitudes de patentes han permitido la producción de genéricos nacionales y, así, una mejor competencia de precios, de forma que ante mayor número de oferentes el Estado pueda, mediante licitaciones públicas, comprar a un precio más barato y garantizar la disponibilidad de tratamiento universal para mayor cantidad de personas.
VIH y tuberculosis
“De acuerdo a los datos publicados en el Boletín 2023 de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DVIHT), en Argentina hay más de 140 mil personas con VIH, de las cuales sólo el 87% conoce su diagnóstico. De estas, casi 7 de cada 10 se atiende en el subsistema público de salud, donde alrededor de 68 mil personas se encuentran en tratamiento con antirretrovirales provistos por el Estado”, detalla el Informe 2024 del Observatorio de Acceso a Medicamentos.
“Para Día Internacional de la Respuesta al VIH, el Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis, el 1° de diciembre, solemos hacer las campañas de prevención, con testeos articulados entre organizaciones y gobiernos municipales, provinciales y hasta hace poco el Gobierno Nacional. Pero por el desmantelamiento y desfinanciamiento de la política pública de Salud en general, y en particular en lo que tiene que ver con VIH, definimos que este 1º de diciembre tiene que tener un carácter político, hacer de la fecha una jornada de lucha. Vamos a llamar a asambleas populares en todos los municipios, en todas las provincias; estamos tratando de organizar una reunión en Diputados, se está pensando también en una estrategia judicial por todo lo que refiere al Presupuesto 2026 y emitiremos un documento para denunciar, también, el incumplimiento del llamado a la Reunión de Comisión Nacional que está establecidas en nuestra ley nacional. Durante estos dos años de gestión, de las cuatro reuniones ordinarias anuales que debieron realizarse de la Comisión sólo ha habido una, en 2024”, cierra Di Bello.
