La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, que agrupa a múltiples organizaciones de todo el país dio a conocer un documento en el que advierte que la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, enviada para su tratamiento en el Congreso de la Nación representa un peligroso avance autoritario de parte del gobierno de Javier Milei, ya que declara una supuesta “emergencia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, sanitaria, administrativa y social” como justificación para otorgar al Poder Ejecutivo amplias facultades legislativas, que abarcan prácticamente todos los órdenes de la vida social.
En el documento se afirma que “El sector de ciencia y tecnología (CyT) también se vería afectado por este atropello institucional”. En el artículo 6° inciso d), se faculta al Ejecutivo a “intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública Nacional, con la sola exclusión de las Universidades Nacionales”. Dado que gran parte de los organismos de CyT argentinos caben dentro de esta definición, la norma habilitaría su intervención inmediata. El último antecedente de una intervención masiva de similares características es de 1976, con motivaciones y consecuencias tristemente conocidas.
15 organismos
Son 15 los organismos descentralizados de ciencia y tecnología que podrían ser afectados por esta medida:
Administración de Parques Nacionales
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS Malbrán)
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI)
Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Fundación Miguel Lillo
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Instituto Nacional del Agua (INA)
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)
Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Ley Ómnibus
Todo el personal de estos organismos de CyT, sin importar su condición laboral, pasaría a depender de la voluntad de los interventores, continúa la declaración. El mismo artículo 6° del proyecto de Ley Ómnibus establece que “el Interventor ejercerá las competencias del órgano de administración y dirección, cualquiera fuere su denominación. El Interventor podrá disponer el pase a disponibilidad o baja del personal de los órganos intervenidos (…) cualquiera sea su modalidad de contratación”. Además, se estipula que dichos interventores concentren las funciones de los órganos de administración y dirección, violando la arquitectura institucional plural construida a lo largo de décadas en cada organismo.
El artículo 6° también señala como atribuciones de los interventores: “suprimir recursos propios de la administración central a su cargo o con afectaciones específicas establecidas por ley, (…) así como dejar sin efecto fideicomisos, fondos u otros instrumentos a través de los cuales se destinen recursos, los que deben ser girados al Tesoro Nacional rentas generales” y “privatizar actividades relacionadas con la prestación de servicios periféricos y la gestión de producción de obras o bienes (…)”. Estas facultades podrían resultar en el desfinanciamiento y desmantelamiento de un amplio sector de investigación científica y transferencia tecnológica, y habilitar la privatización parcial de los organismos descentralizados.
Altamente dependientes del presupuesto estatal
Lo primero, debido a que las actividades científico-tecnológicas son altamente dependientes del presupuesto estatal (incluso en países con alta inversión privada en CyT). Lo segundo, ya que los bienes y servicios relacionados con la CyT ofrecidos a la sociedad en general, y a distintos actores en particular (empresas, cooperativas, ministerios, municipios, asociaciones, fuerzas armadas y de seguridad, etc.), pasarán de ofrecerse gratuitamente o a bajo costo, a ser pagos a precio de mercado, brindados por actores privados —posiblemente extranjeros— con fines de lucro. Con el riesgo, además, de que la privatización, como ocurrió en el pasado, implique el vaciamiento y la pérdida de soberanía y capacidades nacionales en ciertas áreas intensivas y estratégicas del conocimiento. Lo cual tendría consecuencias muy negativas en el desarrollo social, económico y cultural de la Argentina en el mediano y largo plazo.
El documento finaliza con un llamado a la sociedad a defender el sistema de ciencia y tecnología, y los múltiples beneficios de todo tipo que este ofrece. “Como dijera nuestro libertador, el General San Martín, ‘cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla'”, concluye.
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