Más de cincuenta organizaciones ambientalistas presentaron a la Cámara de Senadores una carta de rechazo al proyecto de Ley Bases por atentar contra la protección ambiental. En la misma detallan y fundamentan las objeciones a la norma por las profundas afectaciones que producirá al ambiente.
“Pese a que el nuevo proyecto de ley no insiste con un capítulo de desregulación ambiental en desmedro de leyes de presupuestos mínimos que protegen ecosistemas claves como bosques (Ley 26.331) y glaciares (Ley 26.639), socava las bases necesarias para avanzar hacia un horizonte de justicia ambiental y social”, argumentan desde el en la carta enviada a la presidenta de la Cámara y a cada uno de los bloques del Senado.
Entre otros puntos, resaltan que el proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú, ya que los cambios propuestos implican disminuir los niveles de protección ambiental alcanzados hasta hoy.
El proyecto beneficia a las actividades económicas primarias y extractivas, y de este modo afecta el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático en foros multilaterales.
Además, permitiría la eliminación de organismos fundamentales para la protección del ambiente como la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), entre otros.
Fondos
Además, permitiría la disolución de fondos, de por sí escasos, destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios.
El detalle de las objeciones ambientales
Resumiendo el contenido de la carta, las organizaciones plantean cuatro objeciones ambientales al proyecto de ley bases y solicitan a senadores y senadoras que rechacen determinados artículos.
- El Artículo 3 (del Título II: Reforma del Estado) faculta al Ejecutivo a reducir, modificar, fusionar, disolver o transferir a las provincias a organismos de la administración central -algunos de los cuales mencionamos previamente.
- El Artículo 5 faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Entre los fondos con incidencia en la política ambiental destacan el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego que de ser disueltos implicarían la táctica derogación de normas, o parte de ellas, como la denominada Ley de Bosques.
Otros fondos señalados son los orientados al desarrollo de energías renovables, como el FODER (Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables) y el FODIS (Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables).
Estos y otros fondos, en estos cuatro meses de gobierno vienen siendo desfinanciados o sus partidas no son ejecutadas. “El gobierno nacional no ejecutó ni un solo peso de los $12.101 millones que tiene asignado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego”, destacan, frente a un escenario de incremento de incendios, entre otros factores, debido a la crisis climática que los libertarianos niegan.
- El Título VIII (Artículo 161 y siguientes) crea el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) con el fin de atraer inversiones de más de 200 millones de dólares a través de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Este régimen de promoción, fundamentalmente de actividades primarias y extractivas con fines de exportación, favorece la degradación del ambiente y ataca los controles para su protección.
Avance sobre las provincias
En síntesis, es un régimen de privilegio que avanza sobre las facultades de los gobiernos provinciales, de la sociedad civil y empobrece la calidad democrática ya que reduce mecanismos de participación.
Por último, destacan que la ley Bases, además de las reformas laboral, previsional, impositiva que encierra, también genera una reforma energética que beneficia exclusivamente a las principales empresas del sector hidrocarburífero. Esta reforma destruye la poca soberanía nacional restante en el sector y va a contramano de los avances necesarios en el área.
Entre los firmantes y autores del documento destacamos, entre otros: Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas (AAdeAA), el CELS, Fundación Argentina de Recursos Naturales (FARN), Asociación Civil Capibara, CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo), Ecofeminita.
“Para que Argentina sea una potencia mundial es crucial construir sobre lo ya construido evitando destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente alcanzados debe ser considerado ilegal e inconstitucional”, señalan al finalizar la carta a la vez que exhortan a la Cámara de Senadores a “rechazar estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país”.
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