La decisión del Gobierno de anular las convocatorias a Proyectos Científicos y Tecnológicos (PICT) 2022 y 2023, para reemplazarlas por líneas de financiación muy limitadas, cofinanciadas con empresas y enfocadas exclusivamente en agroindustria, energía/minería, o salud, es un acto de destrucción estratégica que condena el futuro del país.
Se está desmantelando la estructura que garantizó durante décadas la excelencia del sistema científico argentino. Sin embargo, el error central de esta política es sostener la peligrosa ilusión de que el Estado debe identificar nichos de rentabilidad inmediata para la ciencia y que la financiación debe centrarse solo allí, compitiendo con las aceleradoras o incubadoras de startups.
El caso crítico de la agroindustria: el límite de la inversión privada
Uno de los pilares de la nueva política de financiamiento es el sector agroindustrial. No obstante, este enfoque ignora una falla estructural crítica que hace fundamental el rol del Estado en esta área, un problema que la financiación mixta no podrá resolver.
La inversión privada en agrotecnología tiene un límite fundamental en el mercado argentino: el sector a menudo no paga por la innovación ni respeta la propiedad intelectual de manera efectiva.
Cuando las empresas semilleras privadas como Bioceres y Bayer-Monsanto, tras años de litigios y problemas de cobro, deciden retirarse del negocio en Argentina, el sistema de desarrollo genético y tecnológico queda expuesto.
¿Quién asume entonces el costo de la investigación a largo plazo necesaria para sostener la competitividad del país?
La consecuencia de este fracaso del mercado es visible: la calidad del trigo de exportación argentino ha caído en los últimos años. Como menciona bichos de campo, el diferencial por contenido proteico genera descuentos de hasta 10 dólares la tonelada. En una cosecha récord de 25 millones de toneladas, estamos hablando de hasta 250 millones de dólares al año por las limitaciones del pool de genética local.
En este contexto de repliegue del sector privado, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), un organismo estatal, queda como el jugador principal y casi único responsable de mantener la investigación y el desarrollo genético esencial para la soberanía alimentaria y la calidad de la producción.
Al desfinanciar organismos clave como el INTA y condicionar la investigación en agroindustria a la co-financiación privada, el Gobierno no solo ignora el riesgo estructural de este sector, sino que debilita al único actor capaz de garantizar la sustentabilidad y la calidad que el mercado privado no pudo sostener.
Financiar la Excelencia, Generar Valor
La falacia de centrarse en nichos predefinidos se extiende a todo el sistema. Entre las áreas que se pretende destacar como estratégicas (como la biotecnología aplicada a la salud), es necesario el desarrollo de productos de tecnología profunda, que es altamente capital-intensivo y requiere una escala de inversión que supera las capacidades locales. Por lo tanto, las startups del sector muchas veces pivotean hacia la exportación de servicios basados, por ejemplo, en bioinformática o la ciencia de datos, un conocimiento especializado de alto valor, pero que no contiene desarrollos con propiedad intelectual.
En otras palabras, la experiencia demuestra que la mayoría de los casos de éxito de startups basadas en el conocimiento se basan en la siguiente fórmula: desarrollar un talento especializado, de excelencia, y ofrecer servicios al mundo, independientemente del área de especialización.
Por citar un ejemplo de un área poco conocida – actualmente la Argentina exporta servicios de ingeniería de semiconductores, principalmente desde centros de servicios de empresas globales radicadas en el país, o por empresas incubadas por profesores e investigadores de instituciones como el Instituto Balseiro o la UBA, incluyendo una EBT incubada por quien escribe estas líneas.
Financiar la excelencia en todas las áreas del conocimiento
Por lo tanto, la única estrategia sensata para un país con tradición científica es financiar la excelencia en todas las áreas, desde la paleontología, la arqueología y las ciencias sociales, hasta la física cuántica, la ecología y la nanotecnología.
El sistema PICT aseguraba, a través de sus rigurosas evaluaciones por pares nacionales e internacionales, que el financiamiento público se destinará a proyectos con mérito comprobado, sin discrecionalidad. Esto era una política seria de desarrollo, no un privilegio de una casta.
El objetivo de generar productos y servicios debe ser un resultado de la excelencia y la especialización transversal, no el criterio excluyente para la financiación. Un país capaz de formar talento de altísimo nivel en cualquier disciplina científica o tecnológica crea la capacidad para exportar servicios de alto valor agregado, insertándose en cadenas de valor globales con conocimiento de punta.
Sin investigación fundamental no hay propiedad intelectual rentable
Más allá de la exportación de servicios, el camino hacia el desarrollo involucra la generación de productos propios con propiedad intelectual. ¿Cómo lograrlo?
La respuesta no está en financiar proyectos a dos años en áreas con supuestas ventajas competitivas. Por el contrario, los desarrollos de propiedad intelectual rentables y capaces de competir internacionalmente solo pueden provenir de programas profundos de investigación fundamental. La innovación superficial no es suficiente para diferenciarse de otros actores; de hecho, la única ventaja competitiva sostenible a largo plazo es la excelencia comprobada a través de los años.
El Estado, clave para crear capacidades científico-tecnológicas
El financiamiento estatal tiene que concentrarse en las áreas que ningún privado está dispuesto a financiar: el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas de excelencia, y a proyectoscon horizontes temporales suficientemente largos (10-15 años)como para tener un verdadero potencial disruptivo.
La decisión actual nos condena a convertirnos en el único país de América con financiación cero para la investigación fundamental. Se rompen contratos, se desconoce la labor de miles de investigadores, y se apaga el motor que sostuvo la capacidad de producir conocimiento propio y formar talento.
Esto no es una batalla de los científicos por su trabajo, sino una batalla de la sociedad argentina por su modelo de desarrollo.
Por Martín D. Maas, PhD
Profesor Adjunto UBA/ Investigador de CONICET en la comisión de Tecnología
Fundador de Epsilon Forge SAS.
