La aprobación de la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, una versión reducida de la llamada “Ley ómnibus” que el gobierno de Milei presentó al Congreso a comienzos de año, a poco de asumir, abrió un escenario sombrío para el sector de Ciencia y Tecnología, al menos hasta mediados de 2025.
El proyecto aprobado en el Senado tiene entre sus puntos críticos la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que podrá tomar decisiones sobre organismos públicos sin pasar por el Congreso.
En concreto, si bien no puede disolver organismos claves y estratégicos como el CONICET o el Banco Nacional de Datos Genéticos, si puede modificar sus funciones y competencias, algo que deja a las puertas de reducciones masivas, achicamiento y despidos de personal a los organismos del sector.
Llegar a 75 mil despidos
El gobierno de Javier Milei busca achicar la planta de todos los organismos públicos. El presidente, la semana pasada, lo manifestó con claridad: “Quiero ser el topo que destruya desde adentro al Estado“. Es más, hace diez días, el propio Milei, reveló que el plan libertario es llegar a los 75 mil despidos en el sector público. Hoy, ya llevan 25 mil.
La habilitación de las facultades delegadas en la Ley Bases representa la liberación del escollo legislativo para concretar ese plan. Milei podrá definir despidos sin pasar por el Congreso, aún cuando no disuelva los organismos. Así como lo hicieron las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que la semana pasada anunciaron el cierre de 25 sedes que se encuentran en las provincias, porque no tienen laboratorios. Por su parte también anunciaron despidos.
Según el último informe del INDEC sobre la administración pública nacional, el INTI, creado en 1957 con el objetivo de contribuir al desarrollo de la industria mediante la innovación y la transferencia tecnológica, tiene en la actualidad un total de 3.083 empleados, 2670 de ellos bajo convenio colectivo de trabajo y 413 fuera de convenio o bajo otra modalidad de contratación. El gobierno de Milei redujo 30% de su planta.
Los trabajadores del sector científico y tecnológico representan entre el 6% y el 7% del total de la planta de la administración pública nacional y están distribuidos entre 17 organismos: el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el CONICET, la Secretaría de Ciencia, el Servicio Geológico Minero, el Instituto Nacional de Investigación Pesquera, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Centro de Investigación para la Defensa (CITEDEF), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el Servicio Meteorológico Nacional, la Agencia Nacional de Laboratorios (ANLIS), el Instituto Nacional del Agua, la Fundación Miguel Lillo, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la Dirección Nacional del Antártico, el Banco Nacional de Datos Genéticos, y las universidades nacionales.
Facultades al “topo” libertario
Sobre todos ellos, el gobierno libertario tendrá amplia disposición por un año para reducir la planta de personal. Allí trabajan técnicos, especialistas, profesionales, personal de apoyo, investigadores y administrativos, que crean un volumen de conocimiento aplicado para desarrollar desde satélites, semillas resistentes a la sequía, insumos para la salud, medicamentos, hasta datos de geología marina y terrestre que es clave para sectores como la pesca o la industria minera, por poner ejemplos.
La motosierra de Javier Milei no repara en las capacidades acumuladas que existen en nuestro país, en los organismos mencionados, y tampoco en los 330 institutos que el CONICET tiene a lo largo del país, por lo que el horizonte que se abre es de pérdida de ingenieros, científicos, profesionales y técnicos, de acá al menos hasta mediados de 2025.
La Ley Bases le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año, al declarar “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética”.
Escenario sombrío Hasta junio de 2025
En seis meses, el Congreso le redujo un tercio el proyecto original al Gobierno, que pasó de 660 artículos a 232, pero le abrió la puerta a Milei para contar, hasta mediados de 2025, con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo.
Así, podrá decidir sobre estos temas sin pasar por el Congreso. No obstante, para lograr la aprobación de la ley, el Ejecutivo aceptó algunas limitaciones, como comprometerse a no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos.
Entre ellos, se encuentra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que guarda información de personas desaparecidas, para poder determinar la posible filiación de hijos secuestrados y apropiados durante la dictadura.
También dos organismos vinculados al campo: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Además, el gobierno se comprometió a garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Durante el período de facultades delegadas el presidente podrá legislar a través de decretos, que luego deben ser controlados por la misma Comisión Bicameral legislativa que controla los decretos de necesidad y urgencia.
Fuga de Cerebros, en marcha
Lo que si podrá es modificar sus funciones y competencias, y eso es lo que abre es una etapa de despidos al modo en que el Gobierno lo hizo días atrás en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con un gerente de Recursos Humanos fugándose por la ventana y un presidente escapándose al exterior para que no lo escrachen.
Las capacidades y el “know how” que acumuló la Argentina están expuestas a su peor momento, luego de que el Congreso habilite la delegación de facultades a un presidente para el que la ciencia, la tecnología y las universidades representan un gasto en una planilla de cálculos. El país, en más de 70 años se diferenció, junto a México y Brasil, por haber creado un sistema sólido de Ciencia y Tecnología. De hecho, entre los tres países invierten el 92% de lo que destina América Latina en Ciencia y Tecnología.
El gobierno de Javier Milei quiere que Argentina se parezca menos a México y Brasil y más al resto de la región, cuyos sistemas de ciencia y tecnología son restrictivos y “ofertistas”, es decir, que generan conocimiento pero para que se incorporen a las agendas internacionales de los países desarrollados, y no para que atiendan las problemáticas propias.
Una vez más, el país, a contramano de lo que hicieron las naciones que se encaminaron en el espiral del desarrollo, le da la espalda al sector y le abre la puerta a la fuga de capacidades.
Por Eduardo Porto.
Licenciado en Comunicación, Editor de Periferia, periodista de Ciencia y Tecnología y vinculador tecnológico.
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