Luego de la firma y publicación en el Instituto Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), del decreto 90/2020, que recorta un 15% el presupuesto de la administración pública de Uruguay, los principales organismos de ciencia y tecnología presentaron un informe al gobierno nacional, en el que revelan que el ajuste en el sector asciende a unos veinte millones de dólares.
El decreto fue firmado por el presidente Luis Lacalle Pou, el 18 de marzo de este año y fija un recorte generalizado a la adminstración pública nacional en el orden del 15%, y la decisión ya comenzó a impactar hasta en organismos como la Agencia Nacional de Investigaciones e Innovación (ANII) y la Universidad de la República (UdelaR).
Una de las consecuencias inmediatas, a meses de haberse tomado la decisión política fue el anuncio por parte del presidente de la ANII, Flavio Caiafa, de cierre de llamados a emprendimientos e innovación “por falta de fondos”.
Es más, en junio la Universidad de la República (Udelar), el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICyT) y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (ANCIU) emitieron una declaración conjunta, titulada “Es momento de fortalecer nuestra ciencia”, para destacar los aportes de la ciencia uruguaya en el combate a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus.
Impacto en la actividad científica
Allí ya advertían sobre el impacto de la aplicación del Decreto 90/020 del gobierno del gobierno de Lacalle Pou. Al respecto, manifestaban: “No podemos permitirnos erosionar estas capacidades que tardan años en crearse, pero pueden ser destruidas rápidamente. Lo que nos está demostrando este momento es que no debemos recortar el apoyo financiero a las instituciones que hacen ciencia, como surge del Decreto 90/020”.
Así como en Argentina lo es la Agencia I+D+i, la ANII es una de las principales agencias financiadoras de proyectos de investigación científica y becas para que se formen investigadores, tanto en el país como en el extranjero, y administra los fondos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que apoya económicamente a más de 1.700 científicos y científicas.
Documento conjunto sobre el recorte en ciencia
Según el portal “La Diaria Ciencia”, de Uruguay, la semana pasada, Eduardo Manta, por la ANCIU, Rodrigo Arim, por la UDELAR, y Miguel Sierra, por el CONICyT, se reunieron con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y su equipo económico para entregar un documento que cuantifica el impacto del Decreto 90/020 en las distintas instituciones científicas del país.
En el registro, los referentes del sector científico y académico uruguayo destacaron, además, el aporte económico que vienen haciendo para enfrentar la covid-19.
Según el documento el recorte impone ajustes a instituciones como la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), y la ANII, de manera directa.
En el caso de la UdelaR, por ejemplo, llega a los 450 millones de pesos (10.000.000 dólares), en el INIA a 101,4 millones (2.300.000 dólares) y en el caso de la Agencia Nacional de Investigaciones e Innovación unos 228,8 millones (5.200.000 dólares).
En el informe presentado también figuran centros de investigación como el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE, 2,3 millones de pesos), el Parque Científico y Tecnológico de Pando (5,1 millones de pesos), el Centro Uruguayo de Imageneología Molecular (CUDIM, 20,9 millones de pesos) y el Institut Pasteur de Montevideo (24,4 millones de pesos).
Si se suman los montos de todas estas instituciones, sin contar a la Udelar, el recorte del Decreto 90/020 asciende a 383,15 millones de pesos anuales (9 millones de dólares). Si a ese monto se le agrega el de la Udelar, entonces el recorte anual a la ciencia sube a 883,15 millones de pesos (20 millones y medio de dólares).
En el documento entregado al Ministerio de Economía, se trasladan estos números a efectos más concretos. El recorte anual a la ciencia impuesto por el decreto equivale al salario de 481 docentes grado 3 con régimen de dedicación total o a 2.660 becas de maestría de la Comisión Académica de Posgrados de la Udelar, o a 2.613 de las becas que la ANII otorga para doctorados nacionales.
Otro dato no menor es que los recortes “impuestos en marzo de 2020, antes de que la pandemia llegara a Uruguay” se aplican sobre presupuestos anuales que ya estaban ejecución. De esta manera, en el documento se señala que eso “implica en los hechos que el recorte sobre las partidas del segundo semestre sea de mayor envergadura a la de los porcentajes establecidos”. En el informe se detalla luego cómo repercute este recorte en cada institución.
Ciencia inviable
En el Institut Pasteur de Montevideo, por ejemplo señalaron que “el recorte repercute en una disminución de contratos de investigación, ya que no hay margen para recortar presupuesto de otros rubros al punto que permita solventar el déficit anual”.
De hecho, el instituto muestra sus números, y en este 2020, con la aplicación del decreto, no sólo habría una disminución en las áreas señaladas, sino que se afectaría la propia viabilidad del centro: el recorte implicaría que el Institut Pasteur de Montevideo cierre el año con un déficit de más de 9,7 millones de pesos.
Una situaciómn similar se da en el Parque Científico y Tecnológico de Pando, desde donde dicen que “la aplicación del decreto precipita la desfinanciación del Polo”, y señalan que cerrarían 2020 con un flujo neto de -8,80 millones de pesos.
Riesgo financiero “elevado”
En la Udelar el recorte de 450 millones de pesos “supondría un riesgo financiero elevado”, ya que en estos momentos la institución “se dispone a culminar importantes obras e inversiones, como son la nueva Facultad de Veterinaria y el laboratorio P3 de Salto”.
Sobre ese laboratorio, que dirigirá Rodney Colina, investigador que está al frente del Laboratorio de Virología Molecular de Salto, hay que señalar que será el único con ese nivel de seguridad biológica en el país y que el nivel P3 permite trabajar con patógenos con riesgo elevado para la salud.
Según la evaluación de la Udelar, la aplicación del decreto “cuestiona la misma viabilidad de la finalización de las obras” al tiempo que implicará que sean “afectadas diversas actividades de enseñanza, investigación, extensión y asistencial de la salud” de la institución.
El aporte contra la pandemia
En el informe entregado por la Anciu, la Udelar y el Conicyt a la ministra de Economía también se realiza una estimación de los gastos que cada institución científica realizó para colaborar con el país en los meses que llevamos de pandemia.
Es que la inversión de todas las instituciones en la lucha contra la covid-19, entre marzo y mayo, asciende a casi 202 millones de pesos (2.600.000 dólares), aclarando que “el presente reporte es una subestimación del aporte realizado”.
Fueron los propios Conicyt, Udelar y la Anciu, que en junio remarcaron que “es con más ciencia, y no con menos, que consolidamos el desarrollo del país y enfrentamos las situaciones críticas”.
Fuente: La Diaria Ciencia
