Los países del Sur Global se comprometieron a compartir tecnología y la producción de las vacunas contra el coronavirus para revertir el acaparamiento actual de dosis.
Los países del Sur Global anunciaron este lunes el inicio de un “nuevo orden mundial de la salud”, al comprometerse en el cierre de una cumbre organizada por la Internacional Progresista a compartir la tecnología y la producción de las vacunas contra el coronavirus con el objetivo de revertir el acaparamiento actual de dosis.
Representantes de gobiernos nacionales, regionales, trabajadores sanitarios, sindicalistas y laboratorios de 20 países se reunieron de forma virtual durante cuatro días para poner fin al acceso inequitativo de los inmunizantes: hasta el momento el 85% se administró en naciones de renta alta y media-alta y sólo el 0,3% fueron usadas en aquellas de ingresos bajos.
“Se está formando un nuevo orden sanitario internacional. Necesitamos desesperadamente superar el apartheid de las vacunas que amenaza nuestra propia supervivencia, pone en entredicho la soberanía del Sur y conlleva el riesgo de nuevas mutaciones asesinas de este virus”, dijo la coordinadora de la cumbre y miembro de la Internacional Progresista, Ana Caistor Arendar.
“Buscamos mecanismos alternativos para un acceso universal teniendo en cuenta que contamos con capacidad de producción para el desarrollo de vacunas”, añadió en el mismo sentido la exministra de Salud de Ecuador, Carina Vance Mafla, en la conferencia de prensa que dio cierre al encuentro.
Concretamente, durante la cumbre se asumieron compromisos en cinco áreas: colaboración abierta sobre las tecnologías de las vacunas, precios solidarios de esos fármacos, compartir la capacidad de las agencias regulatorias, agrupar la capacidad de fabricación e impulsar una “desobediencia colectiva para desafiar el monopolio” de la propiedad intelectual de los grandes laboratorios en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En cuanto a la colaboración de tecnologías y los precios solidarios, Cuba y México expusieron su decisión de ofrecer sus vacunas candidatas con licencias abiertas para que puedan ser producidas en otros países y a un bajo costo.
Se trata de las cubanas Soberana 02, Abdala y Mambisa, las primeras dos en la tercera y última fase de ensayos clínicos y que Venezuela ya anunció que también fabricará en su territorio, y la mexicana Patria que está por iniciar la fase 3 y se espera que esté lista para su autorización antes de fin de año.
Compartir la capacidad de las agencias regulatorios fue otra decisión clave y que Argentina ya inició al extender a México, Paraguay, Bolivia y Ecuador los datos de la Sputnik V analizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), lo que permitió la aprobación del uso del fármaco ruso en esos países.
En la cumbre, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que esa colaboración está abierta a cualquier gobierno que lo necesite: “Extendemos esta cooperación a todos los países del mundo, sobre todo a aquellos en la región africana. Es un placer poder ofrecer nuestra capacidad reguladora al mundo”.
La funcionaria también anunció el país “planea comenzar a exportar de inmediato” las vacunas que se produzcan localmente “una vez que las necesidades de la Argentina sean satisfechas”.
La colaboración regional apunta no solamente a los inmunizantes, sino también a los test del coronavirus, equipos de protección y oxígeno medicinal, entre otros insumos.
En ese sentido, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, propuso a los participantes “elaborar un mapa del potencial productivo y sanitario” de cada región y una plataforma que permita conocer las necesidades y compartir la tecnología para satisfacerlas.
Un punto que atravesó todo el debate es el monopolio de las patentes de las vacunas anticovid que se administran hoy de forma masiva, y los lentos avances en la OMC de la propuesta para levantarlas temporalmente ante el rechazo de la Unión Europea, Reino Unido y Suiza, sedes de las grandes farmacéuticas.
“El acceso a los medicamentos que salvan vidas no debería estar dictado por el lugar donde uno vive”, dijo durante la cumbre Xolelwa Mlumbi-Peter, embajadora ante el organismo de Sudáfrica, país que junto a India presentaron la iniciativa para suspender la propiedad intelectual en octubre del año pasado.
En ese sentido, los participantes llamaron a impulsar legislaciones nacionales que desafíen ese modelo, como el presentado en Chile por el diputado Giorgio Jackson que fue aprobado en la Cámara pero luego terminó siendo bloqueado por el presidente Sebastián Piñera.
Bolivia propuso al resto mantener los esfuerzos en la OMC y avanzar en paralelo con las licencias obligatorias, una flexibilidad contemplada en el acuerdo internacional que hoy rige la propiedad intelectual.
El país firmó un convenio con la empresa canadiense Biolyse Pharma para fabricar e importar 15 millones de vacunas monodosis de Johnson & Johnson mediante una licencia que permite, en casos especiales como esta pandemia, a que otras empresas fabriquen productos patentados a cambio de un canon para quien posee la propiedad intelectual.
Pero ese acuerdo es bloqueado actualmente por el Gobierno de Canadá que no concede ese permiso, lo que durante la cumbre fue calificado como “vergonzoso” por la parlamentaria de la oposición canadiense Niki Ashton, quien se comprometió a trabajar con los bolivianos para presionar a la administración del primer ministro Justin Trudeau.
“Invitamos a cualquier país que esté interesado en colaborar con los fabricantes locales y unirse a nosotros, para anunciar su intención de invocar una orden de licencia obligatoria. Si actuamos juntos, los Gobiernos podrían verse obligados a aprobar estas iniciativas”, manifestó durante el encuentro el viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco.
